Se avaló en primera vuelta que el instituto sea un órgano autónomo.
En un nuevo intento de quitar atribuciones al gobernador Samuel García, por mayoría, la Comisión de Puntos Constitucionales avaló, en primera vuelta, que el Instituto de Defensoría Pública del Estado sea un órgano autónomo y que el titular sea designado por el Congreso local por un período de seis años.
En sesión ordinaria de la Comisión, donde Eduardo Gaona, Héctor García e Iraís Reyes, de Movimiento Ciudadano, acusaron que el PRIAN quieren seguir con el golpeteó político contra el gobernador Samuel García; Jessica Martínez, independiente, dijo que los afectados son los ciudadanos que no pueden pagar abogados.
Jesús Gómez, del PAN, dijo que el gobierno del Samuel García se ha dedicado a comprar diputados y alcaldes que su partido y el PRI han tirado y que presuntamente MC quiere imponer abogados en la Defensoría Pública para la elección del 2024.
Filiberto Flores, presidente de la Comisión, pidió no politizar el tema y aseguró que no es nada personal contra el gobernador Samuel García.
“El Instituto será un organismo constitucional autónomo, especializado e imparcial, con personalidad jurídica y patrimonio propio. Contará con autonomía técnica y de gestión; plena independencia funcional y financiera; capacidad para decidir sobre el ejercicio de su presupuesto y para determinar su organización interna, de conformidad con lo previsto en la ley.
“Se establecerá un servicio civil de carrera para las y los defensores públicos, cuyo salario no podrá ser inferior al que corresponda a las y los agentes del Ministerio Público”, se lee en el dictamen.
Los integrantes de la Comisión dictaminaron que la persona titular del instituto será designada cada seis años por el Congreso del Estado.
Dentro de los veinte días posteriores a la ausencia definitiva del titular del instituto o dentro de los ciento cincuenta días previos a que finalice el periodo de su encargo, el Congreso del Estado emitirá una convocatoria pública por un plazo de quince días y contará con treinta días después de concluido dicho plazo para evaluar a los participantes en el que se deberá desahogar una comparecencia ante la Comisión de Dictamen Legislativo que corresponda y remitir al Pleno del Congreso del Estado, mediante el dictamen que para el efecto se emita, los nombres de los candidatos que reúnan los requisitos que se exijan en la Ley para ser titular del Instituto de Defensoría Pública del Estado de Nuevo León.
El Congreso del Estado, dentro de los treinta días naturales siguientes de haber recibido el dictamen, deberá hacer la designación del candidato que ocupará la vacante al cargo de titular del Instituto de Defensoría Pública para el Estado de Nuevo León, de entre los que conforman la lista, mediante el voto aprobatorio secreto de, al menos, las dos terceras partes de los integrantes de la legislatura. De no alcanzarse dicha votación, se procederá a una siguiente votación.
Para ser titular del Instituto de Defensoría Pública del Estado, se requiere reunir los mismos requisitos que se establecen para ser Magistrado del Tribunal Superior de Justicia.
El decreto entrará en vigor al día siguiente al de su publicación en el Periódico Oficial del Estado.
“Es un atentado contra la división de poderes que ya se ha venido intentando por esta Comisión en contra del Ejecutivo y querer que esté subordinado a este Congreso”, manifestó Gaona.
