Por Félix Cortés Camarillo
Hoy yo no quisiera estar en los zapatos de la joven diputada por Fresnillo, Zacatecas, y que tiene la mala fortuna de que sus padres le pusieran hace 33 años el nombre de Bonelly Jocabeth Hernández Rueda. Resulta que, según los recuentos periodísticos a mi alcance, la diputada presentó a finales del año pasado una propuesta para actualizar varias partes de la Ley de Delitos de Imprenta.
Esas actualizaciones se refieren simplemente a cambiar el monto de las multas en cuestión por las injurias publicadas por cualquier medio al Presidente de la República. En lugar de una multa que comienza en cien pesos según el texto original, debiera –según la zacatecana-llegar a los cuatro mil ciento y setenta y cuatro pesos. Lo mismo para las injurias a los ministros de la Suprema Corte, los legisladores, desde luego, y una larga fila de servidores públicos.
Ayer en el catecismo matutino, el presidente López, que presume de saberlo todo, reconoció que no estaba al tanto de la iniciativa de doña Benelly Jocabeth, que ya fue aprobada en comisiones, pero que si su iniciativa progresa, él la vetará. Por eso digo que si yo fuera la señora del singular apelativo, estaría –como dice una canción que me encanta- escondida debajo de un zapato.
La actitud de Lopitos nos quitó a muchos, cuyo verbo suele ser irreverente y a veces procaz cuando nos referimos a nuestros gobernantes, el soponcio y el pendiente. Yo, antes de que la supuesta reforma entrara en vigor, me apuntaba con cien pesos. Uego las cuotas suben.
Este asunto pone al descubierto dos cosas. La primera es el afán lambiscón de tantos y tantas y tant@s aspirantes a un mayor poder, que consideran indispensable ser gratos al ojo y sobre todo al dedo de Lopitos. Eso puede ser el caso de Benelly Jocabeth.
Pero lo más importantes es que la diputada de Fresnillo ha desenterrado un cadáver que necesita autopsia y, eventualmente, resurrección.
La Ley de Delitos de Imprenta fue promulgada por el presidente Venustiano Carranza el 12 de abril de 1917. Hace un siglo y una pizcacha. En su articulado abunda en que su propósito es proteger la moral, el orden, la paz pública, el pudor, la decencia y las buenas costumbres para combatir los actos licenciosos o impúdicos. Considerando todas estas categorías se puede inferir el criterio que el legislador presupone será aplicado por el que ejecute la regla: una pudibunda visión masculina y mocha.
Probablemente por ello mismo, la ley venustiana se ha quedado en el baúl de las bisabuelas. De vez en cuando hubo intentos de reanimarla para una mayor censura que la política a los medios impresos: especialmente a lo que se refiere a las encueratices que nos inspiraron tantas adolescencias placenteras. Pero ya se sbe que en el mundo, y especialmente en México, la ley se hace para que se le invente un atajo y no cumplirla.
Naturalmente, el respeto a la libertad de pensamiento y expresión en nuestro país pasa indefectiblemente por la epidermis del mandatario que no admite ni un pendejo en su calificación, mucho menos una mentada de madre. Yo estoy de acuerdo en que la injuria, como alguien dijo por ahí, no es más que una manifestación de la escasez de nuestro arsenal verbal. Y que no se vale andar repartiendo injurias por todos lados, aunque tengamos razón y motivo. Ni en contra del presidente López, del gobernador Cuitlahuac, del alcalde Colosio o del gendarme de la esquina. Vámonos respetando.
Ahora, que si me dejan la mentada de madre a cien pesos…..
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