Por Éricka González
Cada vez que nos presentan un informe de cero corrupción e impunidad en la conferencia mañanera del presidente López Obrador, tenemos que soportar un duro golpe en el estómago, cuando llegan a la sección en la que nos comunican cuántos jueces dejaron libres a narcotraficantes, secuestradores, asesinos, defraudadores, exfuncionarios corruptos y todo tipo de criminales.
Hace unas semanas el secretario de la Marina informó que de todos los delincuentes que esta institución ha detenido con las manos en la masa en los últimos 4 años, el poder judicial ha dejado libres al 53% de ellos por desconocimiento de la legislación marítima o por corrupción judicial.
En pocas palabras, el esfuerzo que llevan a cabo las autoridades de procuración de justicia, como policías estatales, municipales, policía ministerial, Guardia Nacional y Fuerzas Armadas, para detener y presentar a un promedio semanal de 7,500 presuntos delincuentes, se va por la coladera cuando se trata de que los jueces hagan su trabajo.
Casualmente la putrefacción del poder judicial se convirtió en un costal de basura que se esparció como si chocara con las aspas de un ventilador, después del relevo que se llevó a cabo en la presidencia de la Suprema Corte de Justicia hace unas semanas y está salpicando inmundicia por todas partes.
Los corruptos de la derecha criticaban al gobierno por no haber juzgado a García Luna en México, pero la realidad es que nos tranquiliza que lo hayan hecho en los Estados Unidos, porque allá lo van a condenar a una larga temporada en prisión, mientras que en nuestro país casi seguramente, sería exonerado por algún juez corrupto y saldría libre burlándose de todos.
Y si alguien tiene dudas, aquí tenemos algunos ejemplos. En las últimas 2 semanas un tribunal descongeló las cuentas de Cárdenas Palomino, asesino, torturador, preso en el penal del Altiplano y lugarteniente del cártel de García Luna.
Otro tribunal descongeló las de la esposa de García Luna apenas treinta minutos después de que en Estados Unidos lo declararan culpable de 5 cargos, 4 de ellos por narcotráfico y a sabiendas de que existe un desfalco de parte de su marido en el que ella participó, por alrededor de 14 mil millones de pesos.
Para rematar, un juez absolvió a Rosario Robles del delito penal de ejercicio indebido del servicio público y omisión, por haberse robado junto con una red de académicos y funcionarios corruptos, alrededor de 7 mil millones de pesos en la famosa Estafa Maestra, convirtiéndolo en una falta administrativa.
Las evidencias son claras y contundentes, el poder judicial está integrado por una enorme cantidad de piñas podridas, que actúan en el marco de la corrupción con absoluta impunidad, porque los únicos que podrían castigarlos son otros jueces que operan dentro del mismo marco y en la misma forma que ellos.
Los ciudadanos ya no queremos estar a merced de esa podredumbre colocada en todo el poder judicial a lo largo y ancho del país, pero tenemos que estar conscientes de que la única manera de reformar a este poder para que sea medianamente decente, es que los jueces sean electos por el voto popular y no designados por otros jueces que son iguales o peores que ellos. Esto sólo se puede lograr llevando a cabo una reforma constitucional del poder judicial desde el Congreso, para lo cual tenemos que asegurarnos de colocar una mayoría calificada de Morena y sus aliados en las cámaras durante la elección de 2024; es decir, ganar el 66% de las curules y los escaños con una votación masiva. No hay otra forma.
Como dijo el poeta Sófocles de la antigua Grecia: “Un Estado donde queden impunes la insolencia y la libertad de hacerlo todo, termina por hundirse en el abismo”.
