El magistrado presidente del PJENL, Arturo Salinas Garza, presenta iniciativas con la finalidad de dar más atribuciones al Consejo de la Judicatura.
Para tener el control financiero y organizacional que le daría más facultades al Consejo de la Judicatura local, el magistrado presidente del Poder Judicial de Nuevo León, Arturo Salinas Garza, presentó dos iniciativas que tienen por objetivo la creación de una nueva Ley de la Defensoría Pública; reportó MILENIO.
De acuerdo con el segundo transitorio de la iniciativa con expediente 16887, la cual se turnó con carácter de urgente a la Comisión de Legislación, se indica que el Gobierno del Estado, a través de la Secretaría de Finanzas y Tesorería General, y de la Contraloría, en conjunto con el Poder Judicial deberán continuar el proceso de transición del Instituto de Defensoría Pública.
“Para lo anterior, el Consejo de la Judicatura del Estado presentará un Plan Estratégico de Transición, el cual contendrá los siguientes puntos: a) Programa para el diseño de nuestra estructura orgánica; b) Programa para el traspaso del personal en activo; c) Programa de regularización del personal en activo; d) Programa para el reclutamiento y selección de personal nuevo; y e) Programa para el traspaso de los recursos presupuestales”.
Por tanto, se añade en la iniciativa, el Gobierno del Estado deberá liquidar al Instituto de la Defensoría Pública de Nuevo León, “para que el patrimonio de este último pase a la administración del Consejo de la Judicatura del Estado”.
En el tercero transitorio se indica que el Congreso del Estado contemplará en el Presupuesto de Egresos para el ejercicio fiscal correspondiente la asignación y garantía de la suficiencia presupuestal para el Instituto de Defensoría Pública del Estado de Nuevo León como órgano del Consejo de la Judicatura, “que en ningún caso podrá ser inferior, en términos reales, al presupuesto asignado al Instituto de Defensoría Pública de Nuevo León, que pertenecía al Gobierno del Estado”.
También se propuso una reforma a los Artículos 91 y 94 y por adición del Título Décimo Segundo denominado “Del Instituto de Defensoría Pública del Estado de Nuevo León” de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Nuevo León para que de manera oficial dicho órgano dependa de la Judicatura.
Además, la diputada local del PRI, Ana González, solicitó que la iniciativa se turnara con carácter de urgente, al tiempo que Roberto Farías, de Movimiento Ciudadano, solicitó retornar el asunto a la Comisión de Estudio Previo para analizarlo.
Ante esto se abrió un debate, en el que Eduardo Gaona, líder de la bancada de Movimiento Ciudadano, aseguró que todo se trataba de una maña de los diputados del PAN querer tomar la Defensoría, pero olvidaron que existía una Junta de Gobierno.
Iraís Reyes, de MC, dijo que no debían legislar sobre un asunto que está en la Suprema Corte, pues en la actualidad hay un litigio que presuntamente impide llevar a cabo reformas que involucren al Instituto de Defensoría Pública.
Imagen portada: Jorge López | MILENIO
