Jaime Cárdenas aseguró que la ciudadanía De dos países elige a los togados: Bolivia y Suiza; la Corte, con más poder que el Ejecutivo y Legislativo.
Jaime Cárdenas Gracia, investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, reconoce que en su gremio pesa el conservadurismo, sin embargo, coincide con la idea de elegir mediante voto popular a los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
“Dependerá de las circunstancias políticas de las mayorías en el Congreso que tenga Morena en el próximo año después de las elecciones de 2024, entonces de eso dependerá fundamentalmente del resultado electoral de 2024”, aseguró sobre la viabilidad de la propuesta presidencial.
En entrevista para MILENIO, el ex legislador federal y constituyente de la Ciudad de México comparte su propuesta, la cual consiste en dos fases: en la primera se haría un examen a los interesados en ser togados, mientras que en la siguiente se elegirían a quienes tengan mejores cualidades para que la ciudadanía los elija.
Además, ha pensado en cómo los aspirantes a ser ministros de la Corte pueden exponer sus propuestas a la ciudadanía sin recurrir a los partidos: uso de los tiempos del Estado mexicano en radio y televisión.
La propuesta del ex consejero electoral del IFE, ahora Instituto Nacional Electoral (INE) se suma al debate generado tras el anuncio del presidente Andrés Manuel López Obrador sobre presentar una iniciativa para que la ciudadanía elija mediante el voto a los 11 ministros de la Corte.
Además, Morena en la Cámara de Diputados respaldó la propuesta sumando una consulta popular para que la ciudadanía decida si quiere elegir a los integrantes del máximo tribunal del país.
Cárdenas, quien también fue titular del Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado en la actual administración, alertó sobre la presencia en América Latina del fenómeno «guerra jurídica», o también conocido como lawfare.
Como si fuera una cátedra de derecho, Cárdenas expone el contexto en el cual la Constitución de 1854 preveía la elección de ministros de la Corte mediante voto, aunque aclara que era indirecto.
“Era una elección indirecta, es decir los ciudadanos elegían a un colegio electoral –como en Estados Unidos eligen al presidente– y ese colegio electoral ya votaba por los ministros y por el Procurador General de la República”.
El también autor del libro Introducción al Estudio del Derecho, apunta algunos argumentos sobre ese método de dos expertos en la materia: Emilio Rabasa y Daniel Cossío Villegas.
“Emilio Rabasa era un abogado, cercano a los círculos del porfiriato y él era crítico con ese método de nombramiento de los ministros (…)”.
“Don Daniel Cosío Villegas hace un estudio, que está publicado por Fondo de Cultura Económica llamado La Constitución de 1857 y sus críticos, (…) (en el que) dice ‘yo no soy partidario del método de la elección de ministros de la Corte, pero reconozco…’ hay un fragmento del libro donde lo dice que en la época del presidente (Benito) Juárez los ministros de la Corte, que eran electos por ese método indirecto, fueron los ministros más independientes de México.
“Entonces, aunque no le gusta a Daniel Cossío Villegas el método, sí reconoce que en el período al menos del presidente Juárez tal vez en el período también del presidente Lerdo de Tejada (donde) hubo este método, propició que llegaran a la Corte, pues ministros muy independientes como Guillermo Prieto, por ejemplo”.
Cárdenas explica que dicho método tuvo deficiencias en el porfiriato, dado que “como las elecciones hacían fraudes electorales, pues ya esos ministros nombrados en la época de Don Porfirio (Diaz), —aunque hubo ministros muy ilustres como José María Iglesias y el famoso Luis Ignacio Vallarta—, pues fueron ministros controlados por el poder”.
Los cambios en la Corte: de 1994 a la fecha, año con año tiene más poder
Jaime Cárdenas expone los cambios que ha transitado la Corte desde el siglo XX hasta la actualidad, tanto en el método para elegir a los togados, sus integrantes del pleno, así como las atribuciones.
“Desde la Constitución vigente del (19)17 han existido tres procedimientos distintos: el primero, del (19)17 a 1928, consistía en que los congresos locales proponían los nombres de los ministros al Congreso y el Congreso federal decidía.
“Del (19)28 a 1994 hay otro método que, como el de Estados Unidos actualmente (sucede), en donde el presidente propone al Senado un nombre y el Senado lo ratificaba o no con mayoría calificada, ese método estuvo en vigor en México hasta (19)94 con la reforma judicial”, explicó.
El tercer método se implemento a partir del sexenio de Ernesto Zedillo, el que actualmente está vigente.
“Al inicio del sexenio de Ernesto Zedillo se cambia el método y se conserva el actual sistema de nombramiento, se envía una terna por parte del presidente y el Senado por mayoría calificada designa”.
El jurista reflexionó sobre el papel de los ministros a lo largo de la historia, pasando por una época controlados por el Presidente en turno a otro periodo con mayores facultades.
“En el pasado presidencial autoritario mexicano del (19)17 al 94, pues eso implicaba el control del presidente sobre los ministros. La Corte en el siglo XX hasta el año 94 fue muy poco importante.
“La Corte del siglo 20 no tenía facultades como ahora las tiene para declarar inconstitucional una ley; la corte más bien era un tribunal de última instancia que resolvía casos particulares y concretos, o sea, conocía de amparos, el famoso amparo mexicano; temas de legalidad que no eran de constitucionalidad (…).
“Eso cambió en el año (19)94, el gobierno de Zedillo quiso que la Corte tuviera más competencias y esa reforma de 94 le dio un gran poder a la Corte porque ya pudo expulsar leyes del sistema jurídico si las consideraba inconstitucionales”.
Otro momento donde la Corte asume mayores facultades fue en el gobierno del ex presidente Felipe Calderón, por la reforma en materia de derechos humanos de 2011.
“La reforma de materia de derechos humanos publicada el 10 de junio de 2011 le dio más poder a la Corte porque ya tiene unas facultades para controlar la constitucionalidad y la convencionalidad de las leyes, no solamente una ley puede ser expulsada del sistema jurídico por ser contraria a la Constitución sino por ser contraria a los tratados de derechos humanos.
“Entonces la Corte en estos años, de 1994 a la fecha, pues ha tenido un poder que se ha incrementado año con año, en sus decisiones un poder que la Corte mexicana nunca tuvo, es un poder nuevo”.
La Corte, con poder de veto
Cárdenas resume en tres instrumentos de la Corte que le da un gran poder en la sociedad mexicana, lo cual preocupa al sector político.
“Ahora la Corte pues tiene tres instrumentos muy poderosos para intervenir: el amparo que es el mecanismo tradicional de protección de derechos que existe en México desde la segunda mitad del siglo XIX; tiene ahora potenciada la facultad de conocer de controversias constitucionales que le permite intervenir en los asuntos relacionados con el Estado federal y con la división de poderes; además ese gran poder que se le dio en el año 94 de expulsar leyes del sistema jurídico mediante las acciones de inconstitucionalidad”.
El jurista asegura que muchas leyes aprobadas por el gobierno de la llamada Cuarta Transformación serán frenadas por la Corte, como ya ha pasado, por ejemplo, la primera parte del Plan B de la reforma electoral.
“Yo creo que es un poder tan grande, que desde luego al sector político le preocupa porque no hay, como ha pasado en este sexenio —hay que decir que no pasaba en los anteriores– no hay ley que no vaya a la Corte entonces, lo estamos viendo ahora, y lo veremos, seguramente al final del sexenio del presidente López Obrador, invalidará muchas leyes muchas leyes aprobadas por el Congreso”, alertó.
“Es un inmenso poder la Corte, podríamos decir que tiene hoy en día el poder de veto sobre todo lo que aprueba el Congreso mexicano, lo que aprueban las legislaturas locales, también respecto al Presidente de la República en la aprobación de reglamentos o normas administrativas, entonces eso es un suprapoder.
“El pleno de la Corte dice que es un Tribunal Constitucional, que es eso otra figura del derecho comparado, y bueno los hechos si actúan como Tribunal Constitucional con amplísimos poderes”.
Abogados de la Corte han representado al establishment
El investigador de la UNAM coincide con López Obrador en que la Corte es “muy conservador” y ejemplo de ello son sus integrantes, abogados que representan al establishment.
“El Presidente, yo creo que con gran parte de razón, (dice) que se trata de un tribunal muy conservador y sí, piensa quién llega la Corte, llegan personas que han hecho carrera judicial, como la actual presidenta (Norma Lucía Piña) o personas que llegan del mundo académico, del mundo del litigio, pero siempre son abogadas, abogados, que representan al establishment, son abogados como yo, –no es que yo sea conservador– pero son abogados que representan al establishment”.
Tras la llegada de López Obrador a la presidencia en 2018, Morena ha tenido que negociar con otros partidos la designación de cuatro ministros durante estos años –al no contar mayoría calificada en el Senado no podría aprobarlos sin la oposición y cómo ha sucedido en otros sexenios– lo cual, de acuerdo con Cárdenas, ha favorecido el reparto de cuotas.
“Hay dos ministras que se ven muy próximas a Morena, Loretta Ortiz y Yasmín Esquivel; y hay otros dos que propuso también el Presidente: La ministra (Margarita) Ríos-Farjat, con vínculos con la clase empresarial de Monterrey y Alfonso Romo, que no vota consistentemente con las propuestas o con las leyes de Morena.
“Y el otro es el ministro Juan Luis González Alcántara y Carrancá, que él llegó con muchos apoyos, no solamente de los de Morena sino del PAN y del PRI, entonces yo creo que todo eso lo que el Presidente está criticando con su propuesta es que el actual método sí favorece el reparto de cuotas”.
De mantenerse el método de selección de ministros de la Corte, Cárdenas prevé que el máximo tribunal del país “será más el supremo poder conservador porque mantendrá el status quo económico y político, cualquier decisión del Congreso que parezca muy radical será invalidada, será declarada inconstitucional por la Corte”.
“Un ministro puede más que 128 legisladores”
Para Jaime Cárdenas, ni el presidente López Obrador ni el Congreso –con la mayoría de legisladores morenistas– son quienes tienen mayor poder, como acusan sus críticos, sino la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
“En este momento quien ha mostrado más poder no es el Presidente de la República ni el Congreso, es la Corte que permite que un ministro suspenda una ley donde participaron 128 legisladores, es un poder muy grande y además los legisladores… pues representan al pueblo, fueron electos directamente por el pueblo, los ministros no son electos”.
El caso “grave” al que refiere Cárdenas es lo que hizo un ministro de la Corte al “saltarse” una ley reglamentaria para suspender la aplicación del Plan B electoral, mientras los togados dictaban una sentencia.
“Hay una ley que se llama la Ley Reglamentaria del artículo 105 de la Constitución, esa ley regula los procedimientos de controversia constitucional y de acciones de inconstitucionalidad, que son las facultades de la Corte, desde un punto de vista político más importantes.
“Las controversias porque tienen que ver con el Federalismo y con la división de poderes y las acciones de inconstitucionalidad porque la Corte puede decir esta ley es inconstitucional y la expulso del sistema jurídico.
“En esa en esa ley reglamentaria del 105 (…) se dice que cuando se trata de leyes de normas generales y abstractas no cabe la suspensión de la ley.
“¿Y qué ha ocurrido? Bueno, los ministros (con) las leyes del Plan B la suspendieron y eso está prohibido en la ley. ¿Cuál es la razón que dieron? (…) Los ministros ponentes, –creo que fue Laynez– invocaron violación a los derechos humanos para vulnerar la ley, para saltársela porque la ley prohíbe el mecanismo de suspensión”.
Cárdenas explica a detalle a qué se refiere con la suspensión:
“Cuando se presenta, por ejemplo, un amparo y antes de que se resuelva el fondo del amparo, el abogado dice ‘quiero que se suspenda el acto para que no me vaya a afectar’.
“Y sí, generalmente, hay algunas reglas, pero cuando está en trámite el amparo, pues no hay pronunciamientos, no hay efectos del acto reclamado porque está suspendido, entonces esa idea del amparo se trajo indebidamente a las acciones y a las controversias donde está prohibida la suspensión y un ministro, Laynez o Pérez Dayán, le suspenden la ley a 500 diputados y 128 senadores, ni siquiera ese ministro suspende la ley consultándolo con el resto de los ministros del Pleno sino un ministro puede más que 128 legisladores”.
MILENIO informó el 24 de marzo que Javier Laynez admitió a trámite la impugnación del Instituto Nacional Electoral (INE) en contra del segundo paquete del Plan B electoral, además frenó su aplicación por tiempo indefinido al conceder la suspensión solicitada por el organismo autónomo.
“El ministro concedió la suspensión solicitada por el INE respecto de todos los artículos modificados de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, así como de la Ley General de Partidos Políticos y de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación”, informó este medio en su versión web.
Cárdenas apuntó que: “no se puede suspender, ahí en todo caso hay que esperar hasta el final del procedimiento y ya cuando se dicta la sentencia, entonces se dice es inconstitucional o no, pero hasta el final, hasta la sentencia, no al principio cuando se presenta la demanda”.
Bolivia y Suiza: el primero no ha funcionado y el segundo sí
Jaime Cárdenas explica que sí existen ejemplos a nivel mundial de la elección de ministros por su ciudadanía. Uno de ellos es Bolivia, aunque reconoce deficiencias de éste.
“El de Bolivia (está) mal diseñado porque es el Congreso el que dice quién va a la elección, o sea, el mismo Congreso como que autoriza ‘ustedes sí pueden ir’ y dice quien no va.
“En Bolivia no ha resultado porque no lo han hecho bien, porque el Congreso mete las manos, desde luego elige para ser electos o para el proceso de los ministros a personas cercanas a al partido mayoritario, el de Evo Morales (MAS), entonces ese sistema no ha funcionado”.
El que sí ha funcionado es el implementado por Suiza e incluso el de Estados Unidos, a nivel estatal.
“Nadie dice nada, o dicen muy poco, que en la Confederación Suiza, los jueces, los cantones, no de la Federación Suiza, es un estado federal, los jueces de los cantones son electos y nadie habla del sistema suizo y tienen años décadas eligiendo a los jueces de cantones”.
Otro país más cercano, Estados Unidos, a nivel estatal, los eligen, así como los procuradores, expresó Cárdenas.
Cárdenas propone método para elegir ministros: abierto y sin campañas
El jurista propone un método para elegir a los ministros de la Corte mediante voto popular, el cual consistiría en dos etapas:
“Una primera etapa implicaría que todos los interesados que cumplen los requisitos acudieran a un concurso de conocimientos, de formación jurídica y los mejores, los tres o los cinco mejores por cada vacante de ese concurso, fueran a la elección”.
De acuerdo con la propuesta de Cárdenas, estaría prohibido hacer campaña, una de las premisas utilizadas por los críticos a la iniciativa presidencial.
“En esa elección se prohibiría hacer campaña, se prohibiría que los partidos lo respaldaran, se prohibiría que recibieran financiamiento público o privado, sino simplemente los tres o los cinco mejores por cada vacante después del concurso, pues se le informaría a la sociedad: estos son los que se van a elegir.
“Habría tiempos del Estado ‘estos son los perfiles, los currículos estas cinco personas, este sacó tanto en el examen, este otro tal, este tiene esta idea del derecho, tiene una idea feminista del derecho, tiene una idea crítica del derecho, tiene una idea neoconstitucional el derecho”, ejemplificó.
“Simplemente en tiempos del Estado, o en redes sociales, se difundirían sus propuestas y su currículo y la gente cuando fuera a votar para presidente ahí los elige, entonces es ese podría ser el método”, añadió.
Cárdenas rechaza la idea que los aspirantes a la Corte sean propuestos por el Presidente de la República o el Congreso, sino que sea un concurso abierto a la ciudadanía.
En la propuesta de Cárdenas, el INE realizaría la elección y un comité técnico, parecido al utilizado cuando se eligen a consejeros electorales.
“Podría ser como se ocurre en el INE, para nombrar a consejeros se crea un Comité Técnico que le llaman de evaluación, pues podría haber algo así, podría ser todavía más independiente que ese Comité Técnico de Evaluación, el concurso lo podría hacer en una universidad o un grupo de profesores de distintas universidades”.
Lawfare existe en todo el mundo
Algunos personajes políticos, como Rafael Correa, ex presidente de Ecuador, han sumado al debate el concepto lawfare, que en palabras de Fundéu, «es la instrumentalización de la justicia o judicialización de la política».
Para Cárdenas, este fenómeno existe en todo el mundo y en América Latina hay muchos ejemplos como Argentina, Chile o Brasil “para que te des cuenta como el Poder Judicial es utilizado por poderes fácticos, medios de comunicación, empresarios, empresas transnacionales y por sectores políticos tradicionales conservadores para atacar a los sectores progresistas”.
El jurista pone de ejemplo el caso del presidente de Brasil, Lula da Silva: “fueron procesos penales planeados por los sectores conservadores para tratar de eliminar de la vida política de Brasil a Lula.
“Esto qué pasó con el Argentina con la vicepresidenta Cristina Fernández que ha sido condenada por delitos es un esquema de lawfare.
«Antes en el pasado histórico, los conservadores o los sectores tradicionales mataban al disidente, ahora te inician un juicio político, te presentan denuncias penales o para impedir que tu proyecto de gobierno salga adelante te lo anulan en el Congreso, te dicen ‘es inconstitucional, violó usted el procedimiento parlamentario o esa norma que aprobaron debió haberla consultado con los discapacitados (sic) y no la consultó’.
“Entonces desde luego que esta guerra jurídica va a obligar a que, yo creo, en el futuro de México y en los países de América Latina y del mundo donde hay estos escenarios de guerra jurídica, va a obligar a que en cada poder se hagan las cosas con manera con más escrúpulo.
En el caso mexicano, Cárdenas llamó a Poder Legislativo a “tener más cuidado” con los procedimientos y al Poder Judicial a ser autocrítico:
“Yo sí creo que en México los legisladores deberían tener más cuidado y las leyes deberían, pues aprobarse bien, discutirse en las comisiones, deliberarse en el pleno o sea, esto va a obligar al propio Congreso… aunque sea el poder que ha sido lastimado y señalado como irresponsable, tiene que mejorar el Congreso mexicano, tiene que haber mejores legisladores, más capacitados.
“Pero también va a obligar a la Corte a tener cuidado, la Corte debe realizar una autocrítica. ¿Yo voy a hacer el instrumento del conservadurismo, el instrumento de las minorías ricas poderosas de un país para impedir que las políticas populares sociales sean aprobadas tengan éxito?
“Porque ese es el papel que desempeñan en América Latina muchos poderes judiciales, es un poder de contención para parar, es un poder de veto, de vetar que las políticas públicas sociales o progresistas salgan adelante, es un mecanismo para desacreditar a gobiernos progresistas”.
Cárdenas aclaró que los gobiernos progresistas también cometen errores y de ser así, deben ser cuestionados.
–¿Cuál sería la línea que divida esta guerra jurídica a la actuación legítima de un poder judicial para frenar algo sí puede ser algo dañino?
“Sí, por ejemplo, mira en el caso que te comenté del incidente de suspensión, bueno la ley dice, que a ellos les rigen, no puede suspender una ley, pues no la suspendas, espérate a la sentencia. ‘Oiga, ¿Que se están violando…?’ Bueno, apúrate, resuelve con prontitud y en sentencia di si esa ley viola derechos humanos, violó un procedimiento parlamentario, en fin, pero no cometas esos excesos, no, porque lo que es, lo que se percibe con esas actitudes de algunos ministros de la Corte, pues es un deseo de obstaculizar todo lo que provenga del Presidente de la República y de la 4T”.
