Jueces de la Suprema Corte de Perú, atendieron el pedido de la Procuraduría General del Estado (PGE) que ordenó el embargo de los bienes del depuesto presidente Pedro Castillo como medida de una eventual reparación en caso de declararlo culpable ante el juicio que tendrá en su contra bajo los cargos de rebelión y conspiración por el fallido intento de disolver el Congreso peruano el 7 de diciembre del año pasado.
A través de su cuenta de Twitter, la Procuraduría peruana informó que el Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria declaró fundadas sus solicitudes. El embargo ordenado en contra de Castillo recae sobre cuatro de las propiedades que el antiguo profesor de primaria tiene en su propiedad en la región andina de Cajamarca.
El expresidente de 53 años se encuentra en prisión preventiva desde el mismo 7 de diciembre de 2022, fecha en que ocurrió el intento de autogolpe de Estado, en espera del juicio que determinará su situación. La detención del mandatario se efectuó después de que dirigió un mensaje a su nación con el anuncio de la disolución del Congreso y la instalación de un Gobierno de emergencia.
La medida cautelar y la resolución de la Suprema Corte peruana respecto a las propiedades de Castillo se extienden bajo una situación similar para Aníbal Torres, exjefe de su gabinete. Los bienes que se encuentran bajo la medida de embargo de Torres son nueve. Ocho de ellos se encuentran ubicados en los distritos de San Isidro y Lima Cercado, en la capital de Perú; así como un vehículo. Aníbal Torres es denunciado como presunto cómplice de Pedro Castillo.
La Procuraduría del Estado peruana aspira a una reparación de unos 18 millones de dólares. El abogado Vladimir Padilla explicó para el diario El Comercio que “con esta medida cautelar, ninguno podrá transferir o vender propiedades”.
Tras la salida del poder de Pedro Castillo, el país ha enfrentado manifestaciones en contra de esta situación. Las protestas ocurridas en el país andino han dejado la muerte de decenas de personas. Estas manifestaciones han sido reprimidas por el gobierno posterior a Castillo, según denuncias de organismos independientes. Es por ello que la Fiscalía de Justicia de Perú abrió una investigación en contra de Dina Boluarte, sustituta del exmandatario.
