Mientras la violencia familiar creció 75% en los últimos seis años, las víctimas de agresiones vicarias lanzan colectivas para enfrentar pactos entre abogados, jueces y padres abusivos.
Los acuerdos machistas entre abogados, jueces y padres abusivos han detonado el surgimiento de un movimiento de madres contra la violencia vicaria, el cual está integrado por más de 3 mil 500 mujeres de todo el país, respaldadas por una decena de colectivos; reportó MILENIO..
Y es que algunas víctimas de la violencia familiar han tenido que firmar convenios que establecen que, a cambio de recibir pensión alimenticia, deben mantenerse solteras, no recibir visitas masculinas, no casarse y habitar sólo con sus hijos, lo cual contraviene la ley. En algunos casos se les exige una Carta de No Intención de Matrimonio, la cual es expedida por el Registro Civil.
De acuerdo a cifras oficiales, los delitos por violencia familiar crecieron 75 por ciento entre 2016 y 2022, al pasar de 154 mil 272 a 270 mil 544 en ese periodo.
La hija de Paulina Gutiérrez, con tan sólo 12 años de edad, escapó de la lujosa casa paterna en Mexicali, Baja California. No le quedó más que echar a correr por la calle mientras su padre y abuelo la perseguían. Pudo encerrarse en una camioneta y, desesperada, llamó a su madre. No tardó en pedir auxilio a una patrulla. Los policías acudieron y trasladaron a la niña al Ministerio Público el 4 de febrero de 2022.
Ahí la niña relató tres años de violencia, amenazas y humillaciones. El padre le decía que se suicidara: “Eres lo peor que me ha pasado”, era una de las frases que citó Paulina al referirse a la violencia verbal contra su hija. Y eso era apenas una muestra de los abusos frecuentes; un mes atrás, el hombre le enterró unas llaves y previamente la menor había sufrido un intento de asfixia.
Todo esto se escondía tras una aparente vida de lujos y comodidades en la casa de la menor.
Luego de conocerse estas violencias, al padre le revocaron la guardia y custodia y se le dictaron medidas precautorias. No se podía acercar a menos de 500 metros de la madre y la hija. Sin embargo, a Paulina se le presentó una orden de detención por no pagar los alimentos de la niña el primer año que estuvo con el padre, a quien un juez le había otorgado la guarda y custodia a pesar de que sustrajo ilegalmente a la menor.
“Si te llevas a los niños, te mato”
En Xalapa, Veracruz, Teresa Auroze vivió 10 años de procesos legales, que terminaron con daños irreparables para ella y su hijo. Sucedió que el padre se llevó al menor a sus siete años y la madre pudo volver a ver a su vástago cuando ya casi era mayor de edad.
“Es un adulto que no siente cariño, respeto ni empatía hacia su mamá. Ni tampoco me cree”, se lamenta Teresa.
En otro punto del sureste del país, en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, Íngrid Adriana sobrevivió a la última golpiza que le propinó su pareja. Tras salir del hospital se llenó de valor y le anunció que se iba de la relación.
“Vete, pero sin los niños. Si te los llevas, te mato. Te meto a un castillo [que refuerza los muros], le echamos colado y ni quien te encuentre”, le advirtió.
“Él es arquitecto y sabe de construcción”, comenta Íngrid Adriana con resignación. “Me obligaron a firmar un convenio en el que cedía a mis hijos. El abogado lo redactó y luego me llevaron al juzgado a ratificarlo. Por miedo accedí a firmar”, agrega.
A Adriana, en Puebla, también la obligaron a firmar un convenio desventajoso para ella:
“Al juez no le importó que mi bebé fuera lactante. Cuando se lo hice ver me dijo que podía tomar fórmula láctea”.
Ese juez Segundo de Oralidad del Poder Judicial en Puebla, Adolfo Hernández, ordenó que la bebé pasara 15 días con ella y los otros 15 días con el padre pero sin derecho a llamarla ni visitarla:
“A ti no te debe importar como él tenga a su hija, es tiempo de él”, le soltó Hernández.
“Mi bebé lloraba, me reconoció y me pedía con sus bracitos, pero la abuela materna sólo me la dio hasta que firmé el primer convenio”, revive Adriana.
Cuando logró recuperarla, en otro juicio y con otro juez, la bebé tenía desnutrición en segundo grado y había dejado de sonreír y de balbucear. Su expareja le dejó la guarda y custodia con la condición de ser él quien pusiera la cuota de alimentos: 500 pesos a la semana, sin incluir aguinaldo ni otras prestaciones. “Es eso o seguimos con el pleito. Tú decides”. Adriana prefirió parar; comunicó MILENIO.
Industria para quitar hijos
A estas mujeres que cuentan sus historias les quitaron a sus hijos con ayuda de las leyes. Son sobrevivientes de la violencia física, verbal, sexual, económica, psicológica, legal e institucional, apoyada por todo un sistema que apoya a los hombres, patriarcal.
“Hay toda una industria dedicada a quitarle los hijos a las mamás”, asegura Alexandra Volin-Bolok, cofundadora del Frente Nacional Contra la Violencia Vicaria (FNCVV). Refiere que los abogados diseñaron como estrategia quitar los hijos a las madres para deslindarse del pago de pensión alimenticia.
Y no son ellos quienes se hacen cargo de la crianza de los niños, “son las hermanas, las madres, las abuelas, el personal de servicio o las nuevas parejas, que en muchos casos se ostentan como las madres”, explica Alexandra.
“Estamos [como madres] siendo sustituidas por personas que no tienen ningún lazo consanguíneo con el menor y es terrible porque les están robando una parte de su identidad. Es el borrado de la madre y es gravísimo”, agrega.
Violencia vicaria: la venganza se asoma
El concepto vicario hace referencia a la sustitución o reemplazo de un individuo por otro en el ejercicio de una función o en la vivencia de una situación. En el contexto familiar, la violencia vicaria define diferentes tipos de agresión sobre una persona o en sustitución de otra, con una motivación que suele estar asociada a la venganza, cuando se daña a los hijos o hijas para hacerle daño a la expareja.
Sólo en 2021 se presentaron en los juzgados del país dos millones 130 mil 586 asuntos: 44.6 por ciento en materia familiar (950 mil 699 casos) y 25.3 por ciento en lo civil (539 mil 117 casos), según el Censo Nacional de Impartición de Justicia Estatal 2022 (Inegi). Se trata en su mayoría de casos de madres jóvenes que buscan el divorcio, una pensión alimenticia o que no les quiten a sus hijos.
Las llenan de carpetas y procesos legales, para luego presentarlas ante el juez de lo familiar como prueba de que no son aptas, explica Alexandra, convertida en voz de miles de madres que se han acercado al FNCVV.
“Hay denuncias tan ridículas como que están metidas en huachicoleo, en el crimen organizado, o que drogan a sus hijos a través de la lactancia”, ejemplifica.
El Frente Nacional Contra la Violencia Vicaria nació en julio de 2021 y a la fecha reúne a 3 mil 500 mujeres en todo el país. Pero no son las únicas, hay otras colectivas como Cam-Cai, Mucha Madre, Deconstrucción Violeta, Unión de Madres Protectoras, Somos Ellas y Mamá e Hijos en Libertad, tan sólo en la Ciudad de México.
Esas agrupaciones recientemente se manifestaron ante el Tribunal Superior de Justicia y en la Fiscalía de Delitos de Géneroen demanda de que jueces y ministerios públicos dejen de favorecer a los agresores.
Juzgados no, activismo sí
En cinco años el Consejo de la Judicatura Federal (CJF) contabilizó 275 solicitudes de amparos en contra de convenios de divorcio, y 11 por convenios de donación, desde enero de 2019 –antes de pandemia– a junio de 2023, que representan la vía legal para rectificar y corregir las injusticias que son cometidas contra las madres con convenios inequitativos, injustos y machistas, avalados por los jueces de lo familiar.
Las cifras muestran el abismo entre la vida real de las madres violentadas, que cada vez más se unen a colectivas y se vuelven activistas que toman las calles y publican sus historias en las redes sociales, y lo que padecen en el ámbito jurisdiccional, con leyes que no les favorecen y juzgados en donde difícilmente ganan, y además les implica dinero, deudas, abogados, tiempo y mucha fortaleza para resistir fallos inexplicables o injustos.
Uno de estos amparos llegó a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN). Tras su divorcio, un padre donó un inmueble para sus hijos en San Nicolás de los Garza, Nuevo León. Eso parecía estar muy bien, sin embargo, a la ex esposa le impuso condiciones para vivir ahí: mantenerse soltera, no recibir visitas masculinas, no casarse y habitar sólo con sus hijos. Prácticamente controlaba su vida, su estado civil y sus compañías.
El ex marido solicitó después la guarda y custodia de los hijos, la cual le fue concedida, y más adelante quiso revocar el convenio de donación. Un juez resolvió que carecía de legitimación, pero otro se la concedió en segunda instancia.
Casada por bienes separados, pero dedicada sólo a la crianza de los hijos, la ex cónyuge solicitó un amparo contra esta resolución y lo llevó a la SCJN. Los ministros la ampararon porque las cláusulas del convenio eran inconstitucionales al violar su derecho a la libre determinación y por reproducir relaciones de poder entre géneros (Amparo directo 9/2021).
“Las mujeres que conforman el Frente Nacional Contra la Violencia Vicaria están peleando lo básico, como es la guardia y custodia de sus hijos, una pensión alimenticia o la parte del patrimonio que les corresponde. Son muy pocas las que llegan al amparo y cuando lo hacen, están tan desgastadas y empobrecidas que, con tal de ver a los niños, aceptan lo que sea”, explica Alexandra, licenciada y maestra en administración de empresas, convertida en activista.
“Vivir la vida loca”
Al juez no le pareció extraño que una madre de 24 años cediera la custodia de sus hijos, un bebé de nueve meses y una niña de seis años, que no pidiera nada para sí, ni peleara alguna de las propiedades adquiridas en siete años de pareja.
Lo que sucedía es que su pareja en ese momento, relata Ingrid de 30 años de edad, “me sacó de mi casa y me prohibió quedarme en la ciudad. Salí huyendo”. Y no era para menos:
“La última vez me pegó con una varilla y me desvió la columna. En el hospital les dijo que yo intenté suicidarme, no me pusieron una bata, no me hicieron preguntas y no hay registro de mi estancia. Se prestaron para ayudarlo a él”, denuncia.
Ingrid tiene cinco años peleando en los juzgados de Tuxtla Gutiérrez para que le permitan ver a sus hijos porque la sevicia de su ex pareja continuó. Él solicitó la pérdida de la patria potestad y una orden de alejamiento, y un juez se las concedió. Acusó a su expareja de alcohólica, drogadicta, suicida, de golpear a los niños, de acostarse con varios hombres y de “vivir la vida loca”.
Agustín Granados Alfonso, así se llama el padre de sus hijos, ocupa un cargo directivo en el PRI de Oaxaca. Ha faltado a las audiencias en 13 ocasiones y se ha negado a presentar a los niños.
“Es invisible para la justicia en Chiapas”, refiere Ingrid.
“Pero ya no tengo miedo. Ya me quitó a mis hijos y me violentó en todas las formas, ¿qué más puedo perder? Pero sí lo responsabilizo si algo me sucede”, advierte esta mujer y madre.
Sin permiso para rehacer la vida
Paulina tenía una convivencia más o menos civilizada con quien había sido su pareja, compartían la custodia de su hija. Pero todo se descompuso cuando él se enteró que su ex comenzó un noviazgo con otra persona, a quien se le ocurrió darle el anillo de compromiso en un live en redes sociales.
“Me acusó de querer llevarme a la niña a otro país –mi novio era mexicoamericano–, hasta tuve que presentar una Carta de No Intención de Matrimonio que expide el Registro Civil y alertas migratorias de que yo no saldría del país”.
Llegó a tal punto la presión que Paulina se volvió influencer para hacer frente al poder de su expareja y la familia de este, médicos muy prominentes de Mexicali, Baja California, con suficiente poder económico para ser favorecidos en los juzgados. Paulina estima que a la fecha ha respondido a 40 requerimientos.
Se agarró de las redes sociales para publicar las injusticias que vivía. Empezó a transmitir en vivo las convivencias supervisadas con su hija y pronto otras mujeres de su ciudad comenzaron a llamarla y pedirle ayuda y asesoría.
Se volvió una figura pública, representante del FNCVV en Mexicali, no apreciada por jueces y ministerios públicos. “Ah, es usted la activista”, le dicen con desaprobación cuando la reconocen.
Paulina vive con miedo y el riesgo latente de que José Antonio Olivares Félix, su ex, intente hacerles más daño pues ha violado la orden de restricción en cuatro ocasiones, las desalojó de la casa en que vivían, propiedad del abuelo, y reactivó la denuncia penal por alimentos:
“Estoy desesperada; ya sólo me queda ir a la Mañanera o a la [Suprema] Corte”.
Una ley alentadora
La publicación del nuevo Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares en junio pasado significa una noticia alentadora para estas madres porque implica la transformación del sistema. Sustituirá a las leyes en la materia de los estados, se migrará al modelo oral y se adecuará la infraestructura de los juzgados, que en teoría acelerará los procesos, además capacitarán a jueces y personal en perspectiva de género y de infancias.
Por otro lado, en solo dos años 23 entidades han aprobado la Ley Vicaria,que ordena la restitución inmediata de los menores a sus madres si fueron sustraídos de forma ilegal. Padres, abogados o jueces que impulsen esto, ahora incurren en un delito.
Eso quizá haga que disminuyan casos como el que durante largos años ha enfrentado Teresa. Como a miles de mujeres en el país, el padre extrajo y no regresó a su hijo y, pese a ello, a él le dieron la guardia y custodia. No contento con eso, saturó a su expareja con demandas de tipo civil y penal durante 10 años.
Él es un profesor de educación física, guarura de seguridad en antros y guardia de un diputado. Cuando vio que Teresa se arreglaba y empezaba a salir con amigas, simplemente le quitó al hijo.
Este individuo tuvo la osadía de demandar pensión alimenticia a ella, la cual le fue negada por el juez. Aún así buscó el amparo y se lo negaron porque “nadie se puede beneficiar de su propio ilícito”, dijo otro juez que reconoció la ilegalidad de él al quitarle el hijo a su madre. En su búsqueda por destruirla, metió escritos al SIPINNA [Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes], donde ella trabajaba y pidió que la despidieran por ser “violentadora”.
Cuando finalmente llegaron ante el juez de lo familiar para determinar la guardia y custodia de su hijo, Teresa recuerda las palabras del juez de lo familiar que la dejaron profundamente marcada:
“Sí está comprobado todo [la sustracción ilegal], pero tú eres la que más quiere al niño y para que no sufra se va a quedar con el papá”. Tere, representante del Frente en Veracruz, desconcertada y con dolor revive el momento en que el juez “validó todos sus desacatos y le dio la razón al violentador, con lo que me violentó a mí”.
Otra de tantas estratagemas ocurrió en 2016: la detuvieron por una denuncia de violencia intrafamiliar, a pesar de que no veía a su hijo desde 2013. Un juez de lo penal, previamente, ya la había declarado inocente de esa supuesta violencia. Fue entonces que, coaccionado por su padre, su hijo la llamó para darle un mensaje: “Firma la guarda y custodia, dos millones de pesos y te deja en paz”.
El reencuentro con su hijo llegó hasta 2022. La familia paterna puso al joven en contra de su madre, le dijeron que ella promovía los juicios. Teresa, quien por años había guardado todos los escritos, demandas, peritajes y denuncias, atinó a decirle:
“No me creas a mí, aquí tienes todos los documentos, puedes leerlos”.
En ese momento el chico reaccionó con coraje.
“¡Por qué te hicieron esto!”, se lamentó, pero pasados los días volvió a ser frío y actuar desconectado de su madre:
“Ellos dicen que tú lo planeaste y por eso tienes tantos papeles”, le reclamó.
Tere entonces planteó una cuestión moral a su hijo:
“Dime si es justo que una persona que desobedece a las autoridades siga molestando e intimidando a otra declarada inocente”. Él finalmente le respondió: “Pues no, pero es lo que hay”.
No había mucho más que hacer. Ella decidió no buscarlo más para no crearle un conflicto interno mayor.
“Aquí estoy para cuando me quiera ver. Quiero que sepa que lo amo”, concluye resignada; publicó MILENIO.
