El Tribunal Superior de Justicia otorgó una suspensión para obligar a la Unidad de Inteligencia Financiera y Económica del Estado a parar cualquier acto de investigación o molestia con base en el reglamento Interior de la Tesorería de Nuevo León.
El recurso lo promovió Pedro Arce Jardón encargado de la Fiscalía General de Justicia en la entidad como parte de una controversia de inconstitucionalidad.
En la exposición de motivos, el funcionario reclama que las acciones que viene realizando la UIFE son competencia exclusivamente de la fiscalía a su cargo.
«Al tratarse de actos no conducidos ni dirigidos por el Ministerio Público se transgrediría frontalmente lo previsto por los Artículos 26 y 159 de la Constitución», manifiesto en el escrito.
Tras llevar a cabo el análisis de la solicitud, el Poder Judicial presidido por Arturo Salinas Garza otorgó la suspensión.
«Se concede la suspensión de los actos impugnados en los términos siguientes: La Unidad de Inteligencia Financiera y Económica deberá suspender todos los actos de investigación, fiscalización o molestia que esté llevando a cabo».
«Y en particular deberá abstenerse de aplicar y/o generar actos de molestia y/o sancionar, aplicando lo relativo a las fracciones del reglamento antes referidas».
«También deberán informar de manera inmediata, a través de este H. Tribunal Superior de Justicia, los expedientes, resultados y documento relativos a todos los actos que hayan llevado a cabo», refiere el dictamen.
Con este nuevo recurso, se pretende ponerle un freno a las acciones que venía realizando la UIFE.
Es decir, busca detener cualquier investigación, visitas, requerimientos y congelamiento de cuentas en contra de Diputados, Alcaldes y otros personajes.
Hay que señalar que el alcalde de San Nicolás, Daniel Carrillo denunció que su esposa había sido requerida por la Tesorería Estatal.
La resolución dictada por Arturo Salinas, presidente del TSJ es sólo una suspensión de efectos y todavía falta la resolución de fondo del recurso interpuesto. 
