De 60 municipios evaluados para determinar cómo andan en transparencia fiscal, 35 resultaron reprobados, entre ellos el municipio de San Pedro Garza García, de acuerdo al más reciente reporte “Índice de Transparencia y Disponibilidad de la Información Fiscal de los Municipios (ITDIF-M 2023)”; reportó MILENIO.
Además, uno de cada dos municipios incumple en publicación de salarios y deducciones de alcaldes.
“La rendición de cuentas y transparencia en la mitad de los municipios del país solo existe en el discurso, puesto que, en la realidad, uno de cada dos no presentan conceptos ni montos de deducciones en salarios de los alcaldes y sus sueldos, por lo que difícilmente puede conocerlos la ciudadanía”, revela el ITDIF-M 2023.
En la investigación resalta que el resultado se obtiene de un promedio nacional de 60.92 puntos, lo que indica la existencia de grandes rezagos en la publicación de información financiera.
Solamente cinco municipios resultan transparentes: Puebla, Veracruz, Guadalajara, Corregidora y Querétaro, mientras que 45 ayuntamientos registran una evidente opacidad, así como una inaceptable resistencia con la rendición de cuentas.
Aregional en su reporte señala que la media fue superior a las ediciones de 2020 y 2021, con una variación de más de tres puntos, cuando fueron 57.87 y 58.02 respectivamente.
En el reporte de 2023 la consultora refiere que solo cinco municipios alcanzaron puntaje elevado, colocándolos entre los ayuntamientos más transparentes. Entre ellos está en primer sitio Puebla, con 98.39 puntos, Veracruz en el segundo lugar con 96.26, Guadalajara con 94.41, Corregidora con 93.63 puntos y Querétaro con 90.84 puntos.
Quién sí cumple en sueldos de alcaldes
En contraste, solo 12 municipios cumplen con la publicación completa de sueldos de funcionarios, incluidos presidentes municipales.
“Un total de 34 ayuntamientos no presentan los conceptos y montos de las deducciones por lo que, cumplen con la mitad de la información requerida en el ITDIF-M 2023, siendo Torreón; Juárez, Chihuahua; Tapachula; Tuxtla Gutiérrez; San Pedro Garza García, Nuevo León; San Andrés Cholula; Hermosillo; Boca del Río y Xalapa, los que solo presentaron dos de las cinco variables que se analizaron para conocer el salario de su presidente municipal”.
San Pedro Garza García, Nuevo León, aparece entre los municipios que publican menos de la mitad de los datos en su información general, financiera y fiscal.
En tanto, Monterrey está en la séptima posición, solo superado por Zapopan que ocupa el sexto lugar.
“Solo 12 municipios cumplen a cabalidad con los requerimientos del estudio como son sueldo base, compensaciones, sueldo bruto, deducciones y sueldo neto. Se trata de Aguascalientes, Saltillo, Colima, Acapulco, Querétaro, Guadalajara, Puerto Vallarta, Zapopan, Monterrey, Puebla, Corregidora y Veracruz”, indica el reporte.
El índice mide el nivel de disponibilidad y calidad de la información financiera y fiscal generada por los municipios en sus portales electrónicos.
La consultora evalúa la información disponible en los portales de transparencia fisca, con el fin de que esta estuviera actualizada y pudiera ser usada, reutilizada, gratuita, comprensible para todo público, procesada o interpretada.
De hecho, en la revisión de la información fiscal relativa a las gestiones financieras y que deben publicar 60 ayuntamientos de todo el país por medio de sus portales electrónicos oficiales, los hallazgos dejan claro el incumplimiento de la ley para publicar sueldos con desglose y que ubican a los municipios de Pachuca, Huixquilucan, Xalapa, Morelia, Tepic y Oaxaca como los grandes perdedores del 2023.
“Persiste por parte de los gobernantes el abandono de sitios electrónicos ya que estos están vacíos, y aunque cumplen con los formatos de la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT), los datos son incorrectos o incompletos”, indica el reporte de Aregional.
“Es decir, un total de 35 ayuntamientos con puntuaciones menos a 60 puntos son los que presentan los rezagos más importantes, puesto que en su mayoría, el atraso es de al menos seis meses principalmente en el acatamiento a la Ley de Disciplina Financiera. Asimismo, con poco o nula información sobre padrones de beneficiarios de programas sociales”, añade el análisis.
Imagen portada: Roberto Alanís | MILENIO
