Desde el sexenio de Felipe Calderón, los estados más inseguros para los juzgadores son Tamaulipas, Coahuila, Veracruz, Oaxaca y Estado de México.
Durante el último año, 54 juzgadores federales que tienen en sus manos casos que involucran a integrantes del crimen organizado recibieron protección ante amenazas creíbles en su contra; informó MILENIO.
Entre las medidas de seguridad que se les brindaron, destacan el otorgamiento de automóviles blindados, así como chofer y custodia por parte de elementos federales.
De acuerdo con datos del Poder Judicial de la Federación (PJF), el Centro de Atención de Solicitudes en Materia de Seguridad (CASS) dio trámite de forma inmediata a 105 peticiones de medidas de protección, presentadas electrónicamente por servidores públicos, particularmente de personal de los Centros de Justicia Penal Federal (CJPF).
Durante 2023, la Secretaría Ejecutiva de Vigilancia sometió a consideración de la Comisión de Vigilancia un total de 242 asuntos en materia de seguridad sobre funcionarios que “enfrentaron situaciones de riesgo” con motivo de su función.
De acuerdo con los datos, 147 asuntos tenían como finalidad proveer medidas de apoyo y protección, mientras que en 95 asuntos se expusieron diversas causas generadoras de riesgo.
Lo anterior propició que 54 magistradas, magistrados, juezas, jueces, secretarias, secretarios, defensoras, defensores de oficio y otros servidores públicos, tuvieron asignadas las medidas de seguridad.
Fuentes del Poder Judicial de la Federación confirmaron que en el sexenio de Felipe Calderon ha sido cuando más se ha brindado protección a juzgadores.
Desde entonces y hasta la fecha, los estados más inseguros para los juzgadores son Tamaulipas, Coahuila, Veracruz, Oaxaca y Estado de México.
MILENIO publicó este jueves que la extradición de los hermanos Miguel Ángel y Óscar Omar Treviño Morales, El Z-40 y El Z-42, líderes fundadores de Los Zetas, se ha retrasado debido a una estrategia de amedrentamiento a los jueces que llevan sus casos, además de que se les vincula con el homicidio de al menos 10 custodios en las prisiones donde han estado.
Acciones
Para atender las situaciones de riesgo reportadas por el personal del Poder Judicial, las autoridades también mantienen comunicación con los juzgadores a fin de conocer sus necesidades en materia de seguridad y destinar los recursos materiales para su protección y su entorno laboral.
Asimismo, el Poder Judicial señala que ha emprendido acciones para prevenir todo riesgo de violencia a través de cuatro procesos operativos: evaluación del personal de vigilancia contratado, coordinación y supervisión de los sistemas de seguridad y vigilancia, supervisión a los Centros de Control, y monitoreo los inmuebles.
Además, la Coordinación de Seguridad del PJF realizó la supervisión e instalación de sistemas tecnológicos de seguridad, como el mantenimiento y adquisición de infraestructura tecnológica de punta para garantizar la interoperabilidad de los sistemas de seguridad del Consejo de la Judicatura Federal (CJF).
De igual manera, supervisión en los dispositivos de las entradas: máquinas de rayos X, arcos detectores de metal y equipos detectores de explosivos, y su instalación en las sedes que aún no cuentan con ellos.
Así como adquisición, instalación y puesta en marcha de estos sistemas en 10 sedes; elaboración de proyectos y anexos técnicos para sustituir sistemas que concluyeron su ciclo de vida útil en cuatro sedes a nivel nacional; e instalación de sistemas de circuito cerrado de televisión en un inmueble de Zapopan, Jalisco.
Debido a las situaciones de violencia suscitadas en distintas ciudades del país, también se realizaron acciones para mitigar riesgos.
Por ejemplo, las coordinaciones de juzgadoras y juzgadores, y en algunos casos cada titular, decretaron la suspensión de labores cuando fue necesario resguardar la vida e integridad de los servidores públicos y de los ciudadanos que acuden a las instalaciones. También se suspendieron plazos y términos para no afectar a los ciudadanos que tienen asuntos en curso.
Casos
El 16 de junio de 2020, el juez federal Uriel Villegas Ortiz fue ejecutado junto con su esposa Verónica Barajas en su domicilio de la colonia Real Vista Hermosa, en la ciudad de Colima, convirtiéndose en el primer juzgador asesinado en este sexenio, crimen que se presume fue ordenado por integrantes del Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG).
El 17 de octubre de 2016, Vicente Antonio Bermúdez Zacarías, juez Quinto de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, fue ejecutado cuando se ejercitaba en calles del municipio de Metepec.
El 17 de agosto de 2006, René Hilario Nieto Contreras, juez Cuarto de Distrito en Materia de Procesos Penales Federales en el Estado de México, fue asesinado en las inmediaciones de Toluca.
Dicho crimen fue adjudicado al líder del cártel del Golfo y de Los Zetas, el capo Osiel Cárdenas Guillén, El Mata Amigos, y actualmente preso en Estados Unidos; señaló MILENIO.
Hilario Nieto se desempeñó como secretario proyectista del Cuarto Tribunal Unitario en Materia Penal y elaboró el proyecto que impidió que Iván Archivaldo Guzmán Salazar, El Chapito, hijo del líder del cártel de Sinaloa, Joaquín El Chapo Guzmán, saliera del penal de máxima seguridad de La Palma, hoy Altiplano.
Asimismo, redactó el proyecto de sentencia dictado contra el ex comandante Alberto Pliego Fuentes, considerado en su momento como uno de los superpolicías del país, por haber capturado en 1998 al peligroso secuestrador Daniel Arizmendi López El Mochaorejas, así como a Nicolás Caletri El Italiano.
Como juez, tuvo en sus manos el proceso contra Osiel Cárdenas, a quien le molestó que el juzgador ordenara presentarlo de manera inmediata a la rejilla de prácticas cuando se encontraba en cita conyugal.
