El fallo obliga a la Comisión Anticorrupción del Congreso de Nuevo León reponer el procedimiento.
La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) declaró fundada la controversia constitucional promovida por el gobernador de Nuevo León, Samuel García, quien impugnó que, en el proceso para seleccionar al próximo
titular de la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León, no se solicitó una carta de no antecedentes penales a los participantes; informó MILENIO.
Lo anterior, obligará a la Comisión Anticorrupción del Congreso de Nuevo León reponer el procedimiento, para que los aspirantes presenten dicha carta, la cual deberá ser expedida por la Agencia de Administración Penitenciaria.
Por unanimidad, la Segunda Sala de la Corte avaló el proyecto de sentencia presentado por el ministro Luis María Aguilar Morales.
¿Qué impugnó el gobernador Samuel García?
El mandatario estatal estimó que la Comisión Anticorrupción actuó de manera indebida al modificar injustificadamente, después de iniciado el proceso de selección, uno los requisitos que deberían reunir los aspirantes, en concreto, el de acompañar una carta de no antecedentes penales que no exceda los 60 días.
Ahora, la Comisión Anticorrupción deberá, con libertad de decisión, continuar con su sustanciación y, en su momento, emitir la propuesta de lista final de aspirantes al cargo respectivo, para lo cual deberá atender al cumplimiento, entre otros, de los requisitos establecidos en la convocatoria, incluyendo la carta de no antecedentes penales.
La Sala estimó que dicha modificación fue un actuar indebido por parte de la Comisión Anticorrupción, pues no le compete determinar las reglas sobre las cuales se llevaría a cabo el proceso de selección del fiscal general del estado, sino en todo caso, cualquier cambio o modificación le correspondería al Pleno del Congreso, aunque tampoco se desprende que esa modificación pueda realizarse respecto de los procesos de selección ya iniciados.
Lo anterior, estimaron, genera inseguridad jurídica, no sólo en perjuicio de los participantes, respecto de quienes se genera incertidumbre en relación con cuáles son las reglas que rigen el proceso en curso, sino que también esta falta de certeza origina una afectación al interés público, si se considera que en el caso se trata de elegir a un funcionario que debe guardar completa imparcialidad, al ser el titular de la institución que tiene por objeto ejercer la representación y defensa de los intereses de la sociedad y velar por la exacta observancia de las leyes de interés general y perseguir los delitos del orden común.
Impugnaciones en proceso para elegir fiscal
El 10 de enero la Suprema Corte había aplazado la discusión de la controversia constitucional que promovió el gobernador Samuel García, contra el acuerdo del Congreso desde el 15 de noviembre del 2022 con el objetivo de reponer el proceso de elección para fiscal, a pesar de que los diputados no le remitieron la lista por la vía oficial.
Tras 13 días de análisis, un ministro otorgó una suspensión al Gobierno, la cual impidió al Congreso designar al nuevo fiscal para un periodo de seis años.
El 21 de diciembre pasado, en primera vuelta, se aprobó una reforma a 27 artículos de la Constitución local que tiene por objetivo que los diputados designen al próximo secretario General de Gobierno y al fiscal, pero esto fue impugnado en la Corte, sin que sea resuelto de momento.
Mientras que el 22 de febrero, el gobernador emitió un documento en el Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana para solicitar que la elección del fiscal sea vía referéndum, pero ésta no ha sido resuelta.
El 5 de junio pasado, el gobernador dijo que acudiría a una reunión con las bancadas del PRI y PAN, sin embargo, condicionó su asistencia a que se desistieran de la propuesta de Adrián de la Garza, pero esto no pasó.
El 8 de junio, García, a través de la Consejería Jurídica estatal y la bancada de Movimiento Ciudadano, envió al Congreso local la solicitud de remoción de Arce Jardón en caso de que aceptara dialogar con los diputados de la bancada del PRI y del PAN.
El estado de Nuevo León tiene un año y 4 meses sin fiscal general de Justicia, esto luego de las disputas entre el Gobierno de Nuevo León y el Congreso de Nuevo para designar al nuevo titular del órgano tras la renuncia de Gustavo Adolfo Guerrero, ex fiscal general, el pasado 4 de octubre de 2022 y que en su lugar nombró al entonces vicefiscal jurídico, Pedro Arce Jardón, como encargado de Despacho; reportó MILENIO.
