Por segunda ocasión, el Tribunal Estatal Electoral solicitó al Congreso local tomarle la protesta de ley como diputada a la emecista Rosaura Guerra Delgado, tras la renuncia de la diputada propietaria Alhinna Vargas García.
Incluso, la bancada de Movimiento Ciudadano solicitó a la presidencia de la Mesa Directiva del Poder Legislativo se convocara a un periodo extraordinario para acatar la orden del tribunal.
«Deben garantizar el ejercicio de su cargo, así como las prerrogativas a que tiene derecho, como recibir su remuneración correspondiente al cargo de diputada local. Proveer las condiciones materiales para el ejercicio de sus funciones como legisladora.
«Otorgar y garantizar los recursos humanos para el ejercicio de sus funciones como diputada local y garantizar su participación con voz y voto en las sesiones del Pleno del Congreso de Nuevo León«, señala la sentencia interlocutoria del TEE.
Sin embargo, en el fallo del Tribunal sólo se establece que Guerra Delgado debe ser llamada a tomar protesta «en la siguiente sesión del Pleno», sin definir que ésta deba ser extraordinaria ni a una hora en específico.
«Ya todos los diputados y diputadas estamos notificados por la autoridad electoral para cumplir con esa parte, pero el deber de convocarnos es de Mauro Guerra».
Eduardo Gaona Domínguez, coordinador de la bancada naranja argumento que ante el veredicto, ya no se necesita ni de la comisión para que Guerra Delgado asume el cargo.
«Esto es novedoso porque hasta antes de esta sentencia no se le reconocía en ese carácter, y eso es muy importante porque ya no necesita de las comisiones, ni de un reconocimiento del Pleno para ella».
«Ya es diputada en funciones, solamente hay que cumplir con la forma, y es que se le tome protesta, pero no solamente eso, también está diciendo que si se incumple con esta sentencia, al presidente del Congreso se le impondrá una sanción por ahí de los 20,000 pesos, además de la sanción de arresto administrativo», señaló.
La sentencia se dio luego de que Guerra interpusiera un recurso legal ante el Tribunal, por la omisión a un primer dictamen que ordenaba al Congreso tomarle protesta desde el pasado 13 de febrero, y con el fin de proteger sus derechos político electorales.
