Por José Jaime Ruiz
El periódico Milenio informó este miércoles 6 de marzo: “Adán Náñez Balderas fue designado como fiscal especializado en Inteligencia Financiera (FEIF), conocida antes como la Unidad de Inteligencia Financiera y Económica (UIFE) del Gobierno del Estado. El nombramiento se concretó un día después de que el gobernador Samuel García Sepúlveda fue obligado por la Suprema Corte a publicar el decreto para que la FEIF pasara de la Tesorería General del Estado a manos y control de la Fiscalía General de Justicia.
“(…) Una fuente de información de la Fiscalía General de Justicia le dio a conocer a la plataforma MILENIO-Multimedios que se envió un oficio en el que se requiere la transferencia de los asuntos que llevaba la recién creada Fiscalía Especializada en Inteligencia Financiera, dependiente del Gobierno del Estado, que aún está en trámite”.
Para el Gobierno de Samuel Alejandro García Sepúlveda la Fiscalía Especializada de Inteligencia Financiera “la encabeza un facturero. José Adán Náñez Balderas fue objeto de investigación por delitos de defraudación fiscal, tráfico de comprobantes fiscales y operaciones con recursos de procedencia ilícita por la UIFE y la FGJ en enero de 2022… En su momento Radio Fórmula cabeceó la información como “Lobo cuida ovejas en Nuevo León: fiscal prianista anticorrupción… ¡es facturero!”.
El oficio al que hace referencia Milenio está fechado el 19 de febrero de 2024, el cual exige que se transfieran todos los asuntos que se encuentren en trámite, las controversias y juicios que mantenía la UIFE y todo lo anterior “deberá ser remitido y entregado dentro del plazo de tres días hábiles contados a partir del siguiente a la recepción de la presente”.
“(…) En la inteligencia que, de transcurrir el plazo señalado sin obtener esta Fiscalía Especializada en Inteligencia Financiera la remisión y recepción de los citados asuntos se entenderá en su caso como una formal obstrucción de las funciones de investigación y procuración de justicia y se hará acreedor a las sanciones que para tal efecto prevé la legislación penal y administrativa”.