Las deficiencias de infraestructura y la inseguridad, como autogobiernos o falta de control de las autoridades en los penales del país, son las únicas razones que podrían impedir que las Personas en Prisión Preventiva ejerzan su derecho inédito a votar por la renovación de la Presidencia de la República este 2024, o de lo contrario, los propios reos podrían tramitar juicios electorales para revertir las negativas de sus mandatarios; informó MILENIO.
Los únicos dos estados que hasta ahora han incumplido con permitir que las Personas en Prisión Preventiva (PPP) ejerzan este voto son Veracruz y Yucatán por diferentes razones.
De acuerdo con un informe del Instituto Nacional Electoral de los 274 penales federales y estatales reportados en todo el país, hasta ahora 12 están totalmente descartados para el ejercicio; 13 más de Zacatecas están por definirse y el resto está en análisis hasta tener plena certeza de que está plenamente garantizada la integridad del personal electoral que ingresará a llevar a cabo la votación.
Las cifras han variado en cada informe con las autoridades. Primero, en agosto del año pasado, de los 274 penales reportados, en ese momento se informó que de manera preliminar, además de los 13 pendientes de Zacatecas, seis no contaban con la “infraestructura y seguridad suficientes para la instalación de las mesas receptoras del voto”, tres en la Ciudad de México, uno en el Estado de México, uno en Morelos y uno más en Yucatán.
Pero en la última reunión de febrero, se informó que otros seis tampoco contaban con las condiciones, sin que se especificaran las entidades. Por lo que hasta este momento, teniendo pendiente incorporar los 13 de Zacatecas, el INE considera 249 penales donde posiblemente sí se pueda realizar esta votación inédita para la Presidencia de la República, y para cargos locales sólo en Chiapas, Ciudad de México e Hidalgo por ser las entidades en las que está legislada esta modalidad.
La sentencia del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación que en 2019 le dio la razón a un grupo de personas indígenas que alegaron que en 2018 no pudieron votar tras ser detenidas aparentemente con intenciones políticas, y que derivó en el reconocimiento de que las personas sin sentencia siguen gozando de sus derechos políticos y electorales, deja claro que el INE debe coordinarse con las autoridades y sólo en aquellas prisiones donde se acrediten riesgos de inseguridad o problemas de infraestructura, no se podrá realizar el ejercicio.
Sin embargo, en los últimos días, la negativa del gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García, ha generado dudas sobre las consecuencias que podría implicar su resistencia pues sostuvo que “los meros jefes de plaza los tenemos en la cárcel ¿quieren que ellos voten?, están juntos y no es cualquier cosa, es de alta seguridad, que se quiten la máscara ¿quieren que voten feminicidas?”.
¿Qué dice la ley sobre prohibir el voto en prisión preventiva?
De acuerdo con los alcances de la sentencia del TEPJF, el Instituto Nacional Electoral no puede obligar al gobernador de Veracruz ni a ningún estado a que se permita el voto en prisión preventiva. Sin embargo, debe entregar un oficio por escrito para explicar los motivos por lo que ha decidido restringir el derecho humano de votar, a los veracruzanos sin sentencia, por encima de lo que marca la Constitución.
El consejero Martín Faz, presidente de la Comisión de Capacitación y Organización Electoral, detalló que el gobernador tiene que explicar y dejar sustentado por escrito, los motivos por los cuales no permitirá que personas que todavía gozan del derecho humano de votar y elegir a sus gobernantes, puedan hacerlo.
“No hay forma de que entremos si no nos lo autorizan, una vez que haya una respuesta formal, que es lo que nosotros estaríamos esperando para no entrar en dimes y diretes con una declaración pública del gobernador, nosotros requerimos que se nos haga llegar una respuesta oficial.
“Dependiendo de lo que se nos diga, si se nos explica que es por condiciones de seguridad ya no hay más nada qué hacer, así ha ocurrido en otros lugares. Es decir, por otro lado, no hay forma de que nosotros entremos a ningún centro penitenciario a implementar un operativo de esta naturaleza, si no es con autorización de la autoridades penitenciarias locales”.
Detalló que el INE mantuvo coordinación muy reciente con el Director General Jurídico de la secretaría de Seguridad Pública del Estado, por lo que “sorprendió” la declaración del gobernador a pesar de que en los últimos días, “le dimos (el INE) a conocer las resoluciones judiciales” que obligan al voto anticipado para presos.
“Nosotros siempre hemos buscado la maximización de derechos. No el INE sino el Estado mexicano tenía una deuda, y creo que el que no se pueda ejercer en un momento dado sigue manteniendo esa deuda que desde hace mucho tiempos e tiene uy no por las autoridades electorales sino por el sistema penitenciario.
“Creo que por eso es que hemos insistido con todos los gobiernos y hemos logrado firmar ya 30 convenios, el no ofrecerles esta posibilidad a los internos es ir en contra de derechos legítimos que no es que el INE se los haya dado, sino que la Constitución se los ha dado”.
El otro estado pendiente es Yucatán, gobernador por el panista Mauricio Vila. En esta entidad desde el año pasado y confirmado en diferentes oficios este 2024, las autoridades informaron “la imposibilidad material y técnica Secretaría de Seguridad Pública del Estado de entregar la relación, fichas y datos biométricos”.
El consejero Martín Faz lamentó que “no creas que todo ha sido miel sobre hojuelas, tan es así que en Yucatán también seguimos sin firmar un convenio”, pero explicó que tras varias reuniones, ya hay una propuesta de convenio que esperan firmar esta misma semana.
Aunque la población de PPP varía todos los días porque personas entran y salen de prisión, de manera preliminar, el Estado de México sería el que más población para votar tiene con alrededor de 9 mil 500 personas sin sentencia, seguido de la Ciudad de México con 6 mil 858 personas; Ceferesos, es decir, las prisiones federales con seis mil 634, Baja California con 5 mil 806 y Veracruz, donde el gobernador ha externado su rechazo a esta votación con casi cinco mil personas que se verían afectadas y sus derechos restringidos.
La única forma de que el proceso avance más allá de la negativa del gobernador, es que Personas en Prisión Preventiva en Veracruz tramiten juicios ciudadanos ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación para exigir que se les permita ejercer sus derechos electorales.
Imagen portada: Cuartoscuro
