El Partido Revolucionario Institucional (PRI) tiene que atender las denuncias por violencia política de género en contra de su dirigente nacional, Alejandro Moreno, y el secretario de Finanzas del partido, Hugo Eduardo Gutiérrez, que implicaría además, aparentes malos manejos en los recursos para apoyar a las mujeres; informó MILENIO.
Montserrat Alicia Arcos Velázquez impugnó ante la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) que el Instituto Nacional Electoral (INE) no haya aceptado investigar su denuncia ante la inacción del partido, sin embargo, las magistraturas consideraron que la autoridad electoral no tiene esas facultades.
“En la consulta, se propone confirmar el acuerdo impugnado porque en el caso no se advierte algún elemento para actualizar la competencia del INE, toda vez que las conductas denunciadas atañen a la vida interna del PRI, al tratarse de actos presuntamente constitutivos de violencia política en razón de género en contra de la quejosa, lo cual, en principio corresponde conocer al órgano de justicia intrapartidista conforme a su normativa interna”.
El proyecto de la magistrada presidenta del TEPJF, Mónica Soto, concluyó que es erróneo que la denunciante acuse que dentro del PRI, “su medio de impugnación será sustanciado por las personas que señala como agresoras”, pues sostuvo que resolverá “la Comisión de Justicia, de la cual, los denunciados no forman parte”.
Sin embargo, la magistrada Janine Otálora no estuvo de acuerdo pues consideró que el INE sí podía iniciar un proceso por las anomalías que denuncia también en el uso de recursos públicos, que fue el motivo que habría derivado en una aparente violencia política de género.
La magistrada narró que la denunciante comenzó a percibir conductas violentas desde junio, de manera sistemática luego de que el Secretario de Finanzas y Administración del partido e incluso un proveedor, le hicieron peticiones para maniobrar los recursos para la capacitación de mujeres priistas.
“Le plantearon tres cursos en línea a sobrecosto, a lo que se negó porque implicaba modificar Plan Anual de Trabajo del presupuesto destinado a capacitación de las mujeres, y que tenía la responsabilidad e que se aplicara a lo realmente destinado”.
Desde entonces, los recursos de 2023 no le fueron liberados a pesar de que hizo reiteradas peticiones, comenzó a ser excluida de diversas sesiones y en el Consejo Político Nacional le fue negada la oportunidad de hacer uso de la palabra, solicitó reunión con Alejandro Moreno como presidente del partido y no obtuvo respuesta.
Inició un proceso en Comisión Nacional de Justicia Partidaria por obstaculización para realizar las actividades el Plan Anual de Trabajo, omisión por entregar recursos para la capacitación de las mujeres y violencia política en razón de género.
Sin embargo, tras esta denuncia, en sesión extraordinaria de la Comisión Permanente del PRI a la que no fue convocada, se nombró a una persona para sustituirla, y al pedir una entrega-recepción con todo sustentado por escrito, esto le fue negado.
La magistrada Otálora consideró que el INE sí debía intervenir porque está de por medio el ejercicio de recursos relacionados con el fortalecimiento de la participación político-electoral de las mujeres.
Pero la mayoría de las magistraturas consideraron que primero debe resolver el PRI con sus órganos internos y posteriormente, de no quedar conforme, impugnarlo ante el TEPJF, por lo que, el partido debe desahogar la denuncia conforme a sus normas internas.
Imagen portada: Araceli López | MILENIO
