Por José Jaime Ruiz
La Suprema Corte de Justicia de la Nación, Norma Piña y sus secuaces, se caracterizan por dar abrazos, nunca “balazos” judiciales a los delincuentes de cuello blanco y del crimen organizado. El Cártel de la Toga se ha convertido en la extensión judicial del narcotráfico –en un santiamén dejan libres a los presuntos delincuentes. En México no existe eso de “narcopresidente” o “narcocandidata”; sí existen los “narcomagistrados”, los “narcojueces”. El único “narcogobierno” que existió fue el encabezado por Felipe Calderón Hinojosa y su secretario de Seguridad, Genaro García Luna; uno señalado por Nicolas Sarkozy, y el otro encarcelado en Nueva York por su relación orgánica con los grupos delictivos.
Los tribunales les llaman, desde su léxico neoliberal, “medidas cautelares”, cuando en realidad son censura al presidente constitucional de los Estados Unidos Mexicanos y, así, condenan y denuestan la libertad de expresión de Andrés Manuel López Obrador. Nada entienden del diálogo circular ni de democracia; no sólo censores, inquisidores en sus resoluciones que atentan contra la equidad en este proceso electoral salpicado de mierda (shitstorm) por parte de la oposición y sus esbirros, como Carlos Loret de Mola, Héctor Aguilar Camín, Azucena Uresti, Carmen Aristegui, Enrique Krauze, el monero Calderón, Jorge Castañeda y tantos otros.
Al instituirse como brazos judiciales y electorales de la oligarquía, del crimen organizado y de la derecha, se “institucionalizan” desde la deslegitimidad. No representan a los ciudadanos, representan a la oposición desesperada (Claudio X./óchitl) y a los grandes empresarios (Ricardo Salinas Pliego y su delincuencia hacendaria y terrorismo mediático, por ejemplo). El Tribunal Electoral del Poder Judicial es un tribunal autoritario, fascista.
Las medidas cautelares en contra de AMLO, por parte del TEPJF y el Instituto Nacional Electoral, poco tienen que ver con violentar los principios de neutralidad y equidad en la contienda. Sujeto a las leyes, cuando le han pedido al presidente acatar, acata las medidas. A veces se pasa de cauto porque la violencia política, incluyendo la de género, se instruye desde la oposición, pero para los tribunales no es violento que Xóchitl Gálvez muestre una caricatura como gusana de Claudia Sheinbaum o que la diputada Cayetana Álvarez, pagada por Atlas Network y Salinas Pliego, venga a México a vilipendiar a López Obrador y pida el apoyo electoral para Xóchitl Gálvez. Para los tribunales de la oligarquía eso es muy neutral y equitativo.
Tan equitativo y neutral que la campaña negra provocada por los medios internacionales como ProPublica y The New York Times (después de la conjura de Xóchitl en sus oficinas) le inventen la calumnia del narco tanto a AMLO como a Sheinbaum. Tan equitativo y neutral como los millones de bots en la inflada campaña negra y que no son sancionados por las instituciones que no se tocan –pero sí se censura la entrevista de Inna Afinogenova a López Obrador.
La 4T enfrenta una elección parcial y nada equitativa. Las instituciones que deben de proporcionar equidad y neutralidad son organismos al servicio de la derecha, de la oligarquía y sirven para imponer el golpe de Estado blando, o técnico. En su desesperación –todo sea por reventar la próxima elección– “legitimarán” la anulación de las elecciones de la mano de los medios internacionales y nativos (Latinus, Reforma, TVAzteca, Televisa, El Universal…), la derecha internacional (Iberdrola y sus diputados españoles) y la oligarquía mexicana.
En esta etapa hay que alejarse del balido de los lobos, pero denunciar sus engaños, mentiras, felonías e hipocresías. Andrés Manuel López Obrador ha mostrado y demostrado prudencia, temperamento, entereza, humildad, en una palabra: temple. Ya falta poco para el Plan C y, sin embargo, los violentos y fascistas con sus campañas de odio tienen de su lado a los golpistas. Ahí están, esos son, la Suprema Corte, el INE, los tribunales electorales que gritan al unísono: “¡Al diablo con López Obrador y la 4T!”.
