La transferencia del Instituto de Defensoría Pública del Poder Ejecutivo al Judicial quedó detenida luego de que un juez federal de distrito de Nuevo León sobreseyó el juicio de amparo que había presentado su ex titular por no tener interés jurídico; informó MILENIO.
En rueda de prensa en Palacio de Gobierno, Javier Navarro Velasco, secretario general de Gobierno, dijo que actualmente ocupa el cargo de director del Instituto de Defensoría, Héctor Viniegra Hernández.
El funcionario estatal señaló que el 26 de marzo de 2024 se sobreseyó el juicio de amparo.
El recurso había sido presentado por Reynaldo Cantú Shay, entonces director del Instituto de Defensoría.
«La persona que se nombró como titular en la Defensoría Pública del Poder Judicial de la transición promovió un juicio de amparo y el juez de distrito resolvió sobreseer su procedimiento, derivado de que no tiene interés jurídico, es decir, que no está legitimado para promover el juicio de amparo», comentó.
«Lo más importante es que la Suprema Corte de Justicia, en una resolución que dictó estableció que en los decretos 340, 341 y 342 que promulgó el Congreso del Estado no son Ley vigente en el Estado de NL, quiere decir que no tienen ningún valor jurídico y ahora este que distrito está tomando ese argumento y desecha ese juicio de amparo que presentó esta persona», señaló Navarro.
Hace un año, el 23 de abril de 2023, el ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Juan Luis González-Alcántara Carrancá, concedió una suspensión al gobernador de Nuevo León, Samuel García, con la que se paralizaba la transferencia de la Defensoría Pública del Poder Ejecutivo al Judicial, hasta que se resolviera de fondo este juicio.
Acusan contubernio Tribunal-Congreso por caso de selección de fiscales
Javier Navarro Velasco, secretario general de Gobierno, pidió la restitución de los nueve miembros del Comité Anticorrupción del Sistema Estatal Anticorrupción para elegir a los fiscales de Anticorrupción y el Especializado en Delitos Electorales.
En rueda de prensa, el funcionario estatal denunció el contubernio entre el Tribunal Superior de Justicia y el Congreso del Estado, luego que el primero favoreció en una controversia de inconstitucionalidad a Mauro Guerra.
El recurso, agregó, favorece para que tres de los nueve integrantes que actualmente tiene el Comité de Selección del SEA puedan elegir a ambos fiscales violando el Artículo 201 de la Constitución.
«Por lo tanto el Comité de Selección para decidir los candidatos a fiscal en Materia Electoral y Anticorrupción pretende que tres personas lleven a cabo este procedimiento para nombrar ambos fiscales violando el Artículo 201 de la Constitución.
«Esto prueba definitivamente que el Tribunal Superior de Justicia está a los pies del Congreso del Estado», cuestionó.
Navarro exigió que se restituya al Comité Anticorrupción con los nueve miembros y no solo los tres actuales con los que opera el SEA.
«Son tres miembros que lógicamente son gente que han demostrado que solapan la manipulación de los participantes en el Congreso y de los grupos de poder del propio Congreso», arremetió.
Imagen portada: Especial | MILENIO