El municipio de San Pedro Garza García contrató un seguro de responsabilidad civil para proteger a sus funcionarios que hayan causado algún daño con motivo de alguno de sus actos a un particular por un monto de 11 millones de pesos; informó MILENIO.
El Comité de Adquisiciones sampetrino avaló el contrato, pero fue cuestionado y votado en contra por la regidora panista Brenda Tafich, que calificó como antiético que la comunidad pague la presunta negligencia de funcionarios públicos.
«No se me hace ético que los ciudadanos vayan a pagar para que los funcionarios que hayan actuado de forma inepta, incompetente y negligente estén asegurados, ahora resulta que los ciudadanos van a pagar la defensa de tanto atropellamiento que han hecho los bandidos de los funcionarios públicos, no se me hace ético», arremetió.
Luego de tres procesos de Licitación Pública Nacional declarados desiertos, el Comité de Adquisiciones resolvió otorgar el contrato a la empresa Seguro Ve por Más S.A. Grupo Financiero Ve por Más, por un monto de 11 millones 021 mil 160 pesos con IVA Incluido.
En un comunicado enviado por el Ayuntamiento que encabeza Miguel Treviño, establece que este instrumento ha sido contratado en el pasado tanto por la actual administración como por sus dos predecesoras.
El contrato contempla el pago de indemnizaciones que el o los asegurados deban a un tercero a consecuencia de uno o más hechos que causen un daño patrimonial a particulares o al gobierno municipal, con motivo de sus funciones administrativas como servidor público.
«En este sentido, es importante resaltar que sólo están cubiertas indemnizaciones que deriven de actos realizados sin dolo, es decir, que el seguro no cubre actos en los que el o los servidores públicos hayan voluntariamente incurrido en actos que violen la Ley», señala el comunicado.
Durante la sesión y en entrevista, la regidora Brenda Tafich cuestionó que la convocatoria a la misma no cumplía con el Reglamento de Adquisiciones del Gobierno del Estado, que establece una convocatoria mínima de 24 horas de anticipación, por lo que fue necesario aclarar que el reglamento aplicable es el del gobierno municipal sampetrino, que no establece plazos específicos.
«La convocatoria la mandaron a las 10:00 de la mañana y la sesión fue a la 01:00 de la tarde, nos dieron tres horas, no compartieron nada, más que una presentación ‘pitarra’ que fue la que dieron (en el Comité de Adquisiciones).
«Eso va en contra del Reglamento de Adquisiciones, Arrendamientos y Contrataciones de Servicios del Gobierno del Estado, que es claro donde dice que para las sesiones extraordinarias mínimos se debe circular con 24 horas de anticipación, esto lo hicieron con tres horas de anticipación, les urgía contratar este seguro de responsabilidad civil», cuestionó la edil.
Según el municipio, la contratación del seguro obedece a la necesidad de responder a ciudadanos que puedan ver afectado su patrimonio por una acción involuntaria de los servidores públicos en el cumplimiento de su trabajo, permitiendo que tengan acceso rápido a las reparaciones que establece la Ley.
Además, el Ayuntamiento señaló que el seguro se encuentra contemplado en las disposiciones de la Ley de Responsabilidad Patrimonial del Estado y Municipios de Nuevo León.
El Artículo 19 de la Ley establece que los casos de haberse celebrado el contrato de seguro contra la responsabilidad patrimonial, ante la eventual producción de daños y perjuicios que sean consecuencia de la actividad administrativa pública irregular del Estado o municipio, la suma asegurada se destinará a cubrir el monto equivalente a la reparación integral o equitativa, según el caso, de ser ésta insuficiente, el Estado continuará obligado a resarcir la diferencia respectiva.
La empresa ya había prestado este servicio en administraciones anteriores.
En el 2022 el seguro tuvo un costo de 8.6 millones; en 2021, ascendió a 8 millones; en 2020, 7.7 millones; en 2019, 5.8 millones; en 2018, 5 millones de pesos.
Imagen portada: Especial | MILENIO
