El Ministerio de Salud del Perú clasificó, a través de un decreto publicado el pasado 10 de mayo, la identidad trans, así como las distintas disidencias sexuales como “trastornos mentales”.
Por medio del decreto supremo N° 009-2024-SA, firmado por la presidenta peruana Dina Boluarte, fue actualizado el Plan Esencial de Aseguramiento en Salud (PEAS), en el cual se incluye una lista de diagnósticos clínicos, en la cual se incorporó como “trastorno mental” el “transexualismo, el transvestismo de rol dual, el trastorno de la identidad de género en la niñez, otros trastornos de la identidad de género, el transvestismo fetichista” y la “orientación sexual egodistónica”.
A pesar de que este viernes 17 de mayo se cumplirán 34 años desde que la Asamblea General de la Organización Mundial de la Salud (OMS) eliminó la homosexualidad de la lista de Clasificación Internacional de Enfermedades (CIE), esta situación fue pasada por alto por el gobierno peruano.
Además, la OMS excluyó la transexualidad de su manual de enfermedades desde hace dos años.
Leyla Huerta, presidenta de la organización de mujeres trans, Féminas Perú, afirmó que “Esta medida del MINSA lo que tiene detrás es toda una política de exterminio de las personas trans. Buscan clasificarnos como enfermas para no darnos ciudadanía en este país. No darnos cambio de nombre, no darnos derecho al trabajo, no darnos derecho a la identidad. Esto que ha hecho el Ministerio de Salud fomenta la violencia hacia las personas trans, porque quiere contribuir con la narrativa de que no somos personas sujetas de derecho, quiere colocarnos como personas enfermas”.
Por su parte, el Ministerio de Salud emitió un comunicado contradictorio: sostienen que la diversidad de género y sexual no son enfermedades ni trastornos, pero no se retractan ni realizan una autocrítica. Justifican el decreto, aduciendo que es para “garantizar que la cobertura de atención sea completa en salud mental”.
El Ministro de Salud César Vásquez no se ha pronunciado al respecto. Más bien ha aprovechado los micrófonos para rechazar el arresto de Nicanor Boluarte, hermano de la presidenta, detenido por presunto tráfico de influencias, así como para justificar el incremento de la pobreza monetaria del 27,5% al 29%.
Los diferentes colectivos, organizaciones y activistas de la comunidad LGBTI se han reunido y han determinado dos acciones. Primero, pedir la derogación de este documento oficial. Segundo, pedir que el Sistema Nacional de Salud se actualice e implemente el CIE-11, acciones que irán acompañadas de movilizaciones en las calles.
La organización no gubernamental “Más igualdad Perú”, recolectó 414 firmas de profesionales de la salud mental para buscar la cancelación de este decreto, sobre el que cual concluyó que «Es peligroso y preocupante utilizar documentos que hacen referencia a categorías diagnósticas obsoletas y que no responden a la realidad científica y social de las personas con diversidad sexual y de género».
