Bajo el argumento de que debió ser votado por el Pleno y que la Comisión Anticorrupción ignora una resolución firme emitida por la Suprema Corte al tratar de dar una segunda oportunidad, la Agencia Penitenciaria de Nuevo León negó nuevamente remitir las cartas de no antecedentes penales de los aspirantes a fiscal General de Justicia; informó MILENIO.
Fuentes legislativas informaron que el oficio que llegó este viernes, el cual indica que la Agencia estableció que con el requerimiento a su dependencia, la Comisión pretende otorgar una segunda oportunidad a las personas que no cumplieron con la entrega de la constancia de no antecedentes penales, es decir, que faltaron a uno de los requisitos previstos en la convocatoria para elegir a la persona titular, entre ellas a Adrián de la Garza, alcalde electo de Monterrey.
“La Comisión Anticorrupción modificó la Convocatoria respectiva y prescindió del requisito que consistía en que todas las personas participantes exhibieran una carta de no antecedentes, pues omite a conveniencia enfatizar que dentro de la sentencia que corresponde a la controversia constitucional 238/2022, también se declaró la invalidez del acuerdo 292 de ocho de noviembre de dos mil veintidós, aprobado por el Congreso del Estado de Nuevo León (que a su vez validó el acuerdo de la Comisión referida de la misma fecha) mediante el cual la Comisión Anticorrupción modificó la convocatoria respectiva y prescindió de ese requisito previsto en la Constitución local”, se lee en la contestación.
Ante el escenario, añadió César Daniel Ramírez Acevedo, comisario General de la Agencia de Administración Penitenciaria, la Suprema Corte determinó que Anticorrupción no cuenta con facultades suficientes para modificar los requisitos previstos en la convocatoria una vez que fue iniciado el procedimiento de evaluación.
“Esto nos permite llegar a la conclusión de que el hecho de que la Comisión Anticorrupción solicite de nueva cuenta a la Agencia de Administración Penitenciaria las constancias de no antecedentes penales de la totalidad de las personas inscritas en el proceso de selección para ocupar el cargo de persona titular de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Nuevo León, tiene como resultado advertir el deseo de que todas ellas sean tomadas en cuenta, aún cuando no cumplieron con ese requisito de carácter imprescindible en el momento oportuno”.
“Resulta evidente que el requerimiento formulado mediante el acuerdo de fecha treinta y uno de julio de dos mil veinticuatro, desborda lo resuelto en la controversia constitucional 238/2022, dado que una vez más, se pretende subsanar la omisión de las personas aspirantes que no cumplieron con el requisito de exhibir la constancia referida con antelación. A su vez, suponiendo sin conceder que la Segunda Sala hubiera concluido que las personas aspirantes se encuentran en posibilidad de cumplir con el requisito de exhibir la constancia de forma extemporánea, tendrían que ser ellas las que soliciten a la Agencia de Administración Penitenciaria éstas, y no la Comisión Anticorrupción”, señaló.
La Agencia dijo que se debía reanudar solamente tomando en cuenta a las personas que cumplieron con la entrega de la constancia de no antecedentes penales.
“De cumplir en los (segundos) términos solicitados por la Comisión Anticorrupción se estaría ignorando una resolución firme emitida por el Tribunal Constitucional de nuestro país, así como soslayando el carácter vinculante de dicho fallo”.
“Es de suma importancia enfatizar que la solicitud realizada por la Comisión Anticorrupción a la Agencia de Administración Penitenciaria debió haberse puesto a consideración, de manera previa, al Pleno del Congreso local, esto nos permite deducir que el acuerdo de requerimiento que nos atañe se encuentra viciado de origen”, refirieron.
El director jurídico del Congreso del Estado de Nuevo León, acusaron, pretende ejecutar el acuerdo de requerimiento sin la votación del Pleno.
También confirmaron que fue interpuesta una queja ante la Corte, para que los ministros aclaren a partir de qué momento se tiene que reponer el proceso.
Sandra Pámanes, vicecoordinadora de MC, dijo que el Congreso local está en desacato porque todavía no logra designar a un fiscal General, pese a que la Corte ya lo exigió.
“El Congreso está en desacato, porque las órdenes son por parte del presidente de Congreso, que es quien tiene que darle cumplimiento y seguimiento a los acuerdos y ese tipo de sentencias que emiten estos órganos superiores, y lamentablemente lo que han venido haciendo es darle vueltas y vueltas para seguir y tratar de darle otro sentido a lo que es claro dentro de la sentencia, y efectivamente el Congreso del Estado se encuentra en desacato nuevamente por el no cumplimiento de una sentencia por parte de la Suprema Corte”.
“Creo que hay un error porque se aceptan una carta que no estaba certificada a Adrián de la Garza. No sé qué otra cosa quieren alegar, sé que hay otras personas porque ahora el que aspira a fiscal ahora también quiere ser alcalde y así se van a ir y creo que lo que buscan es seguir entrabando este proceso en lugar de dar la continuidad”, indicó.
Pámanes dijo que se podría considerar únicamente a las personas que sí cumplieron, las cuales, son funcionarios del Gobierno del Estado, destacando a Carlos Mendoza, extitular de la UIFE y actual procurador fiscal
“Se podría continuar el proceso con aquellos que sí cumplieron con el requisito en base a la primera convocatoria, independientemente de quienes sean ellos, y entonces eso es lo que marca la Suprema Corte y es lo que le ha pedido al Congreso del Estado que cumpla y más allá de todo esto, pues el Congreso también está desacato porque no ha cumplido con la sentencia”, insistió.
Carlos de la Fuente, coordinador del PAN, informó que darán vista a la Suprema Corte de la segunda negativa del Estado y que en breve presentará ante la Fiscalía Anticorrupción a nombre de la bancada las denuncias contra los titulares de la Agencia Penitenciaria y de Seguridad por el presunto abuso de autoridad.
“Estamos preparando unas denuncias por abuso de autoridad en contra de la Agencia Penitenciaria, de su titular y si lo mismo va a contestar el secretario de Seguridad, pues interpondremos la denuncia, pues a través de éstas dos dependencias no están dejando la libertad de trabajo del Poder Legislativo, y eso, como lo manifesté el pasado miércoles, es una situación grave porque ya la Corte así lo manifestó, que no puede haber una subordinación de un poder ante otro, y eso es lo que está haciendo el Ejecutivo”.
“Tendremos que hacer la denuncia bien y que vaya bien amarrada, lo haríamos como bancada o de manera personal y esperaría bien que se sumara (el PRI) y si no, no tengo ningún problema”, manifestó.
El panista dijo desconocer cuál es el alcance para avanzar en Anticorrupción, pues no deben caer en desacato.
“Tendremos que ver con los abogados cuál es la ruta porque yo la desconozco, en caso de que fuera reiterativo la negativa se le informaría a la Corte”, finalizó.
Imagen portada: Jorge López | MILENIO
