Con un análisis exprés de menos de 24 horas, por unanimidad, la Comisión Anticorrupción del Congreso de Nuevo León declaró procedente el juicio político contra el gobernador Samuel García por presuntamente violar la Constitución y diversas leyes; informó MILENIO.
Con esto, se abrió el juicio contra García Sepúlveda y deberá informar por escrito o presencial a más tardar el jueves 22 de agosto a las 16:00 horas su informe de defensa, además de nombrar a un abogado que lo defienda.
«Se inicia el juicio político contra del C. SAMUEL ALEJANDRO GARCÍA SEPÚLVEDA, TITULAR DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN.
«Se instruye a la Oficialía Mayor para que a través de la Dirección Jurídica del Congreso, se emplace al denunciado para que informe a esta Comisión lo que a su derecho convenga, corriéndole traslado con copias de la de denuncia y de los demás documentos que la integran, y señalando la siguiente fechas y horario para su respectivo informe.
«Se solicita a los denunciados informar de ser el caso el nombre de su defensor o bien si requerirá que le sea designado uno del Instituto de Defensoría Pública del Estado», acordaron.
Acusan a Samuel García de violar 18 artículos de la Constitución
Carlos de la Fuente, coordinador del PAN, dijo que únicamente iniciaron el juicio, pero no podrán aún determinar cuál es la sanción.
«Él puede venir en lo personal, puede mandar el informe en base a su estrategia jurídica y en base a eso ahora si la Comisión tendrá que analizar la respuesta del gobernador para avanzar en la solicitud de juicio político que hacen en base a hechos presentados, todavía no se define nada, solo se le da entrada», aseguró De la Fuente.
Jessica Martinez, diputada local del PRI, indicó que lo más probable es que no se alcance a revisar todo el contenido en esta Legislatura.
«Puede tener un poco más de claridad, ya viene con una posición desde la Suprema Corte y también el Tribunal local, son muchos temas en un solo documento pero muchos de ellos ya vienen con un sentido y debemos resolver», señaló.
José Alfredo Perez Bernal, diputado local de MC, calificó como golpe de estado el hecho de que el PRI y PAN intenten destituir al gobernador.
«Son delitos graves del código penal federal, este intento de quedarse de un poder de derrocar un poder en este caso de un golpe de estado disfrazado de legalidad. Eso es lo que está intentando el Free el PAN
«Según analizaron un expediente que se presenta apenas el día de ayer por el presidente de un partido, encargado de un partido, una Diputada federal y es un expediente de 800 hojas, y en 10 minutos ya estaba analizado, análisis análisis sobre las rodillas», agregó.
La denuncia presentada por PRI y PAN, indicó la comisión, tiene elementos de prueba, que una vez verificados, hacen presumir la existencia de las infracciones que contienen las fracciones VI y VII de la Ley de Juicio Político del Estado de Nuevo León y la probable responsabilidad del denunciado en los siete hechos descritos en la denuncia y por lo tanto amerita el inicio del procedimiento.
«Esta Comisión no pierde de vista que de conformidad con la controversia constitucional 31/2023 emitida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se reconoció la validez constitucional de la Ley de Juicio Político del Estado de Nuevo León.
«Por otra parte, en dicha determinación constitucional, el Máximo Tribunal del país declaró la invalidez del artículo 203, párrafo segundo de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nuevo León, en la porción normativa que señala específicamente que al momento en el cual el Congreso del Estado declara si hay lugar a procedimiento ulterior, el acusado queda por ese solo hecho separado de su cargo», establecieron en las consideraciones.
La denuncia de juicio político contra el gobernador Samuel García es por presuntamente violar al menos 18 artículos constitucionales y 5 artículos de leyes secundarias en 7 hechos presuntamente probados, principalmente por 7 resoluciones de la Suprema Corte y 3 resoluciones de la Sala Superior del TEPJF.
Esto dice la ley sobre el proceso
Es el procedimiento de orden constitucional que realiza el Congreso como órgano de acusación cuando los actos u omisiones de los servidores públicos señalados por el artículo 110 de la Constitución redunden en perjuicio de los intereses públicos fundamentales por violaciones graves a la Constitución.
Sólo podrá iniciarse durante el período en que el gobernador desempeñe su empleo, cargo o comisión.
¿Por qué se inició juicio contra Samuel García?
Annia Gomez y José Luis Garza, diputados federales del PAN y PRI, respectivamente, presentaron un juicio bajo el argumento que el gobernador, en el caso de la Unidad de Inteligencia Financiera y Económica (UIFE), el gobernador fue sentenciado por la Suprema Corte por no publicar el decreto de dicho órgano, pues la Corte determinó que el mandatario vulneró contra el Congreso el «principio de división de poderes en el grado más grave que es la subordinación, dentro de la controversia constitucional 272/2022».
Respecto al caso de la no publicación en el POE, acusaron que el gobernador sigue violando la Constitución y subordinando al Congreso reiterando la misma conducta, señalaron que a la fecha no ha publicado al menos 23 decretos y más de 100 acuerdos legislativos.
Esto es aparte de los 56 decretos denunciados en un juicio político ya en curso por la Comisión Jurisdiccional.
En el caso de vetos, indicaron, el gobernador ha vetado decisiones del Congreso, pues la Suprema Corte al desecharle varias controversias constitucionales (341/2023 y 262/2023) sobre los vetos advirtió al mandatario: «la intención del Poder Ejecu6vo local es paralizar el procedimiento legislativo y que esta Suprema Corte convalide cautelarmente una omisión (del ejecutivo de no publicar los decretos)» situación dolosa del Gobernador que identificó el Máximo Tribunal.
Respecto al caso del gobernador interino, dijeron que la Suprema Corte y la Sala Superior del TEPJF sentenciaron al gobernador removiendo a su secretario General de Gobierno, Javier Navarro, como interino, reconociendo la designación realizada por el Congreso. (controversias constitucionales 487/2023 y 488/2023 y SUP-JDC-536/2023 Y ACUMULADOS).
En el quinto caso enlistado, respecto al presupuesto, indicaron que el Gobernador ha incumplido con su deber constitucional por más de 8 meses de presentar el Proyecto de Egresos, pero no presentó el del 2023, ni 2024 y presuntamente eliminó los fondos municipales .
En cuanto al caso del uso indebido de recurso públicos, la Sala Superior del TEPJF sentenció al gobernador por realizar promoción personalizada, vulnerar los principios de imparcialidad y neutralidad y acreditar el uso indebido de recursos públicos durante su precampaña presidencial fallida.
Y por último, el uso de símbolos en propaganda electoral, la Sala Superior también advirtió al gobernador por usar simbolos religiosos prohibidos vulnerando el principio de laicidad-separación entre Estado e Iglesia-, en su precampaña presidencial fallida, calificando la conducta de grave.
Resuelto por las comisiones el juicio político y el Pleno, remitirán la decisión final al Tribunal Superior de Justicia (TSJ) para que funja como jurado de procedencia y tenga la decisión final de destitución o inhabilitación de García.
Imagen portada: Leonel Rocha / MILENIO
