En México hay menos cárceles que hace seis años, pero hay más presos. La reducción en el número de centros penitenciarios y el aumento de la población privada de la libertad ha sido una combinación que agravó fenómenos como el hacinamiento y la sobrepoblación carcelaria, un caldo de cultivo perfecto para otros males como motines y disturbios al interior de estos espacios; informa MILENIO.
Los últimos datos del Cuaderno Mensual de Información Estadística Penitenciaria Nacional, correspondientes a febrero, indican que en el país hay 240 mil 212 personas tras las rejas, 21% más de las 199 mil 30 que había en el mismo mes de hace seis años, es decir, en febrero de 2019.
Cárceles de México con sobrecupo
En el mismo periodo, mientras el sistema penitenciario sumó más de 41 mil convictos en el último sexenio, el número de reclusorios se redujo de 309 a 275.
De estos, 14 fueron centros de readaptación federales (Ceferesos) y 261 estatales (Ceresos). En esta estadística oficial no se consideran las tres prisiones militares que también hay en México.
El crecimiento de la población penitenciaria provocó que los centros carcelarios pasaran de tener en conjunto más de 21 mil espacios disponibles en febrero de 2019, a estar excedidos por más de 15 mil personas el mes pasado.
“El tema de la sobrepoblación en las cárceles, especialmente las estatales, es un problema que sigue y que de hecho va a aumentar. Con la ampliación del catálogo de prisión preventiva oficiosa más personas irán a la cárcel, esto implica que las prisiones que están sobrepobladas van a tener aún mayor población penitenciaria y eso va a empeorar las condiciones”, advierte Sofía González Talamantes, subdirectora de la organización Documenta.
Para José Luis Gutiérrez, director general de Asistencia Legal por los Derechos Humanos (AsiLEGAL), “el hecho de que tengamos un sistema penitenciario con sobrepoblación y hacinamiento genera una serie de incidentes violentos dentro del propio sistema penitenciario [como riñas, homicidios, motines o autogobierno]”.
Además, mucha de la población privada de la libertad termina viviendo “en condiciones muy precarias” ante la falta de suministro de cosas tan básicas como alimentos, medicamentos o productos de higiene personal.
Saturadas, la mitad de las cárceles estatales
El problema de la sobrepoblación no es parejo y afecta particularmente a las cárceles administradas por los gobiernos estatales, en tanto que ninguna federal presentó hacinamiento.
Basta poner algunos ejemplos para dimensionar lo que pasa con los reclusorios administrados por las entidades. Con 557 lugares, el Centro Penitenciario y de Reinserción Social Chalco , al oriente del Estado de México, albergaba hasta febrero pasado a 3 mil 626 personas, es decir, más de seis veces su capacidad.
Otros casos son el Cereso 5 de San Cristóbal de las Casas y el 10 de Comitán de Domínguez, en Chiapas, donde hay dos presos por cada lugar disponible.
En el penal de Neza Bordo, también en el Estado de México, los internos triplican la capacidad instalada, lo mismo que en el de Ometepec, estado de Guerrero y el de Ixmiquilpan, en Hidalgo. En tanto que el Centro Penitenciario Regional de Cunduacán, en Tabasco, está al 270% de su capacidad.
Y la lista sigue: actualmente hay 132 prisiones estatales con sobrecupo; prácticamente la mitad si se toma en cuenta la población encarcelada respecto de la capacidad instalada.
Gerardo Rodríguez, profesor del Departamento de Relaciones Internacionales y Ciencia Política de la Universidad de las Américas Puebla (UDLAP), indica que los gobiernos locales constantemente solicitan a la Federación reubicar a los presos que están en cárceles estatales purgando penas federales.
“Es un esfuerzo titánico el que también hace la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana para poder aliviar la sobrepoblación en los centros estatales penitenciarios y reubicar a estos generadores de violencia”, dice el experto en inteligencia y seguridad nacional.
El jueves 6 de marzo, MILENIO publicó que los gobiernos de México y de Estados Unidos conversan sobre un proyecto para construir una cárcel de ultra-máxima seguridad, exclusiva para líderes del crimen organizado, a fin de mantenerlos incomunicados con el exterior.
Rodríguez cree que podría “ser un proyecto interesante” de cooperación bilateral que no se había explorado. En tanto que Gutiérrez opina que la propuesta implica retos y riesgos desde una perspectiva de derechos humanos, como cumplir con estándares internacionales y garantizar condiciones dignas de reclusión.
“La solución a la crisis penitenciaria no radica en la creación de más cárceles, sino en fortalecer el sistema de justicia, garantizar la reinserción social y respetar los derechos de las personas privadas de libertad”, añade el director de AsiLEGAL.
¿Por qué creció el número de reclusos?
Sofía González y José Luis Gutiérrez atribuyen el incremento de la población penitenciaria al “uso y abuso” de la figura de prisión preventiva oficiosa, medida cautelar que permite encarcelar a una persona de manera automática por la gravedad del crimen del que se le acusa, sin que haya sido enjuiciada y condenada.
En 2021, se incluyó en el catálogo de delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa una variada lista de ilícitos como:
- Abuso o violencia sexual contra menores.
- Delincuencia organizada.
- Feminicidio.
- Trata de personas.
- Robo a casa habitación.
- Corrupción (enriquecimiento ilícito y ejercicio abusivo de funciones).
- Robo de transporte de carga.
- Robo de hidrocarburos.
- Uso de programas sociales con fines electorales.
Para diciembre de 2024, la lista se siguió ampliando a la extorsión, el tráfico de drogas sintéticas –como el fentanilo– y la emisión de comprobantes fiscales falsos.
La dilación en los procesos judiciales también tiene las cárceles abarrotadas de personas sin sentencia. De acuerdo con las estadísticas oficiales, de las más de 240 mil personas privadas de su libertad, 91 mil no tienen sentencia, esto es cuatro de cada 10.
Para Gerardo Rodríguez, otro factor a considerar fue el cambio de estrategia de seguridad del gobierno anterior.
Aunque en el discurso se mantuvieron los “abrazos, no balazos”, en los hechos, la segunda mitad de la administración de Andrés Manuel López Obrador se centró en capturar a los llamados generadores de violencia de los grupos criminales, un esfuerzo que ha profundizado el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum.
“Son las dos fases que yo veo por las cuales aumentaron de manera considerable las aprehensiones de presuntos delincuentes”, sostiene el experto en inteligencia y seguridad nacional.
Luego está el desmantelamiento de algunos reclusorios. Por ejemplo, entre 2020 y 2021, durante el gobierno de López Obrador, dejaron de funcionar cuatro centros federales emblemáticos:
- Complejo Penitenciario Islas Marías.
- Cefereso 2 Occidente (de Puente Grande, Jalisco).
- 6 Sureste (ubicado en Huimanguillo, Tabasco).
- 9 Norte (localizado en Ciudad Juárez, Chihuahua).
Los presos fueron trasladados a prisiones federales en otros estados.
La lógica de estos cierres respondió a la necesidad de ocupar las ocho cárceles federales administradas por empresas privadas a las cuales se destinaba (y sigue destinando) una millonaria cantidad de recursos cuando sus espacios estaban subutilizados.
Andrés Manuel López Obrador sostuvo en su momento que mantener uno de esos reclusorios era “el equivalente a mantener un hotel de 5 estrellas”.
“Lo que hizo el gobierno de López Obrador fue cerrar varios centros penitenciarios y mandar a las personas privadas de la libertad a los de prestación de servicios privados para subsanar el gasto que se estaba generando. Fue una muy buena política de austeridad, pero es un tema complejo en términos de que las personas que fueron trasladadas de un estado a otro ya no están computando sus penas en el lugar más cercano a su domicilio y eso conlleva violaciones a los derechos humanos”, indica José Luis Gutiérrez.
El desmantelamiento de cárceles no sólo ocurrió a nivel federal, sino también en los estados. Destaca el caso del violento penal de Topo Chico, en Nuevo León, cerrado en octubre de 2019 y demolido al año siguiente.
El perfil: hombres, jóvenes y sin preparatoria
De acuerdo con el Cuaderno Mensual de Información Estadística Penitenciaria Nacional, la gran mayoría de las personas privadas de su libertad son hombres (96.2% en cárceles federales y 93.9% en las estatales).
También se trata de gente joven, especialmente en los centros administrados por los estados. En estos últimos, 61.3% tiene menos de 40 años, en tanto que en los federales son el 57 por ciento.
Finalmente, 67.2% de los reclusos en penales federales y 75.1% de los que están en prisiones estatales tienen una escolaridad máxima de secundaria. Son muy pocos los que estudiaron una licenciatura o posgrado (6.2 por ciento en las federales y 5.2% en las estatales).
Imagen portada: Jorge Carballo / MILENIO
