Por Efrén Vázquez Esquivel
El mundo observa con preocupación los lamentables acontecimientos que involucran a Israel, Irán, Palestina y Estados Unidos: una guerra no convencional, con múltiples frentes, que mantiene en vilo a la comunidad internacional.
Mientras tanto, en México no pocos jueces, magistrados y ministros de la Corte –reacios a aceptar su derrota– aún albergan la esperanza de que Donald Trump presione a Claudia Sheinbaum para frenar la reforma del Poder Judicial.
Sin apoyo político no hay salto a la política. Pero muchos no encontraron otra opción. Formados en un enfoque positivista y legalista, durante los sexenios de Zedillo, Fox, Calderón y Peña Nieto adoptaron un perfil formalista. Hoy, su activismo no respalda la legalidad, se acomoda a la lógica del poder, no a la norma escrita.
Es lamentable en el caso de quienes estaban a pocos años de jubilarse. Pero la función del juzgador no es hacer política para conservar el cargo, sino actuar con ética e interpretar el derecho con responsabilidad.
Los jueces han hecho todo lo posible por frenar la reforma judicial: se han movilizado institucionalmente, han emitido pronunciamientos públicos –particularmente algunos ministros vinculados al bloque conservador– y han argumentado que la elección de jueces por voto popular pone en riesgo la “calidad” y la “especialización” del Poder Judicial.
Entre otras maniobras han recurrido al cabildeo político y mediático, buscando respaldo en la oposición y en grupos empresariales para frenar la reforma. Han tejido alianzas con actores del viejo régimen, y no son pocos los ministros y magistrados que conservan vínculos con figuras del PRI, del PAN o con ex presidentes, todos ellos convencidos de que la reforma amenaza sus intereses y privilegios acumulados.
La reforma judicial no la derrumbará Trump, como creen muchos jueces. Ésta ha descolocado al viejo poder togado. Su defensa ya no es de la legalidad, sino del privilegio. Someter al Poder Judicial al juicio democrático es un paso inédito. Si el proceso se mantiene abierto y transparente, México puede comenzar a construir una justicia ética, cercana y legítima ante la sociedad.
