Por Carlos Chavarría Garza
Nadie vota por su propio empobrecimiento. Y sin embargo, millones lo hacen cada ciclo electoral, seducidos por una promesa tan antigua como irresistible: la de recibir sin pagar. El populismo no es una ideología; es una tecnología del poder que convierte la generosidad ajena en lealtad política, y la dependencia ciudadana en votos garantizados.
El problema no es que funcione mal, sino que funciona demasiado bien, hasta que ya no funciona en absoluto. Y cuando deja de funcionar, los que pagan los platos rotos no son los que diseñaron el truco, sino los que cayeron en él.
Cuando los términos se desgastan, el populismo simplemente los reemplaza. Lo que durante décadas se vendió como «justicia social» hoy se comercializa bajo el nombre de «economía social», con la misma lógica de fondo pero una presentación más técnica, casi aséptica. El cambio no es conceptual sino cosmético: se renueva el empaque para que el comprador olvide que ya probó el producto y no le funcionó. La izquierda nacionalista aprendió que las palabras se gastan igual que las monedas, y que basta con acuñar nuevas para seguir comprando lo mismo: votos a cambio de promesas que otros van a pagar.
Los mexicanos que vivieron los años ochenta recuerdan, o deberían recordar, lo que significa que un gobierno prometa demasiado con dinero que no tiene. Las crisis de 1982, 1986 y 1987 no fueron tormentas imprevistas; fueron la factura inevitable de un modelo que confundió el gasto público con el desarrollo, y el nacionalismo económico con la soberanía real. La inflación llegó a 159% anual, el peso se desplomó, los ahorros de familias enteras se evaporaron de la noche a la mañana. El costo no lo pagaron los arquitectos de esas políticas. Lo pagaron sus hijos. Y hoy, cuando los síntomas vuelven a aparecer, cuando el déficit crece, las instituciones se debilitan y la retórica de autosuficiencia suena cada vez más hueca, la pregunta no es si ya vimos esta película. La pregunta es cuántos la recuerdan, y cuántos andan todavía en la loca creyendo que esta vez va a ser diferente.
El problema de fondo no es nuevo ni complicado. Como lo señaló Milton Friedman hace décadas, no hay lonche gratis. Todo lo que un gobierno regala, alguien lo está pagando, visible o invisiblemente, hoy o mañana, en impuestos o en inflación, en oportunidades perdidas o en deuda que heredan los que todavía no nacen.
Los programas sociales que suenan a generosidad son en realidad transferencias forzadas de riqueza que distorsionan los incentivos, engordan la burocracia y terminan destruyendo exactamente la capacidad productiva que una nación necesita para sostenerse.
No se trata de ser insensible ante la pobreza. Se trata de entender que regalar pescado mientras se queman las redes no es solidaridad; es control.
Y aquí está el nudo del problema, el que nadie quiere decir en voz alta: no debemos esperar que los gobiernos, que se van cada seis años, estén realmente pensando en el futuro al que debemos aspirar. Un gobierno que dura un sexenio no tiene incentivos reales para plantar árboles cuya sombra no va a ver. Su horizonte es la próxima elección, no la próxima generación. Por eso el cambio verdadero no puede venir de arriba.
Tiene que venir de una ciudadanía que deje de delegar su futuro en manos de políticos cuyo único negocio real es ganar, mantenerse y salir bien librados. Mientras sigamos esperando que el gobierno resuelva lo que solo nosotros podemos resolver, seguiremos cayendo en los mismos trucos distractores con diferente nombre y diferente cara.
La salida existe, pero no es cómoda. El filósofo Karl Popper la llamó sociedad abierta: aquella donde los ciudadanos asumen la responsabilidad de sus propias decisiones, donde la transparencia audita al poder, y donde la educación, entendida como pensamiento crítico real y no como adoctrinamiento, da a las personas las herramientas para no ser engañadas dos veces.
Los países que encabezan los índices de progreso social, Noruega, Dinamarca, Finlandia, no llegaron ahí esperando a su próximo presidente. Llegaron ahí construyendo instituciones que sobreviven a los gobiernos, no que dependen de ellos. Esa es la diferencia entre una nación que avanza y una que da vueltas en círculos cada seis años.
El fastidio es válido. La tristeza también. Pero ninguno de los dos mueve nada si se quedan en conversaciones privadas. Este artículo no pretende dar respuestas definitivas; pretende incomodar lo suficiente para que quien lo lea no pueda seguir mirando para otro lado. México ya pagó una vez una factura enorme por no querer ver lo que era evidente. La pregunta que cada uno debe responderse hoy es simple y brutal: ¿vamos a esperar a que llegue otra vez el momento de llorar, o vamos a hacer algo antes?
