Por José Jaime Ruiz
En política, los cargos tienen una historia. Algunos incluso poseen una genealogía institucional que pesa más que las personas que los ocupan. La Secretaría de Finanzas y Tesorería General de Nuevo León es uno de esos casos. Quien administra la hacienda pública del Gobierno no sólo controla números: administra la confianza de inversionistas, negocia con el Congreso, garantiza liquidez para la operación gubernamental y sostiene, en última instancia, la gobernabilidad.
La historia de la Tesorería nuevoleonesa revela una constante: los grandes tesoreros terminan convirtiéndose en figuras políticas de primer orden. Santiago Vidaurri comprendió que la autonomía fiscal era una forma de poder regional. Durante el siglo XIX, la hacienda estatal se sostuvo mediante complejas alianzas con empresarios como Valentín Rivero y Patricio Milmo, demostrando que el control de los recursos públicos siempre ha estado vinculado a la construcción de poder político. Posteriormente, durante el Porfiriato, la administración financiera dejó de ser un instrumento de supervivencia para convertirse en una herramienta de desarrollo. La estabilidad fiscal permitió el surgimiento de la gran industria regiomontana.
La evidencia más clara de esa transformación fue don Víctor Gómez. Durante 24 años consecutivos administró las finanzas estatales bajo gobiernos distintos. No sobrevivió por lealtades partidistas, sino porque representaba algo más valioso: continuidad técnica. Más tarde llegaron perfiles como Fernando Elizondo, Othón Ruiz Montemayor y Carlos Garza Ibarra. Con estilos distintos, compartieron una característica fundamental: entendieron que la Tesorería es una oficina técnica que sólo funciona cuando está respaldada por oficio político. Por eso el problema actual no parece ser únicamente administrativo. Nuevo León enfrenta una situación inédita: no hay un tesorero ratificado, no hay un Presupuesto plenamente despresurizado políticamente y tampoco existe evidencia de que la interlocución hacendaria esté funcionando con eficacia.
Los alcaldes desfilan por las oficinas del edificio de Escobedo 333 buscando respuestas y recursos. Salen, sin embargo, con más dudas que soluciones. La percepción que comienza a instalarse es la de una Tesorería atrapada entre restricciones financieras y limitaciones políticas. A Ulises Carlin parece haberle tocado descubrir que la Tesorería no se gobierna desde el escritorio jurídico. El tesorero exitoso no sólo domina la norma, entiende la psicología de los alcaldes, las prioridades del Congreso, las presiones empresariales y las necesidades del Ejecutivo. La percepción de debilidad se profundiza cuando dentro del propio aparato gubernamental se comenta que decisiones básicas de disponibilidad financiera requieren autorizaciones que rebasan la cadena natural de mando. Un tesorero que necesita validar permanentemente su margen de acción proyecta dependencia, no conducción.
Incluso dentro del propio círculo gubernamental sobreviven quienes recuerdan que años atrás Samuel Alejandro García Sepúlveda exploró otros perfiles para la conducción hacendaria. El nombre de Félix Arratia reaparece en conversaciones privadas como una alternativa que pudo haber combinado cercanía política, capacidad operativa y margen de negociación. La pregunta de fondo no es si Ulises Carlin puede ocupar el cargo. La pregunta es si puede ejercerlo plenamente. Porque la historia de la Tesorería de Nuevo León demuestra que los grandes tesoreros nunca fueron simples administradores de recursos. Fueron operadores de gobernabilidad. Y la gobernabilidad, como las finanzas públicas, no admite vacíos prolongados.
