Por Redacción / IAQuemada
La dimensión penal del caso Next Energy escaló de manera definitiva al ámbito federal tras la intervención directa de la estructura nacional de Morena, que ha identificado en este escándalo un vector idóneo para desgastar la influencia política de la oposición en el norte de México.
Los argumentos de la imputación por ejercicio abusivo de funciones
La ofensiva jurídica se formalizó mediante la presentación de una denuncia penal ante la Fiscalía General de la República (FGR) en contra del alcalde de Monterrey, Adrián de la Garza Santos, por el probable delito de ejercicio abusivo de funciones. La querella fue promovida por una comitiva de alta relevancia política de la llamada Cuarta Transformación, integrada por dirigentes de Morena, senadores, diputados y aspirantes a la candidatura para el Gobierno de Nuevo León.
De acuerdo con Anabel Alcocer, lideresa estatal de Morena en Nuevo León, la denuncia formal se deriva directamente del contrato celebrado entre Next Energy de México y la administración de Monterrey que encabezó De la Garza, el cual compromete un presupuesto público aproximado de 7 mil 300 millones de pesos. Alcocer detalló en entrevista:
“Lo que buscamos es que se investigue de manera objetiva y exhaustiva una serie de hechos expuestos públicamente y que generan dudas legítimas sobre el manejo de recursos públicos y posibles conflictos de interés relacionados con el ciudadano Adrián de la Garza Santos y la ciudadana Jovita Morín Flores y quien resulte responsable.”
La mención de Jovita Morín Flores en la denuncia penal federal resulta sumamente significativa en términos técnicos e institucionales, debido a que Morín se desempeñó como Contralora Municipal de Monterrey (encargada de fiscalizar el gasto y combatir la corrupción interna) hasta su renuncia en abril de 2026. Diversas auditorías y señalamientos periodísticos la vinculan como socia activa en otras firmas comerciales de Eugenio Javier Maiz Domene, propietario de Next Energy, lo que constituye un potencial e inédito conflicto de interés que estuvo operando en el corazón de la administración municipal que debía auditar dicho contrato.
El blindaje político y mediático de este recurso jurídico quedó manifestado con el acompañamiento presencial de perfiles clave para el partido en el estado de Nuevo León, tales como Tatiana Clouthier, Clara Luz Flores y Judith Díaz, figuras que lideran las corrientes internas del movimiento con miras a la postulación gubernamental de la entidad.
| Aspecto Clave de la Denuncia | Detalle de la Imputación ante la FGR |
| Denunciantes Principales | Anabel Alcocer (lideresa estatal), Waldo Fernández (senador), Tatiana Clouthier, Clara Luz Flores y Judith Díaz |
| Imputados Principales | Adrián de la Garza Santos y Jovita Morín Flores (excontralora de Monterrey) |
| Delito Señalado | Ejercicio abusivo de funciones y posibles conflictos de interés |
| Monto Comprometido | Aproximadamente $7,300 millones de pesos en contratos simulados |
| Instancia Competente | Fiscalía General de la República (FGR) |
La instrumentalización política de la FGR y el escenario electoral rumbo a 2027
La decisión de promover esta acción penal ante la FGR, eludiendo deliberadamente los canales de procuración de justicia del estado de Nuevo León, responde a una planeación de carácter geopolítico y electoral. En el ámbito local, las estructuras de la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León mantienen vínculos históricos con las cúpulas partidistas del PRI y del PAN, lo que tradicionalmente ha bloqueado el avance de carpetas de investigación contra perfiles como el de Adrián de la Garza. Al trasladar el expediente al fuero federal, Morena busca neutralizar la influencia territorial de la oposición y garantizar un procesamiento judicial ajeno al control de los grupos políticos regionales.
Este movimiento judicial funciona como una herramienta de presión estratégica con miras al proceso electoral de 2027, en el cual se renovará la gubernatura de Nuevo León. Al mantener abierta una investigación federal por delitos graves que atentan contra el patrimonio público, la federación y sus aliados políticos consiguen:
Inhabilitación reputacional: aunque la denuncia no derive de inmediato en un auto de vinculación a proceso o en una orden de aprehensión, la constante exposición mediática de De la Garza ante la FGR desgasta de manera irreversible su viabilidad como candidato de unidad de la oposición para la gubernatura o para cargos de elección federal.
Disuasión del bloque opositor: la amenaza del uso de la acción penal federal actúa como un mecanismo de contención contra el bloque integrado por el PRI y el PAN en el Congreso local, limitando su capacidad de confrontación con el gobierno federal y erosionando la cohesión de la alianza de oposición en el estado.
Contraste de narrativa anticorrupción: el expediente de Next Energy otorga a Morena un elemento discursivo de gran impacto para asociar a los liderazgos tradicionales de Nuevo León con el desvío de recursos y el enriquecimiento ilícito, contrarrestando la retórica de eficiencia y experiencia administrativa que Adrián de la Garza ha promovido a lo largo de su carrera pública.
Vulnerabilidad institucional y el costo del oportunismo verde
La trayectoria del conflicto derivado del contrato de Next Energy evidencia las profundas debilidades de los mecanismos de fiscalización y gobernanza en los gobiernos subnacionales mexicanos. La adopción de discursos de transición ecológica e infraestructura sostenible ha sido utilizada como una cobertura para el diseño de instrumentos financieros lesivos, donde el sector privado obtiene ganancias extraordinarias aseguradas por el erario sin asumir el menor riesgo operativo o constructivo.
Para Adrián de la Garza, el caso representa un pasivo político irreversible. A pesar de haber instrumentado la rescisión definitiva del contrato en junio de 2026 y de reportar la recuperación formal de activos y penalidades para el municipio de Monterrey, la vinculación original con un consorcio cuyo propietario enfrenta procesos por fraude penal en otras entidades del país destruye su posicionamiento como un administrador técnico y ordenado. La federalización del caso a través de la denuncia de Morena ante la FGR asegura que el expediente Next Energy se mantenga abierto, operando como un factor de vulnerabilidad jurídica que debilitará de manera constante sus aspiraciones y las del bloque opositor en la ruta crítica hacia la sucesión gubernamental de 2027.
Contexto
La proliferación de proyectos de energía renovable en el ámbito subnacional mexicano ha servido, en diversos casos, como un catalizador para esquemas complejos de endeudamiento público y desvío de recursos. El modelo corporativo desplegado por el consorcio Next Energy de México constituye un ejemplo sistemático de captura de rentas públicas mediante contratos de Asociación Público-Privada (APP) y esquemas de prestación de servicios energéticos a largo plazo. Estos acuerdos, diseñados con vigencias que se extienden hasta el año 2050, comprometieron de manera estructural los ingresos propios y las participaciones federales de diversas administraciones locales sin que se consolidara la entrega efectiva de energía limpia.
La viabilidad de este esquema no dependía de la eficiencia operativa o de la generación real de electricidad, sino de la estructuración de fideicomisos irrevocables que obligaban a las tesorerías municipales y estatales a realizar pagos multianuales automatizados. Al amparo de la retórica del desarrollo sostenible, la empresa transfirió la totalidad del riesgo financiero a los gobiernos locales, garantizando flujos de capital privado incluso ante la ausencia total de permisos federales, licencias ambientales e interconexiones a la red de la Comisión Federal de Electricidad (CFE).
El caso de Monterrey: Dinámica contractual y el costo reputacional para Adrián de la Garza
El origen del conflicto en el municipio de Monterrey se remonta a marzo de 2020, durante el segundo mandato del priista Adrián de la Garza Santos. La administración municipal suscribió un contrato a 30 años con un consorcio integrado por Next Energy de México, Constructora Maíz Mier y Eólica Santa Catarina. El compromiso financiero ascendía a 7,370.9 millones de pesos, destinados teóricamente a la construcción de un parque fotovoltaico en el municipio de Cerralvo, Nuevo León, diseñado para abastecer de energía limpia al alumbrado público y las instalaciones de la capital del estado.
A pesar de que el suministro eléctrico debía iniciar formalmente en febrero de 2021, el parque solar nunca se construyó debido a la falta de permisos federales y a omisiones de carácter técnico. La inoperancia del proyecto desató un prolongado enfrentamiento político y legal. Tras asumir la alcaldía en 2021, la administración de Movimiento Ciudadano dirigida por Luis Donaldo Colosio Riojas denunció las irregularidades e intentó rescindir el contrato en agosto de 2022. No obstante, el consorcio privado interpuso diversos recursos legales y obtuvo suspensiones definitivas en tribunales federales, impidiendo al municipio suspender los desembolsos periódicos.
Ante el bloqueo judicial, la gestión de Colosio Riojas optó en 2024 por renegociar las cláusulas: redujo el plazo de vigencia del contrato a 10 años, canceló definitivamente la planta de Cerralvo y obligó al consorcio a instalar de manera directa 45,000 paneles solares dentro de los límites de Monterrey. Esta modificación contractual se convirtió en un eje de confrontación directa durante los encuentros y debates públicos entre Adrián de la Garza y Luis Donaldo Colosio, donde ambos políticos intercambiaron acusaciones de responsabilidad por el daño patrimonial y la firma de un acuerdo millonario sin garantías de cumplimiento.
| Parámetro Contractual y Financiero | Contrato Original (2020 – Adrián de la Garza) | Modificación Operativa (2024 – Luis Donaldo Colosio) |
| Duración del Contrato | 30 años (nueve administraciones) | Reducido a 10 años |
| Monto Estimado | $7,370.9 millones de pesos | Reestructurado con base en metas físicas |
| Proyecto de Infraestructura | Parque Fotovoltaico en Cerralvo, NL | Instalación descentralizada de 45,000 paneles |
| Generación de Energía Real | Cero por ciento de avance operativo | Incumplimiento persistente (6,000 paneles instalados) |
La rescisión de 2026 y los límites del control de daños político
Al regresar a la alcaldía de Monterrey en el año 2024, Adrián de la Garza impulsó una auditoría profunda sobre el acuerdo modificado por su predecesor. Las investigaciones municipales revelaron que, durante la administración anterior, se habían presentado pagarés ante el Fideicomiso del proyecto que ostentaban firmas presuntamente falsificadas. El municipio presentó las denuncias correspondientes ante la Fiscalía General de Justicia del Estado de Nuevo León, logrando el congelamiento precautorio de las cuentas bancarias de las empresas del consorcio.
Esta presión judicial forzó al consorcio a suscribir una nueva modificación en julio de 2025, obligando a Next Energy a pagar adeudos acumulados por 417 millones de pesos, cubrir el 20 por ciento de la facturación eléctrica municipal durante el periodo de transición, y devolver al patrimonio de Monterrey los terrenos de Cerralvo, valuados en 61.98 millones de pesos.
El desenlace de esta controversia jurídica ocurrió el 1 de junio de 2026. La Dirección de Adquisiciones de la Secretaría de Administración municipal notificó formalmente la rescisión definitiva del contrato tras comprobarse que el consorcio solo instaló 6,000 de los 45,000 paneles solares pactados. Aunque la administración municipal defendió que Monterrey concluyó el litigio con un saldo a favor en términos financieros —debido a que las recuperaciones patrimoniales y las penalidades aplicadas superaron los 400.6 millones de pesos desembolsados durante los seis años de vigencia formal del contrato— la cancelación definitiva no ha disipado el severo impacto político para Adrián de la Garza.
El deslinde técnico de la rescisión ha resultado insuficiente frente a la narrativa de negligencia y corrupción instalada por sus opositores políticos. En la percepción pública, se mantiene el señalamiento de que fue la administración inicial de De la Garza la que diseñó y aprobó un contrato sumamente desventajoso que comprometió recursos municipales por miles de millones de pesos bajo la promesa de una infraestructura que jamás operó. La resolución del conflicto en 2026 es leída por analistas locales no como una gestión proactiva de transparencia, sino como una maniobra reactiva de contención de daños frente al inminente avance de investigaciones judiciales externas.
La red interestatal: Replicación del fraude en Aguascalientes y Baja California
La controversia en Monterrey adquiere una dimensión de mayor gravedad al contrastarse con los proyectos que Next Energy desarrolló de manera simultánea en otras entidades federativas, revelando un patrón operativo caracterizado por el dolo contractual y la triangulación de recursos públicos.
El endeudamiento de largo plazo en Aguascalientes
En el estado de Aguascalientes, el esquema se implementó bajo la modalidad de Asociación Público-Privada durante el periodo municipal de la panista María Teresa Jiménez Esquivel (2017–2021), actual gobernadora de la entidad. El contrato inicial, registrado ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) en mayo de 2019, contemplaba un pago de 3,369 millones de pesos para proveer energía al ayuntamiento a través de un parque fotovoltaico en la comunidad de Cañada Honda. No obstante, en julio de 2020 la administración municipal autorizó una ampliación del contrato que elevó la deuda total por encima de los 20,000 millones de pesos, comprometiendo las finanzas locales hasta el año 2050.
Al igual que en Monterrey, la planta de Cañada Honda nunca entró en funcionamiento debido a que carecía de los permisos de interconexión indispensables de la CFE. A pesar de la inoperancia de la planta, el municipio de Aguascalientes se vio forzado a desviar cerca del 15.7 por ciento de sus ingresos directos para cumplir con las obligaciones del fideicomiso, realizando pagos por casi 400 millones de pesos por concepto de servicios inexistentes. Ante el descontento social y los litigios iniciados, la administración estatal ha utilizado reformas legales de vía rápida para mutualizar y distribuir esta deuda entre otras dependencias del gobierno central, diluyendo la responsabilidad fiscal directa del municipio de Aguascalientes. Este caso dio un giro crítico con la detención penal de Eugenio Javier Maiz Domene, propietario de Next Energy, arrestado bajo cargos de fraude financiero derivado de los contratos firmados en esta entidad.
El colapso del proyecto del acueducto en Baja California
En Baja California, la administración del morenista Jaime Bonilla Valdez (2019–2021) adjudicó a Next Energy un contrato por 12,000 millones de pesos destinado a la construcción de una planta solar en Mexicali. La infraestructura tenía como propósito abastecer de energía al acueducto Río Colorado-Tijuana; sin embargo, el proyecto fue cancelado de manera definitiva al no contar con ninguna de las autorizaciones ambientales, federales ni municipales necesarias para su desarrollo.
El gobierno estatal subsiguiente logró evitar un quebranto patrimonial mayor estimado en 5,000 millones de pesos, pero mantiene una batalla legal activa para recuperar 123 millones de pesos que fueron entregados como anticipo y depositados en un fideicomiso controlado por Banca Afirme. Por este caso, la Fiscalía estatal ha emitido órdenes de aprehensión contra exfuncionarios y directivos financieros, entre ellos David Alejandro “N”, director de la institución bancaria, quien fue detenido en la República Dominicana y se encuentra sujeto a un proceso de extradición tras habérsele revocado diversas suspensiones definitivas otorgadas por jueces de distrito.
La correlación entre estas tres entidades federativas evidencia que el contrato firmado por Adrián de la Garza en Monterrey no constituyó un incidente aislado de mala planeación técnica, sino que formó parte de una estrategia nacional de colocación de deuda fraudulenta impulsada por Next Energy. La existencia de procesos penales abiertos, detenciones de directivos bancarios y la captura del propio dueño de la firma en Aguascalientes debilitan sustancialmente el margen de defensa política de De la Garza, vinculando su nombre a una de las redes de corrupción de infraestructura energética más extendidas de los últimos años.
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