‘No pago para que me peguen’: Sheinbaum imita a López Portillo

IAQuemada / Ombudsman del derecho de las audiencias de La Mañanera del Pueblo

Comparativo Histórico y de Audiencias: «No te pago para que me peguen» (1982) vs. la Política de Publicidad Oficial de Claudia Sheinbaum (2026)

La relación entre el Poder Ejecutivo federal y los medios de comunicación en México ha estado históricamente mediada por la asignación de la publicidad oficial. Durante las décadas del régimen de partido hegemónico, los recursos públicos destinados a la prensa funcionaron como un mecanismo sutil o explícito de control editorial, premio y castigo. En junio de 1982, el entonces presidente José López Portillo verbalizó esta dinámica con la famosa frase «No te pago para que me peguen».

Cuarenta y cuatro años después, el 5 de agosto de 2026, la presidenta Claudia Sheinbaum abordó en su conferencia matutina la distribución de la pauta publicitaria gubernamental. En su intervención, argumentó la eliminación del «chayote» (pago directo a periodistas para moldear líneas editoriales) y afirmó que los recursos se asignan con base en el volumen de audiencia de cada medio, justificando formalmente la exclusión explícita de empresas como TV Azteca, Reforma y El Universal por razones de audiencias y cumplimiento de obligaciones fiscales.

El presente informe analiza ambos hitos en su contexto histórico, compara las filosofías del uso del presupuesto público frente a la crítica periodística y evalúa si el criterio de «audiencias» expuesto por la actual administración guarda congruencia con la penetración real de los medios impresos y digitales en México, contrastando los diarios críticos con aquellos afines al oficialismo.

Contexto Histórico: López Portillo y el «No te pago para que me peguen» (1982)

El origen de la frase

El 7 de junio de 1982, durante la celebración del Día Mundial de la Libertad de Prensa, el presidente José López Portillo pronunció un discurso en respuesta a los cuestionamientos formulados por el periodista Francisco Martínez de la Vega sobre la actitud hostil del Estado hacia los medios independientes. En ese momento, México atravesaba por una severa crisis económica y financiera que desencadenaría la devaluación del peso y la nacionalización de la banca en septiembre de ese mismo año.

En su alocución, López Portillo cuestionó abiertamente la pertinencia de que el Estado financiara a empresas privadas que mantenían una línea crítica hacia su gobierno:

«¿Una empresa mercantil organizada como negocio profesional, tiene derecho a que el Estado le dé publicidad para que sistemáticamente se le oponga? Ésta, señores, es una relación perversa, una relación morbosa, una relación sadomasoquista que se aproxima a muchas perversidades que no menciono aquí por respeto a la audiencia. Te pago para que me pegues. ¡Pues no, faltaba más!»

El boicot contra la revista Proceso

La declaración no fue retórica abstracta; respondió a la estrategia sistemática emprendida por la Coordinación General de Comunicación Social de la Presidencia, a cargo de Francisco Galindo Ochoa, para asfixiar financieramente al semanario Proceso. Fundada en 1976 por Julio Scherer García tras el golpe gubernamental que provocó la salida de su equipo directivo de Excélsior, la revista se caracterizó por reportar la corrupción, el endeudamiento y el nepotismo de la administración lópezportillista.

El gobierno canceló todos los contratos de publicidad oficial con Proceso e instruyó a secretarías de Estado, gobiernos estatales y organismos descentralizados a retirar sus anuncios. Además, ejerció presión sobre empresarios del sector privado para evitar que pautaran en el semanario. La frase «No te pago para que me peguen» sintetizó la doctrina del régimen autoritario: la publicidad estatal no se consideraba una vía para informar a los ciudadanos, sino un subsidio condicionado a la lealtad política.

La Declaración de Claudia Sheinbaum (5 de agosto de 2026)

Desglose y postura presidencial

En la conferencia matutina del 5 de agosto de 2026, la presidenta Claudia Sheinbaum expuso la posición de su administración respecto al gasto en comunicación social y los señalamientos de los sectores de la opinión pública («comentócratas»):

«Ya ni tomo tiempo a veces en “La mañanera” para hablar de los comentócratas, porque es tan absurdo lo que dicen que ni tiene caso estar aclarando cada cosa. Pero es parte de un vínculo que tienen entre todos ellos, que no quieren al gobierno. ¿Y por qué no lo quieren? Pues porque no les damos “chayote”, así, tan sencillo como eso; porque nosotros no le damos dinero a un periodista, a un reportero, para que diga lo que queremos que diga. Sí hay recursos que se distribuyen en medios de comunicación a partir de sus audiencias, esencialmente, es el esquema que tomamos. Hay algunos a los que no les damos: TV Azteca no recibe, Reforma tampoco, El Universal tampoco. Abiertamente lo digo, porque también en particular TV Azteca, pues ustedes saben que hasta tiene que terminar de pagar sus impuestos también, porque así debe ser. Pero todos los demás medios reciben a partir de sus audiencias. Esencialmente esa es una fórmula que definimos desde que entramos al Gobierno. Y es una tercera parte de lo que se daba con Peña.»

Ejes conceptuales del discurso actual

1. Erradicación del pago directo a periodistas («chayote»): Se argumenta que las críticas de analistas y medios no obedecen a un ejercicio de vigilancia periodística, sino al resentimiento por la cancelación de incentivos económicos directos.
2. Criterio de audiencias como norma técnica: Se sostiene que la asignación presupuestal responde de manera objetiva al tamaño del público que cada medio alcanza.
3. Exclusión explícita por incumplimiento fiscal y línea de conducta: Se menciona directamente a TV Azteca, Reforma y El Universal como entes excluidos. En el caso de la televisora, se añade como justificación el adeudo de créditos fiscales pendientes ante el Servicio de Administración Tributaria (SAT). La exclusión por la línea de conducta crítica o ideológica, sin embargo, no existe en los lineamientos vigentes, los cuales señalan que «el otorgamiento y distribución de publicidad oficial debe realizarse bajo criterios objetivos, imparciales y transparentes que garanticen la igualdad de oportunidades».
4. Reducción presupuestal global: Se reafirma la política de austeridad en comunicación social instaurada desde 2018, reduciendo el gasto total a aproximadamente un tercio de lo ejercido en la administración de Enrique Peña Nieto.

Análisis Comparativo: López Portillo (1982) vs. Sheinbaum (2026)

A pesar de las diferencias temporales y de régimen político, la comparación entre ambos discursos revela continuidades estructurales en la visión del poder sobre el presupuesto público, así como diferencias significativas en la justificación formal y el entorno comunicativo.

Tabla comparativa de enfoques

Dimensión	José López Portillo (1982)	Claudia Sheinbaum (2026)
Premisa fundamental	La publicidad pública es un patrocinio del Estado; no debe financiar a detractores.	La publicidad pública es un recurso institucional que se asigna según audiencias y cumplimiento legal/fiscal.
Justificación del retiro de fondos	Abiertamente política y moral: la crítica periodística es una «relación morbosa» o de deslealtad.	Técnica y de integridad: fin del «chayote», falta de pago de impuestos (TV Azteca) o falta de alineación con reglas de audiencia.
Mecanismo de sanción	Boicot comercial coordinado e invisibilización del medio (Proceso).	Vetos públicos anunciados desde la tribuna presidencial (TV Azteca, Reforma, El Universal).
Manejo del gasto presupuestal	Alto gasto discrecional y subsidio masivo a la prensa leal.	Reducción del presupuesto global (~33% vs. 2012–2018) con alta concentración en medios seleccionados.
Narrativa sobre la crítica	Ingratitud comercial de empresas privadas que buscan lucro a costa del Estado.	Resistencia de grupos de interés («comentócratas») desplazados de privilegios y contratos pasados.

Continuidades y divergencias

• Continuidad conceptual sobre la lealtad: En ambas posturas subyace la idea de que la postura crítica de los medios está condicionada por intereses financieros. Para López Portillo, exigir pauta mientras se critica era «sadomasoquismo»; para la narrativa actual, la crítica persistente es consecuencia de la falta de «chayote».
• Divergencia en la transparencia de los vetos: Mientras López Portillo operó el boicot de forma clandestina a través de la Coordinación de Comunicación Social antes de admitirlo verbalmente, la administración actual nombra y vetó abiertamente a las empresas mediáticas desde las conferencias públicas.
• El factor fiscal como nuevo condicionante: La incorporación del cumplimiento de obligaciones fiscales (casos de deudas con el SAT) introduce un elemento normativo inexistente en el marco de 1982, donde la lealtad política sobrepasaba cualquier consideración hacendaria.

Comparativa de Audiencias vs. Asignación Publicitaria Efectiva

La afirmación gubernamental de que la distribución de la publicidad oficial se realiza «a partir de sus audiencias, esencialmente» admite una evaluación empírica. Al contrastar las métricas de penetración (audiencia digital según Comscore y tiraje/circulación impresa) con los datos históricos de asignación del presupuesto federal en comunicación social documentados por organizaciones civiles como Artículo 19 y Fundar, se observan inconsistencias entre la narrativa oficial y la ejecución del gasto.

Medios analizados

1. Prensa de orientación crítica / tradicional de centro-derecha: El Universal y Reforma.
2. Prensa afín al proyecto oficialista / izquierda: La Jornada y El Heraldo de México.

Métricas de audiencia y patrón de gasto público

Medio de Comunicación	Perfil Editorial Declarado / Percibido	Penetración / Audiencia Digital y Física (Comscore / Circulación)	Estatus de Publicidad Oficial Federal (Gasto Real de la 4T)
El Universal	Crítico / Generalista	Líder histórico en tráfico digital en México (Comscore), disputando habitualmente el primer lugar en visitantes únicos y páginas vistas. Alta penetración impresa nacional.	Excluido / Cero asignación según declaración presidencial explícita del 5 de agosto de 2026.
Reforma	Crítico / Centro-derecha	Alto alcance en sectores de toma de decisión, liderando en el modelo de suscripción digital pagada y tiraje impreso en áreas metropolitanas.	Excluido / Cero asignación según declaración presidencial explícita del 5 de agosto de 2026.
La Jornada (Demos, Desarrollo de Medios)	Proclive al oficialismo / Izquierda	Audiencia digital e impresa moderada y especializada. Ocupa posiciones secundarias en el ranking general de Comscore frente a los portales comerciales masivos.	Top 1–3 de beneficiarios nacionales. Concentró entre el 8.7% y el 10.4% del presupuesto federal total de publicidad oficial durante el periodo 2019–2024, acumulando más de 1,500 millones de pesos.
El Heraldo de México	Proclive al oficialismo / Generalista	Alto crecimiento digital. Se posiciona con frecuencia en los primeros lugares de alcance digital según métricas de Comscore.	Alta recepción de gasto público, formando parte del grupo concentrador de pauta gubernamental a nivel federal y local.

Hallazgos del contraste

• Desconexión en el caso de La Jornada: De acuerdo con los informes de Artículo 19 y Fundar, La Jornada captó más del 9% del gasto total en publicidad oficial de la administración federal de Andrés Manuel López Obrador y la transición a Claudia Sheinbaum, situándose al mismo nivel presupuestal que consorcios televisivos masivos como Televisa. Sin embargo, sus cifras de alcance digital y tiraje impreso se sitúan muy por debajo de los volúmenes de lectores que registran El Universal o las plataformas de Grupo Reforma.
• Penalización a medios de alta audiencia: El Universal, a pesar de figurar de forma constante en el primer o segundo lugar de tráfico en mediciones consolidadas de Comscore para sitios de noticias en México, fue vetado de la pauta pública. Esto demuestra que el criterio de «audiencias» no se aplica como una regla matemática uniforme, sino que coexiste con filtros de afinidad política y cumplimiento de condiciones fijadas por el Ejecutivo.
• Concentración del gasto: A pesar de la reducción general del presupuesto de comunicación social a un tercio de lo gastado en el sexenio de Peña Nieto, los informes de Artículo 19 señalan que persiste una altísima concentración: alrededor del 45% al 50% de los fondos públicos federales se destinaron a solo 10 proveedores mediáticos de un total de más de 400 a 900 contratistas registrados.

Conclusiones

1. Evolución del discurso presidencial: El enunciado «No te pago para que me peguen» de José López Portillo en 1982 exponía sin tapujos el uso de la publicidad oficial como un garrote financiero e instrumento de censura indirecta. En 2026, la formulación de Claudia Sheinbaum desplaza el argumento hacia la moralidad del gasto («fin del chayote»), la austeridad presupuestal y el cumplimiento fiscal, aunque en la práctica mantiene la exclusión de medios con líneas editoriales marcadamente críticas.
2. Incongruencia entre la narrativa de audiencias y la asignación real: El análisis empírico de las métricas de consumo informativo revela que el volumen de audiencia no es el determinante único en la distribución de la pauta gubernamental. Medios con audiencias masivas como El Universal o de alta penetración como Reforma quedan fuera del presupuesto, mientras que impresos con menor escala de lectores, como La Jornada, se mantienen de forma constante como los principales receptores del gasto público federal.
3. Asignatura pendiente de regulación: La persistencia de discrecionalidad en la asignación de recursos públicos —independientemente de las fluctuaciones en los montos ejercidos— subraya la ausencia de una Ley General de Comunicación Social adaptada a estándares internacionales que fije criterios técnicos, objetivos, transparentes e imparciales de distribución, tal como han señalado recurrentemente organismos defensores de la libertad de expresión. O simplemente el incumplimiento de los lineamientos vigentes.

Foto portada: Inteligencia artificial (IA)