Por Joaquín Hurtado
¿Cómo proteger la libertad de expresión en un mundo donde las amenazas ya no provienen exclusivamente del Estado? La libertad de expresión enfrenta múltiples centros de poder. Reducir el debate a una disputa entre ciudadanos y gobierno resulta insuficiente.
Cada vez que en México se pretende reformar una ley relacionada con los medios de comunicación, reaparece una palabra capaz de incendiar el debate público: la censura. No se trata de una reacción gratuita ni de una paranoia colectiva. La historia política del país dejó una memoria persistente sobre los riesgos de concentrar demasiado poder en el Estado. Bajo el régimen del partido hegemónico, el Estado combinó políticas sociales con mecanismos de control durísimos sobre la prensa, la cultura y la disidencia.
Ese pasado explica que cualquier intento de regular la comunicación despierte sospechas, incluso cuando sus objetivos declarados sean legítimos. Y vuelve a ocurrir ahora, entre quienes advierten el riesgo de un eventual control gubernamental y quienes, postura que comparto, sostienen que es indispensable proteger el derecho de la ciudadanía a recibir información clara, distinguir los hechos de la propaganda y contar con herramientas para defenderse de la manipulación.
Durante buena parte del siglo XX, el principal temor de las democracias mundiales fue la censura estatal. La imagen del funcionario tachando periódicos o clausurando estaciones de radio sigue siendo un recordatorio de los peligros del poder concentrado. Pero el siglo XXI ha vuelto mucho más complejo ese paisaje.
Hoy la circulación de la información también depende de corporaciones tecnológicas capaces de modificar algoritmos, de monopolios mediáticos que fijan la agenda pública, de campañas coordinadas de desinformación y de poderes económicos que pueden premiar o castigar líneas editoriales mediante la publicidad.
En medio del ruido, suele perderse de vista el origen de esta legislación. La Ley de las Audiencias nació de una idea sencilla: quienes escuchamos la radio o encendemos la televisión no somos consumidores pasivos, sino ciudadanos titulares de derechos.
Por ello, la mejor versión de una Ley de las Audiencias no debería entenderse como un instrumento para vigilar lo que puede decirse, sino como una herramienta para ampliar la autonomía de la ciudadanía frente a cualquier forma de dominación informativa. Una audiencia protegida es una audiencia capaz de reconocer cuándo le venden propaganda como noticia, cuándo una opinión se presenta como un hecho o cuándo determinados intereses económicos condicionan aquello que aparece en pantalla.
En ese sentido, la discusión deja de ser exclusivamente jurídica para convertirse en un problema democrático. La pregunta ya no es si el Estado debe intervenir o abstenerse por completo. La verdadera cuestión consiste en determinar qué tipo de instituciones permiten que las personas puedan defenderse de cualquier poder que pretenda monopolizar la verdad.
Una democracia madura no protege únicamente el derecho a hablar. Protege también el derecho a disentir. Y ese derecho no puede depender de la simpatía que un gobierno tenga hacia sus críticos, pero tampoco de la voluntad de empresas privadas cuyo objetivo principal es el lucro, la rentabilidad. Disentir significa conservar la posibilidad de expresar una idea incómoda, cuestionar consensos, denunciar abusos y proponer alternativas sin temor a represalias provenientes de ningún centro de poder.
Por eso la discusión sobre los derechos de las audiencias debería ampliarse. No basta con exigir transparencia a los medios tradicionales. Es necesario construir mecanismos que fortalezcan a la ciudadanía frente a todas aquellas fuerzas, públicas o privadas, que vulneren derechos humanos mediante campañas de odio, manipulación informativa, discriminación o concentración excesiva del espacio público.
La defensa de las audiencias no debe convertirse en un arma para disciplinar periodistas ni en un pretexto para blindar intereses empresariales. Debe ser un mecanismo para distribuir mejor el poder. Cuanto más herramientas tenga la ciudadanía para exigir información verificable, identificar conflictos de interés, acceder a diversas perspectivas y reclamar cuando sus derechos sean vulnerados, menos vulnerable será frente a cualquier forma de autoritarismo.
En tiempos en que distintas democracias del globo experimentan el ascenso de políticas cada vez más punitivas, la respuesta no consiste en debilitar los derechos, sino en ampliarlos. La mejor garantía contra la censura no es la ausencia absoluta de regulación, sino la existencia de instituciones independientes, medios plurales, ciudadanos críticos y reglas que impidan que un solo actor, político o económico, capture la conversación pública.
Al final, la calidad de una democracia no se mide por la fuerza de quien gobierna, sino por la protección que ofrece a quien piensa distinto. Si la Ley de las Audiencias logra fortalecer ese principio, yo la apoyaré.
