Santiago Nieto, jefe de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), afirmó este jueves que las instituciones crediticias del país lavan aproximadamente 50 mil millones de dólares (aproximadamente 1 billón de pesos) cada año, una situación que no podrá revertirse mientras el Estado no combata el delito de manera frontal.
El funcionario federal señaló que México es la décimo quinta economía más importante del mundo por su tamaño y, en este sentido «estar hablando de más 50 mil millones de dólares lavados de manera anual en el sistema financiero y en las actividades vulnerables del país” representa todo un reto.
Por ello, insistió, el gobierno encabezado por Andrés Manuel López Obrador redoblará sus esfuerzos para aumentar el número de denuncias y, sobre todo, de condenas contra personas que cometan este delito.
Van contra lavado de dinero en medicinas
Asimismo, adelantó que la unidad a su cargo prepara un informe sobre la posible comisión de delitos en compras de medicinas, donde se detalla que algunas empresas vendieron al gobierno con sobreprecios y prácticas monopólicas que sólo se explican en un contexto de corrupción y colusión son autoridades. “No puedo dar datos de ningún caso en específico en razón de que se puede violar la presunción de inocencia y el debido proceso, y sí he sido respetuoso por un caso reciente que hubo, de que este tipo de conductas no sucedan para efectos de no enrarecer los procesos que se desarrollen en la Fiscalía General de la Republica”. Santiago Nieto
Nieto Castillo agregó que la UIF también trabaja en la elaboración de una base de datos de “personajes políticamente expuestos” en el país, una acción que busca cumplir con los requerimientos del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI).
Según información de la propia GAFI, en esta lista se debe incluir a «individuos que desempeñan o han desempeñado funciones públicas destacadas, por ejemplo, jefes de Estado, políticos de alta jerarquía, funcionarios gubernamentales, judiciales o militares de alta jerarquía, altos ejecutivos de empresas estatales, funcionarios importantes de partidos políticos».
