Por Eloy Garza González
Las consultas ciudadanas sirven para ampliar la democracia. Es decir, sirven para que la gente participe más en la decisión de políticas públicas que nos atañen a todos. Por eso se llama democracia participativa.
Ahora bien, en el caso de la consulta sobre llevar a juicio a los ex presidentes, no se amplía la democracia. Esto, por una razón muy simple: en la impartición de justicia no se aplica la democracia, sino el derecho.
Además, la Suprema Corte cambió la pregunta concreta inicial del Presidente López Obrador sobre si queríamos ver procesados a Salinas, Zedillo, Fox, Calderón y Peña Nieto, por un trabalenguas disfrazado de pregunta, Lo cual se entiende que lo hizo la Corte para no violar el debido proceso al eventual imputado.
Aún cuando vote más del 40%, del padrón (cosa que les apuesto no sucederá) y gane el sí, la consulta no tendría ningún efecto legal. No por eso se iniciaría un proceso penal, legítimo, por parte del Poder Judicial (eso depende en todo caso de que se abra una carpeta de investigación). Y de iniciar un proceso el Poder Judicial esa medida sería inconstitucional. Así de simple.
De manera que esta consulta es un derroche bestial de dinero público, carece de relevancia y genera confusión en la educación cívica de los mexicanos.
Lo único bueno en este sainete es que ya dejemos de ajustar cuenta permanente con los gobiernos pasados (que sin duda fueron muy corruptos y tracaleros) y evaluemos los resultados del gobierno actual. Si un expresidente cometió un delito, que se le juzgue y listo.
Todavía mejor: vamos a crear una Comisión de la Verdad para que se esclarezca el paradero y destino de todos los desaparecidos y los ejecutados extrajudicialmente, violando flagrantemente derechos humanos. Basta ya de tolerar tanta impunidad.
