Servicio deficiente, escasez de unidades, la tarifa más alta del país e intentos de aplicar un «tarifazo», son una constante en el transporte público de Nuevo León.
Si bien a inicios de la administración del gobernador Jaime Rodríguez Calderón se prestaba ya un mal servicio, esté fue en caída libre con la llegada de la pandemia de Covid-19 a la entidad.
Ante la negativa de un aumento en las tarifas por parte del Estado, empresarios trasportistas buscaron ampararse y evadir las acciones del Instituto de Movilidad y Accesibilidad Nuevo León.
Día con día, los usuarios enfrentan un viacrucis para abordar la ruta que los lleve a sus destinos, llegando tarde a sus lugares de empleo.
Tras reducir de 4 mil a 2 mil los camiones en operación, las frecuencias de paso se dispararon de 10 minutos a una hora e incluso una hora y media.
Al argumentar que la situación se ha vuelto insostenible, la Asociación del Transporte Público de Pasajeros de Nuevo León amagó con aplicar el incremento en las tarifas aprobado por el Consejo de Transporte y Vialidad en septiembre del 2018.
A decir de los transportistas, el cargar con una tarifa estática durante los últimos ocho años afectó su operación al grado que regresaron las unidades nuevas que faltaban por pagar, y otras más se encuentran inmovilizadas en sus patios.
No obstante, Rodríguez Calderón descartó un incremento en las tarifas del transporte público por lo que resta de su administración, y llamó a los usuarios a no pagar ningún tipo de aumento.
«No hay aprobación a eso (incremento en las tarifas), es una intención de los empresarios del transporte, no es nada más porque ellos dicen, yo les contestaría a ellos que por qué no han comprado camiones en tantos años», manifestó.
«Yo no puedo agredir al usuario del transporte en este momento de crisis económica, no lo haré, no en lo que queda de mi mandato».
«Vamos a pedirle a los usuarios que no paguen, que los usuarios no paguen, no ha sido aprobado ningún incremento, el que lo suba está cometiendo un delito, y pagará las consecuencias, es decir, nadie puede ir contra la ley», puntualizó.
El Bronco recordó que la propuesta del Consejo de Transporte y Vialidad fue vetada por la situación económica que enfrenta la entidad, luego que usuarios, asociaciones, cámaras empresariales, diputados, incluido García Sepúlveda, entro otros entes políticos, dijeran no al «tarifazo».
«Ellos (los transportistas) dieron medias verdades, no es así como ellos dices, no hay ninguna aprobación de ninguna tarifa ni hubo, ellos platearon al Consejo incremento de tarifas, y el Consejo dijo que lo revisaría, y yo decidí que no en ese momento porque tenía facultades para ello, hoy no las tengo».
«Cuando ese famoso acuerdo del Consejo, casi destruyen el Palacio los usuarios y también los Diputados, incluyendo a Samuel, a ‘La Manzanita’ (Arturo Salinas, ahora Presidente del Tribunal Superior de Justicia), a los presidentes municipales».
«Vinieron a la plaza y dijeron: ‘No al tarifazo’, entendí que la comunidad en general no estaba de acuerdo».
Rodríguez Calderón cuestionó que el gremio insista que el transporte ya no es negocio, cuando las rutas operadas por el Estado han sido un éxito, además de que los empresarios mantienen una vida ostentosa.
«A los empresarios yo los convoco a que se sienten en el Consejo, si no es negocio ¿por qué siguen en él? ¿por qué siguen yéndose a África de cacería? ¿por qué siguen viviendo ellos en la misma condición económica que siempre han vivido?´».
«¿Por qué el gobierno que tiene sus rutas si es negocio? ¿por qué, cuál es la circunstancia? ¿Por qué el gobierno si le es (negocio) y por qué a ellos no? ¿por qué el gobierno si cumple con las rutas que tienen en los principios de darle un buen servicio a la comunidad y por qué ellos no?».
No obstante, pese a que Rodríguez Calderón advirtió que sería un delito, los empresarios del gremio mantienen la idea de aumentar.
José Alberto Almaraz, vocero de la Asociación de Transporte Público de Pasajeros de Nuevo León, indicó que trabajan legalmente en un ajuste en los cobros por pasaje, con base a lo aprobado por el Consejo de Vialidad y Transporte.
Pues las diferentes rutas enfrentan la peor crisis de la historia al contar con apenas 2 mil 747 unidades.
«Estamos a días del aumento, nos reunimos para acordar el mejor momento, y jurídicamente bien protegidos», subrayó
Aseveró que su intención no es afectar el bolsillo de los usuarios.
«Es un movimiento jurídico-legal que estamos ejerciendo los transportistas en función de nuestro derecho y la supervivencia del sistema», señaló Abelardo Martínez.
Tras revelar que ya sostuvieron reuniones con el gobernador electo, Samuel García Sepúlveda, sugirió al gobierno del estado pedir una partida para el Presupuesto del 2022 y de ahí se pueda completar el pago por kilómetro recorrido.
«Esa es una propuesta, en principio fría, y nosotros la cuestionamos, porque ellos a lo mejor pueden estar pensando que con el mismo dinero que recauden nos van a pagar y al irnos a un esquema de pago por kilómetro, con las experiencias y evidencias que tenemos, pues no alcanzaría, no sería así», mencionó Martínez.
«Precisamente por eso nosotros solicitamos que en este próximo presupuesto que va a autorizar el Congreso para el año 2022 esté establecida una partida presupuestal para el tema de movilidad y del pago por kilómetro, para que puedan gastar dinero y que les asignen dinero, porque si no, no lo van a poder completar», añadió.
Explicó que el ejemplo más cercano o actual que se tiene del pago de kilómetro recorrido es en los Transmetro, mismos que tienen precios que van de 30 a 34 pesos más IVA.
Aunque agregó que el gobierno que encabezará Samuel García ya tiene algunas propuestas, entre ellas un nuevo sistema alimentador.
«Hernán Villarreal está planteando desarrollar un programa de pago por kilómetro en el transporte. Se han tenido las primeras dos reuniones y hay muchísimas dudas que están planteadas sobre la mesa, que se tendrán que ir despejando, se tendrán que ir desarrollando todos los alcances que pueda tener este sistema».
Advirtió que deberán de asignar carriles exclusivos o preferentes con la semaforización adecuada para las rutas, de lo contrario, no podrá realizarse.
A la par, Luis Fernando Morales Rizzi, Subdirector General del IMA, confirmó que muchas rutas recurrieron al amparo.
«La realidad es que tenemos alrededor del 50 por ciento de las rutas con amparo, la gran mayoría tienen suspensiones y las suspensiones en muchos de las resoluciones otorgadas por los jueces de distrito hablan de que no se realice ningún acto de molestia».
«Hablan de que no se realice ningún acto de molestia sobre sus bienes o sus derechos derivados de la concesión del permiso y entonces el ir a hacer una inspección implica un acto de molestia y podríamos estar violentando una suspensión de amparo».
A pregunta expresa sobre cuál será su actuar en caso de los trasportistas incrementen la tarifa, como amagaron, indicó que esperarán a ver qué acciones realizan para responder.
«Legalmente no está autorizado (el incremento en las tarifas). Primero vamos a esperar a ver que hacen ellos para actuar», comentó.
Villarreal, quien se perfila como el próximo Secretario de Gobierno en el Estado, adelantó que durante la próxima administración privilegiarán el diálogo para que los transportistas se desistan.
«Nosotros verificaremos esa información legal, pero sobre todo nosotros vamos a gestionar y a dialogar para que todos esos amparos que impiden la prestación de un buen servicio, se desistan de esos amparos».
«Realmente, todos los esfuerzos que se han realizado en aspectos de supervisiones e inspecciones y todo esto, pues al final no se vio reflejado en que la ciudadanía perciba un mejor transporte público».
«Lo importante es que la comunidad perciba un mejor transporte y lo use, y no me sirven todas las acciones si al final de cuentas la gente no está utilizando el transporte«, añadió.
