Luego de que un juez federal, adscrito al Centro de Justicia Penal Federal en Almoloya, negó de manera definitiva girar detenciones contra de 31 científicos y exfuncionarios del Foro Consultivo Científico y Tecnológico del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt), bajo el argumento de que la FGR presentó elementos insuficientes para llevar a los investigadores a juicio, la Fiscalía General de la República (FGR) informó que solicitará nuevamente las órdenes de aprehensión.
Debido a que presuntamente integrantes del Foro Consultivo recibieron ilegalmente 50 millones de pesos por parte del Consejo en el sexenio de Enrique Peña Nieto, la FGR considera que se configuran los delitos de peculado, uso ilícito de atribuciones y facultades, lavado de dinero y delincuencia organizada.
Mediante un comunicado, la FGR informó que volverá a solicitar la orden de aprehensión, explicando con toda claridad lo que se considera un hecho delictivo patrimonial imputable a dichas personas, así como las pruebas que lo acreditan.
“El Juez de Distrito señala en su negativa que la empresa privada que crearon, autorizaron y fondearon servidores públicos del Conacyt, para después incorporarse a ella; y en la que ellos mismos utilizaron recursos federales destinados a la investigación científica para favorecer a dicha empresa privada en su compra de muebles, vehículos, inmuebles, salarios y servicios directos, no es un hecho delictivo, en razón de que el Foro de Consulta señalado en el estatuto del Conacyt, lo autoriza”, se lee en el comunicado.
“Ese criterio no es aceptable para la FGR, ya que un estatuto interno emitido ad-hoc por los propios funcionarios del Conacyt, no puede ir en contra de lo señalado por la Ley de Ciencia y Tecnología y por la Ley Orgánica del propio Conacyt, que son obligatorias para ellos, y que consideran al Foro como un órgano interno de esa Institución, y no permiten, en modo alguno, que dicha dependencia pueda convertirse en una empresa privada, que obtenga sus fondos, sus beneficios, recursos y salarios del presupuesto público destinado a la investigación científica, utilizando dicho estatuto en contra de las leyes ya señaladas, que son de jerarquía superior y obligatoria”, explicó la fiscalía.
