Organizaciones de la sociedad civil consiguieron que la Cámara de Diputados incluya en este periodo ordinario (antes del 30 de abril) una iniciativa de ley general para fortalecer los derechos de las personas defensoras de derechos humanos y periodistas.
Uno de los objetivos principales de la Ley General para Respetar, Proteger, Garantizar y Promover los Derechos de las Personas Defensoras de Derechos Humanos y Personas Periodistas, de acuerdo con los promotores, es que el Estado mexicano garantice los derechos a defender e informar a la sociedad, y que las personas que realizan esta labor tengan mayor garantía en cuanto a su seguridad.
Alejandro Cerezo, integrante de Acción Urgente para Defensores de los Derechos Humanos (ACUDDEH), señaló que dicha iniciativa de ley tiene consideraciones generales y es de carácter público, lo que impone “obligaciones a todos los niveles de gobierno” para implementarla.
“Otros aspectos importantes que enmarca es que pone como sujetos de derechos a defensores y periodistas; describe las obligaciones que tiene los servidores públicos ante esos derechos y describe, por lo menos, 8 tipos penales que los servidores públicos pueden cometer cuánto violentan a defensores y periodistas”.
En conferencia de prensa, las organizaciones dijeron que buscan terminar con la impunidad imperante en las agresiones a través de una unidad de investigación, litigación y análisis de contexto, descritas en cuanto a su función en dicha ley.
Entre otras características, la Ley contiene capítulos dedicados a la transparencia y acceso a la información, perspectiva de género y a la capacitación que deben tener los funcionarios respecto de este tipo de agresiones. También se habla sobre la atención especial a las víctimas de desplazamiento y a la reparación de daño.
Por su parte, Fernando Ríos, de la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos “Todos los Derechos para Todas y Todos”, refirió que la iniciativa refleja todos los tratados internacionales de los que forma parte México por lo que “brindaría un paraguas mayor en protección de derechos humanos”.
“Pedimos que esta ley sea general, de orden público, interés social y observancia. Que no se puede limitar a que las agresiones solo sean en el ámbito federal cuando son caracterizadas por el gobernador en turno o autoridad local. Ello brindaría una atención integral de protección”.
La propuesta de Ley fue resultado de más de 120 organizaciones civiles que, a través de 8 mesas técnicas legislativas en formato de parlamento abierto y público, lograron que la diputada presidenta de la Comisión de Gobernación y Población, Rocío Barrera la presentara en San Lázaro.
Entre las organizaciones impulsoras se encuentran ACUDDEH, Comité Cerezo, Red TDT, Movimiento de Unificación y Lucha Triqui, Colectivo Infrarealismo Jurídico, colectivas feministas y beneficiarios del mecanismo federal de protección a personas defensoras y periodistas.
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