Diputados locales de Acción Nacional demandaron al secretario de Salud, Jorge Alcocer Varela, a regresar al modelo del Seguro Popular, para así garantizar el derecho de acceso a la salud a más de 52 millones de mexicanos, que representan casi la mitad de la población del país.
Lo anterior lo manifestaron ante la deficiente política pública en la creación del Instituto de Salud para el Bienestar (INSABI) y la información pública de más de 1 mil 600 niños y niñas que han fallecido por la falta de medicamentos oncológicos.
El legislador panista Roberto Farías García, señaló que el Seguro Popular se implementó en el año 2004 con el objetivo específico de brindar acceso a los servicios de salud a aquellas personas que carecen de Seguridad Social.
«Más de la mitad de los mexicanos trabajan en la informalidad, lo que significa que no tienen acceso a los servicios de salud que proporcionan el IMSS o el ISSSTE. El Seguro Popular atendió a esta población.
Discuten cobertura del Seguro Popular
«En el Grupo Legislativo del Partido Acción Nacional sostenemos que no es posible hablar del Seguro Popular, sin mencionar su amplia cobertura», abundó Roberto Farías en el posicionamiento.
Precisó que en el año 2019 la población afiliada al Seguro Popular era 10 veces lo que era en el 2004, cuando el programa se implementó; mientras en el 2004, 5.2 millones de mexicanos tenían Seguro Popular, en el 2019, alrededor de 52 millones de personas tenían la protección de este servicio nacional de salud.
«Esta cantidad representó a casi la mitad de la población mexicana. Cuatro de cada diez personas en México tenían acceso a la salud a través del Seguro Popular«, refirió.
Farías García añadió que han sido públicas y notorias las protestas de familiares de niños con cáncer, a lo cual la Secretaría de Salud, afirmó garantizar que absorbería los gastos, incluidos todos los tipos de padecimientos oncológicos, así como los análisis clínicos, medicamentos y demás insumos requeridos, lo cual no aconteció.
«De acuerdo con datos del Consejo Nacional de Evaluación de Política de Desarrollo Social (CONEVAL), es evidente que se ha fracasado con la creación del INSABI, toda vez que existe menor acceso a los servicios de salud y que afectó a mayor medida a la población en pobreza extrema, pasando de un 25.6% en 2018 a un 57.3% en el 2020; la creación del Instituto Nacional de Bienestar ha sido una política improvisada que sustituye mediocremente a un programa consolidado.