Por Carlos Chavarría
Nada bueno puede presagiar el que de nuevo el presidencialismo mexicano exhiba su peor rostro bajo la voluntad de un político inspirado por quién sabe que propósitos ideológicos, este sí como un verdadero emisario del oscuro pasado del poder en México.
Ya no puede negarse más, López Obrador abreva en el modo de gobernar del peor ejemplo del uso del poder que nos ha dado la historia reciente: Luis Echeverría.
Cuando Echeverría quiso pasar a la historia como el más grande estadista del mundo, en su intento inventó tantos enemigos como le fue posible, el más notorio por su equivalente actual, fue el pleito gratuito que se ganó con el Estado de Israel al que enemistó con aquello de que el “sionismo es una forma de racismo” que lanzó en la primera vez que se celebraba el Año Internacional de la Mujer, todo en su loco afán de ganar la Secretaría General de la ONU poniéndose en el centro de la Guerra Fría y haciéndose eco del discurso de los llamados “países no alienados” de aquel entonces.
Como hoy, Echeverría quería ocultar el desastre económico que se avecinaba, y también como ahora, usaba el poder y las relaciones internacionales de México como escudo distractor de su fracaso.
Echeverría también usó a Doctrina Estrada a su conveniencia y ritmo de sus devaneos y también como ahora le lanzó a España sendas acusaciones de violación de los derechos humanos por parte del franquismo, como si le correspondiera precisamente a él ser el ejemplo de tales críticas.
Lo que en el fondo deberíamos estar debatiendo es hasta cuándo vamos a permitir que cada nuevo presidente use a su antojo instituciones y leyes según su conveniencia.
Está muy a la vista la intención de volver al pasado en la actual administración, echando para abajo los tibios intentos de controlar al gobierno a través de “órganos dotados de autonomía”, pero sin enlaces reales de control desde el aparato de Estado, habida cuenta del servilismo del Poder Legislativo y de la lentitud del Poder Judicial para responder a los intentos cotidianos del Ejecutivo.
En los singulares tiempos que nos toca vivir, entre crisis políticas, económicas y sanitarias, se ha vuelto habitual el que muchos medios masivos oficiales y privados, así como las mal llamadas redes sociales, difundan información presentada como «la única válida», no porque se haya demostrado de manera objetiva, lógica y libre de sesgos la validez del contenido de la información vertida, sino en virtud de la fuente de la cual proviene, o bien por una cuestión de consenso.
Esto ha provocado una masiva cacería de brujas en contra de aquellas voces independientes las cuales, al margen de que su refutación sea válida o no, decidieron no quedarse en silencio y acatar el discurso que los gobiernos y medios les inculquen, cual lección de escuela.
En este contexto, es común que los irascibles defensores de «la única información válida», ergo, la del gobierno, ante la falta de argumentación y criterio propio, recurran a todas las falacias posibles, las de autoridad, 𝘢𝘥 𝘩𝘰𝘮𝘪𝘯𝘦𝘮, falsa equivalencia, falso dilema, entre las mas socorridas, con el objetivo de desacreditar, menospreciar, ridiculizar y obliterar cualquier voz disidente.
Pero es aquí en donde más agudo requiere ser el sentido crítico con el que se evalúa una opinión y más aún un argumento, pues la verdad jamás dependerá de cuestiones externas a la misma, como aquellas en relación con quien la esgrime, sino únicamente del contenido de ésta.
No debemos perdernos en las diatribas provocadas todos los días por el presidente, el problema real reside en el enorme poder de todos los políticos en funciones y la manera en que se han servido de él, para ellos y sus allegados, además de la imposibilidad real de asegurar que se conduzcan dentro de lo que la ley dicta e impone.
