Debido a que, según información de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), durante la pandemia, aumentó en 117% la producción y consumo de pornografía infantil, la diputada federal por Movimiento Regeneración Nacional (Morena), Dulce María Silva, presentó una iniciativa de reforma para incrementar y aplicar penas más severas al público consumidor de pornografía infantil, esto con la intención de que esto inhiba a este sector y evitar que este ilícito siga proliferando en México.
A través de un comunicado oficial, la Cámara de Diputados difundió el pasado sábado 19 de febrero, un comunicado oficial de la secretaria de la Comisión de Derechos de la Niñez y Adolescencia que plantea modificar la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de estos Delitos.
La iniciativa, que deberá ser dictaminada en comisiones para luego pasar a su discusión en el pleno, contempla aumentar las penas en materia de pornografía infantil, sancionar el ver y poseer dicho material, así como castigar a quienes por cualquier medio lo reciba y no denuncie el hecho ante las autoridades.
De manera particular, la iniciativa busca reformar el Artículo 17 de la ley señalada para imponer pena de 10 a 25 años de prisión y de 2 mil a 30 mil días multa al que almacene, posea, vea, adquiera o arriende para sí o para un tercero el material, sin fines de comercialización o distribución, así como para quien por cualquier medio reciba dicho material y no denuncie el hecho ante las autoridades.
Durante la exposición de motivos, Silva Hernández apuntó que no debería existir una distinción entre el generador o vendedor de pornografía infantil y el comprador o consumidor final, “ya que son igualmente responsables, e incluso más, debido a que la demanda de estos materiales es precisamente el detonador del delito”, por lo que la diputada consideró necesario dar un paso más en favor de las víctimas de trata de personas, particularmente de las niñas, niños y adolescentes, así como de avanzar en el combate y erradicación de este delito.
“Ver y poseer pornografía constituye un acto premeditado y aberrante que debe ser sancionado con severidad. De igual manera, recibir materiales pornográficos donde participen personas menores de edad y no denunciar el hecho a las autoridades, convierte al receptor en cómplice”, señaló.
La legisladora expresó contundente que la pornografía, particularmente la que resulta de la trata de personas, y específicamente la que involucra a personas menores de edad, no debe ser tolerada, normalizada, ni pasada por alto por ningún miembro de la sociedad.
“Se pretende asegurar su punibilidad, cerrando la puerta a cualquier sesgo interpretativo, así como aumentar las penas para desalentar su incidencia”, indicó.
La legisladora recordó que entre marzo y abril de 2020 hubo un incremento de 73% de los reportes de pornografía infantil en México, mismos que se relacionaron con Facebook al 80 por ciento, de acuerdo con el Centro de Respuesta de Incidentes Cibernéticos de la Dirección General Científica de la Guardia Nacional.
Pero además, a mediados de diciembre de 2021, una investigación reveló que 60% de la pornografía infantil global se produce en México y, de acuerdo a cifras dadas a conocer por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), durante la pandemia de COVID-19 en la República, aumentó en 117% la producción y consumo de pornografía infantil. Se calcula que 21 mil niños son secuestrados anualmente en México para explotación sexual infantil.
Y es precisamente por la gravedad de los hechos y el incremento del problema exigen soluciones por parte del Poder Legislativo para perfeccionar la norma jurídica a fin de que este delito no quede impune, pues “datos ubican a México en el primer lugar mundial como emisor de pornografía infantil”
