Por José Jaime Ruiz
@ruizjosejaime
En Nuevo León la autoridad empieza a ser “desautorizada” por los ciudadanos o se “desautoriza” a sí misma. ¿Quiénes autorizan que la autoridad sea autoridad? Precisamente los ciudadanos.
Michelangelo Bovero expone: “Si se quiere distinguir al poder coactivo de la organización política del poder coactivo de otras organizaciones o grupos, parece pues indispensable vincular la noción de poder político a la de legitimación: la tradicional ‘investidura’. O como dice Kelsen, que repropone el problema en términos análogos a los de San Agustín, si se quiere distinguir el mandato del Estado de la intimidación del bandido es necesario concebir el poder político como poder ‘autorizado’”.
El secretario de Seguridad, Aldo Fasci Zuazua, desautoriza a los familiares de víctimas desaparecidas, peor aún, las revictimiza al desestimar las circunstancias: “Son desapariciones por el simple hecho de que no se reportan con sus papás las menores o mujeres adultas”. Ese es el nivel de ninguneo de Aldo ante la crisis feminicida en Nuevo León: el secretario de Seguridad proporciona inseguridad, desautoriza a los ciudadanos que autorizaron a Samuel Alejandro como gobernador. El supino desprecio de Aldo por las víctimas de feminicidios y desaparición hace que las colectivas feministas le pidan al gobernador que lo quite de su cargo.
Desautorización doble. El poder, al actuar contra los ciudadanos, desautoriza su autoridad y los ciudadanos, lógicamente, lo desautorizan, lo deslegitiman. Se cae la “investidura”, el poder se encuentra desnudo.
A través de las redes sociales, la Fiscalía General de Justicia, cuyo titular es Gustavo Adolfo Guerrero, publica lo insólito: “En este momento, aunque lo deseamos, no es posible aclarar las interrogantes porque esto puede afectar la investigación y la detención del o los responsables (…) Una vez concluida la investigación inicial y la imputación correspondiente, que deberá probar los hechos ocurridos en realidad, estaremos en condiciones de establecer la cronología y circunstancias de estos lamentables hechos”.
Al tratar de justificar su actividad indagatoria, la fiscalía se desautoriza como entidad investigadora. ¿En que afecta a la investigación decirnos por qué no tomaron en cuenta el GPS del celular de Mafer y no revisaron el domicilio? ¿Acaso no supieron que a través de la ventana de la residencia se podían ver manchas de sangre? ¿Por qué los “investigadores” dejaron que el papá de Marifer investigara solo? ¿En qué afecta a la indagatoria que se resuelvan estas dudas? ¿Afecta a la indagatoria o afecta a la negligente fiscalía? Por resolver estas preguntas, ¿el o los culpables nunca podrán ser detenidos?
¿Por qué la Fiscalía desestimó el hallazgo del cuerpo en Santa Rosa y pidió “paciencia”? ¿Por qué no dijeron qué huellas se encontraron en los objetos personales de María Fernanda y en su auto? ¿Qué imágenes arrojaron las cámaras de seguridad que se encuentran en el recorrido que realizó en Monterrey, San Nicolás y Apodaca? ¿Faltaron pruebas para liberar a un sospechoso que está ilocalizable?
¿Por qué afirmaron que un cuerpo hallado se encontraba en estado de “descomposición” y que por eso no podían identificar de quién era? ¿No podían investigar mejor a través del ADN de su cabello o por el peso, altura, complexión? ¿Acaso un cuerpo se descompone en tan pocos días?
Es tanta la pachorra de la fiscalía en los casos de desaparecidas, pero no en la celeridad al encontrar los celulares robados en Pa’l Norte. En la proclamación de la infamia, existen niveles. La etimología nos concede el permiso. Autoridades desautorizadas, ya sin investidura, clinomaniacas, duermen el sueño de los injustos.
