El proyecto de reformas a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal prevé centralizar en la Función Pública la política general de contrataciones públicas.
El presidente Andrés Manuel López Obrador envió este martes a la Cámara de Diputados su iniciativa de reformas para transferir de la Secretaría de Hacienda a la Secretaría de la Función Pública (SFP) la coordinación y conducción de las Unidades Administrativas y Finanzas de las entidades de la Administración Pública Federal, con excepción de la Defensa Nacional, la Marina y las empresas productivas del Estado; señaló MILENIO.
El proyecto de reformas a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal prevé igualmente centralizar en la SFP la política general de contrataciones públicas, con la facultad de participar en las negociaciones comerciales internacionales relacionadas con compras del sector público, así como coordinar las compras estratégicas.
Adicionalmente se propone que la Función Pública esté facultada para consolidar las contrataciones de bienes y servicios de la Administración Pública Federal cuando de esa consolidación se deriven beneficios y ahorros para las finanzas públicas.
La iniciativa recibida a las 15:00 horas en el Palacio de San Lázaro considera asimismo la compactación de los órganos internos de control por sector, materia, especialidad o función específica, sin que exista necesariamente una de esas instancias para cada ente público, como ocurre actualmente.
Con la transferencia del control de las Unidades Administrativas y de Finanzas “se pretende que la Función Pública tenga la capacidad de prevenir conductas indebidas durante el ejercicio del gasto, mediante el establecimiento de mayores atribuciones para prevenir las prácticas de corrupción”.
“Estos cambios al marco jurídico, congruentes con la naturaleza de la SFP, coadyuvarán a fortalecer el adecuado ejercicio del servicio público mediante la vigilancia del gasto público durante su ejecución, garantizando su administración transparente, eficiente, austera y sin corrupción”, detalla el mandatario en su exposición de motivos; reportó MILENIO.
La Función Pública nombrará y removerá a los titulares de las Unidades de Administración y Finanzas, con el propósito de que su actuar y sus decisiones sean objetivas, imparciales e independientes, evitando posibles actos de corrupción o colusión de servidores públicos.
De igual forma podrá proponer a los órganos de gobierno de las entidades paraestatales el nombramiento y remoción de los responsables de dichas unidades.
La iniciativa plantea igualmente el rediseño en organización y funcionamiento de los órganos internos de control adscritos a la Función Pública, buscando la reducción de estructuras y la redistribución de funciones, así como generar ahorros y cubrir con la estructura mínima indispensable las necesidades de vigilancia, control y evaluación de la gestión pública.
“La presente iniciativa desarrolla la posibilidad de agrupar los órganos internos de control por sector, por materia, por especialización o por ente público (…), según corresponda a las necesidades que se delimiten para las mejores prácticas, la racionalidad y la austeridad republicana; indicó MILENIO.
Imagen Portada: Jorge Carballo | MILENIO
