Por Félix Cortés Camarillo
En el documento publicado en el Diario Oficial de la Federación que le hace entrar en vigor, se afirma que el acuerdo emitido el 22 de noviembre de 2021 en Palacio Nacional por el presidente López, lleva las firmas de todos los titulares del Poder Ejecutivo mexicano, desde Adán Augusto López, secretario de Gobernación, hasta Miguel Tomás Torruco Marqués, que lo es de Turismo. Todos los secretarios de Estado, dice, todos firmaron.
Ni falta que hacían. Suficiente es la rúbrica del presidente López para que este documento, que tan poca atención mereció en el momento de su emisión, oficializara la ley suprema que en este país rige desde el primer domingo de julio del 2018, apenas reconocido por Enrique Peña Nieto el resultado de las elecciones presidenciales: la ley de las pistolas del presidente Andrés Manuel López Obrador. La versión 4T de la ley de Herodes. En mis tiempos decía “o te chingas o te jodes”. Creo que no ha cambiado.
Enmarcaré la copia de ese acuerdo para que lo conozca mi descendencia; como desde ahora sé que mi descendencia nunca va a leer papel alguno (ya no lo hace), les dejaré encriptado un link para que se enteren de cómo el presidente López dio el mayor golpe de Estado que se propuso.
Dice el papel ese, falsamente, que conforme a la fracción primera del artículo 89 de la Constitución y los 26 y 90 de la misma (amén de una retahíla de artículos de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal) el señor presidente López puede hacer que se declaren “de interés público y seguridad nacional, la realización de proyectos y obras a cargo del Gobierno de México” en todos los sectores posibles. La lista va de comunicaciones, telecomunicaciones, aduanas, fronteras, aguas, ferrocarriles, puertos, energéticos o turismo. Más lo que se acumule esta semana. Traducido al castellano, todo lo que la Junta de Seguridad Nacional determine que es objeto de seguridad nacional es intocable, incuestionable, indiscutible y por mis huevos.
O los del Consejo de Seguridad Nacional. Según la ley de Seguridad Nacional, ese consejo se integra por los miembros del gabinete esenciales, además del Fiscal General y del Director del CISEN, que dicen que ya no existe. Adivinen quién lo preside. El presidente López.
Regresando al planeta Tierra, ese consejo determinó la semana pasada que las obras del tramo cinco del Tren Maya son asunto de seguridad nacional. Por lo tanto, ciudadanos, jueces, mayas, ambientalistas, empresarios, observadores, antropólogos, abogados de la civilidad, todos juntos se pueden ir a donde chifla el aire. Las obras del Tren Maya siguen, digan lo que digan los jueces de amparo, los científicos, los afectados en sus tierras y cultura, los que quieran sufrir. Siguen, porque me da la gana. Y esa regla se va a seguir aplicando a todas las obras, decisiones, designaciones u objeciones que el presidente López ponga sobre la mesa.
Esto es un golpe de Estado de terciopelo y con el Tren Maya se comenzó a practicar.
El acuerdo es tramposo de inicio: “solamente” instruye a las dependencias que tengan que expedir permisos para una obra su benevolencia y prontitud. Por ello, es un acuerdo que cuenta con la complicidad de los miembros del gabinete, que dizque firmaron el tal papel. Un decreto hubiera sido una decisión unipersonal que eventualmente podría requerir estudio y aprobación del Congreso. Eventualmente, es una discusión digna de Bizancio. Esto obedece a la definición lopezobradorista de democracia: Demos, pueblo; Cratos, mis huevos.
PILÓN PARA LA MAÑANERA (porque no me dejan entrar sin tapabocas): me lo dijo mi querida mujer Bertha, la curiosa: ¿ya notaste que en todas las fotos de ese señor con la cara difuminada que dicen es Rafael Caro Quintero, en todas, trae un papel entre las manos? ¿Acaso será la resolución de amparo que le puede garantizar que se quede en México evitando la extradición de los gringos tan deseada?
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