La Fiscalía General de la República halló un caos administrativo heredado de la extinta Procuraduría General de la República. Había un número desproporcionado de funcionarios de alta jerarquía y plazas eventuales con contratos de honorarios con elevadas prestaciones, así como gastos en viáticos y talleres de reparación no justificados.
También se encontró una falta de control sobre el estado y uso de cuatro mil vehículos terrestres, de los cuales una gran cantidad eran unidades blindadas utilizadas por funcionario y sus allegados, así como el uso irracional de aviones en actividades no relacionadas con la procuración de justicia.
Entre 2013 y 2015 se invirtieron más de mil millones de pesos en la compra, mantenimiento, capacitación y seguro de drones por medio de adjudicación directa, así como la compra de un avión por 19.5 millones de dólares, cuando su precio real es de 15.5 millones de dólares.
De los más de 4 mil elementos policiacos en activo para todo el país, 800 fueron asignados como escoltas a funcionarios, exfuncionarios, políticos y “personas diversas”.
Como parte de la reestructuración y fortalecimiento de la nueva fiscalía, Gertz Manera informó que se presentará un paquete de iniciativas de reforma a través de la nueva Ley Orgánica de la Fiscalía General de República, así como el proyecto de una nueva Ley Nacional de Cultura y Justicia Cívica.
También se busca reformar el Código Único de Procedimientos Penales, con el fin de fortalecer los derechos de las víctimas, combatir la reincidencia y compactar los tiempos procesados.
Con información de Notimex
Fotografía propiedad de: Fiscalía General de la República
