Por Hugo Rangel Vargas
La tragedia que mantiene en vilo a 10 trabajadores que se encuentran atrapados en una mina de carbón en Sabinas, Coahuila, así como a sus familias; sin duda vuelve a poner los reflectores en una actividad económica que sigue arrojando episodios trágicos para quienes laboran en la misma, así como para el medio ambiente y las comunidades en donde se asientan las explotaciones de minerales en el país.
Deterioro ambiental, marginación y pobreza, impunidad, descarga de contaminantes a cuerpos de agua y al aire, precarias condiciones laborales y de seguridad, invasión de tierras y violación a los derechos de las comunidades; son solo algunas de las externalidades perversas que deja tras de sí esta actividad que ha arrojado en los últimos años cifras obscenas de ganancias a magnates como Germán Larrea o el extinto Alberto Bailléres.
Baste revisar la veintena de municipios que encabezan la lista de mayor producción minera y comparar su elevado nivel de extracción de productos como oro, plata, cobre, fierro y zinc (principales minerales producidos en el país), con el grado de marginación de los mismos para darse cuenta de que la riqueza del subsuelo se encuentra debajo de territorios que son verdaderos infiernos de miseria.
Tan solo en Aquila, la empresa ítalo-argentina Ternium extrae desde hace años aproximadamente 15 mil toneladas diarias de mineral de hierro; y mientras esto ocurre, el 80 por ciento de la población de aquel municipio michoacano carece de acceso a la seguridad social y más de la mitad de la población todavía utiliza leña para cocinar.
La laxa regulación a esta actividad existente en el país, la convierten en altamente rentable, pero a costa de desgracias sociales y ambientales. Así, por ejemplo, la legislación mexicana no considera a los recursos minerales del subsuelo como prioritarios y entrega concesiones a las compañías prácticamente ad perpetuam.
De manera adicional, existe una vaguedad en materia de volúmenes de extracción de mineral y aun cuando recientemente se han hecho reformas que pretenden transferir recursos fiscales a los municipios mineros; vale decir que no se prevén restricciones que permitan retirar concesiones por daños ambientales tal como sucede en países como Chile o Ecuador.
Todas estas condiciones jurídicas pesan sobre un sector de la economía mexicana que tiene un fuerte componente de inversiones extranjeras que llegan a este país aprovechando la misma. Por ejemplo, el porcentaje que significa el valor agregado de la actividad minera (esto es el pago de los factores de la producción) con respecto al valor bruto de la producción, es el mismo prácticamente en México que en Estados Unidos. Sin embargo, el pago de salarios representa apenas un tercio de lo que éste significa en el vecino país del norte. Esto da cuenta de una actividad netamente extractiva que poco aporta al desarrollo del país.
La Cuarta Transformación debería prestar más atención a la actividad minera y adecuar su regulación para ajustarla a una nueva realidad ambiental y social en la que los conflictos por tierras y agua se convertirán en un foco de ingobernabilidad, de no prevenirse. Una minería de muerte no puede seguir siendo el sustento de fortunas manchadas con la sangre y el dolor de miles.
