Por Francisco Tijerina Elguezabal
No es un secreto que la confianza de la ciudadanía en sus autoridades es cada vez menor y de ello no se puede culpar a nadie más que a los propios funcionarios públicos.
Y es que, ¿cómo diantres defiendes la tardanza en resolver un asunto tan simple como una intoxicación masiva en un evento de un hotel?
Ya han pasado dos semanas de la fatídica boda en el Hotel Ambassador en el que un montón de invitados a una boda resultaron intoxicados por los alimentos que ingirieron y a la fecha nuestras autoridades no han sido capaces de señalar causas y culpables.
Dos semanas después, llegaron a colocar sellos en todo el hotel, lo cual pareciera un completo abuso, a menos de que la intoxicación se haya dado en las habitaciones y no en los salones a través de alimentos como se presumía.
Y es que todo este tiempo resulta más que suficiente para hacer análisis clínicos comparados para determinar la causa de lo que provocó que los asistentes fueran a dar al hospital y mediante una indagatoria simple encontrar la fuente del mal, pero en el nuevo Nuevo León las cosas son distintas.
La tardanza da pie a pensar mal, a construir teorías, a generar escenarios y todos, todos, van en el sentido de una posibilidad de corrupción, porque dilatar tanto un resultado no puede tener otro motivo.
De justicia el encontrar las causas y culpables y castigar conforme a derecho a los responsables imponiendo las sanciones a que haya lugar y permitiendo que el hotel vuelva a abrir sus puertas, pues se está vulnerando el derecho al trabajo de muchos empleados y lastimando la economía y prestigio de una institución que ha sido importante en el desarrollo de nuestra metrópoli.
¡Búiganle!