El Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas (Frayba) informó que 6 presos indígenas de 2 centros de detención diferentes reiniciaron una huelga de hambre indefinida para denunciar violaciones a sus derechos humanos, especialmente de tortura desde el momento de su detención y en las cárceles, por parte de agentes del Estado.
Las 6 personas privadas de su libertad, integrantes del pueblo maya Tsotsil, están exigiendo que se investigue la tortura y la fabricación de pruebas en su contra, para determinar su libertad.
La primera etapa de la huelga inició el pasado 29 de marzo, en esa ocasión la protesta fue de 13 presos en 5 cárceles de la entidad, y después de casi 30 días en ayuno, únicamente 6 de ellos reiteraron su demanda, señalaron que el sistema de justicia vulnera sus derechos por ser integrantes de pueblos indígenas y decidieron regresar a la huelga de hambre.
De la misma forma denunciaron que en negociaciones con funcionarios de la Secretaría de Gobierno de Chiapas, “las familias de los presos han enfrentado discriminación y han sido testigos de que el gobierno no cumplió con las medidas necesarias para garantizar el acceso a la justicia”.
En cuanto a avances, el Centro Fray dijo que sólo se ha logrado el traslado de 2 de los presos a un centro de reclusión más cercano a sus familias, lo que es un derecho de las personas privadas de la libertad.
“Los 6 presos tsotsiles que hoy reinician una huelga de hambre, con riesgo a su integridad y seguridad personal, son un ejemplo más de que el sistema de procuración y administración de justicia es discriminatorio y criminaliza la pobreza”.
Los presos indígenas son Abraham López Montejo, Germán López Montejo, Adrián Gómez Jiménez, Juan de la Cruz Ruiz, Marcelino Ruiz Gómez y Juan Pérez Álvarez.
Violencia contra indígenas en el sistema de justicia
La organización de derechos humanos también informó que, en Chiapas, el 98% de personas privadas de su libertad pertenecen a algún pueblo indígena, y que no cuentan con una defensa adecuada porque una situación de marginación cultural, social y económica.
“Las detenciones suelen realizarse basadas en la apariencia y sospecha, como una forma de limpieza social. La tortura no se investiga, lo que mantiene en impunidad e ilegalidad este ‘método de investigación”.
Es por ello que un conjunto de organizaciones recomendó al Estado mexicano atender las causas estructurales y características específicas de la tortura cometida contra personas y pueblos indígenas.
También solicitaron generar un mecanismo de control de las detenciones de personas indígenas para garantizar la actuación de un intérprete y un abogado defensor con conocimiento de su cultura; y capacitar a los operadores de justicia en los estándares de protección de las personas indígenas privadas de libertad para evitar violaciones a sus derechos humanos.
Foto propiedad de: Isabel Mateos / Cuartoscuro
