Por Efrén Vázquez Esquivel
En Nuevo León se sienten los aires de “San Pedro de los Saguaros”, pueblo en el que el alcalde “Juan Vargas”, personaje central de la película la “Ley de Herodes”, de Luis Estrada, arranca de la Constitución las páginas que contienen normas constitucionales que a él no le sirven, que le incomodan y la sustituye con otras que él redacta a su antojo, para incrementar su poder y corromperse con mayor facilidad.
“Y así fue como me di cuenta de que las leyes no servían y las cambié”, dice Juan Vargas al titular de la Secretaría de Gobierno. A lo que este responde: “¡No lo puedo creer, Varguitas, ¿de veras cambiaste la Constitución? ¡Cabrón!”.
Pues sí, esta es la ficción del cine mexicano que lamentablemente, gracias al PRIAN, ya fue superada en Nuevo León por el Congreso del Estado.
En efecto, olvidando los principios y fin de la división de poderes, los principios democráticos de un sistema de gobierno presidencial en el que vivimos, el sentido correcto del Artículo 41 de la Constitución federal, y olvidando también (o tal vez ignorando) que el proceso legislativo debe ser el resultado de un “diálogo judicial” entre los poderes Legislativo y Ejecutivo, el Congreso del Estado de Nuevo León ha venido haciendo desde la anterior legislatura lo mismo que Varguitas: arrancar de la Constitución local y federal las páginas que contienen disposiciones normativas que, con miras a garantizar el equilibrio de los poderes, facultan al Ejecutivo a realizar funciones que en términos de racionalidad jurídica, democrática y republicana le son propias.
Vayamos por partes: es verdad que por disposición constitucional, federal y local, es facultad exclusiva del Congreso legislar, es decir, crear leyes; pero no a su antojo, sino más bien siguiendo las pautas y directrices constitucionales. Pues no es cierto que los integrantes de la LXXVI Legislatura del Congreso del Estado son los soberanos en nuestra entidad, por lo que pueden legislar lo que les dé la gana y como les dé la gana.
No, no es así. El soberano es el pueblo y los legisladores son solo representantes de la soberanía popular, dice el Artículo 41 de la Constitución al respecto:
“El pueblo ejerce su soberanía por medio de los Poderes de la Unión, en los casos de la competencia de éstos, y por los de los Estados y la Ciudad de México, en lo que toca a sus regímenes interiores, en los términos respectivamente establecidos por la presente Constitución Federal y las particulares de cada Estado y de la Ciudad de México, las que en ningún caso podrán contravenir las estipulaciones del Pacto Federal”.
No se olvide que nuestro sistema de gobierno es presidencial, no parlamentario, sistema hacia donde vertiginosamente se ha caminado desde la anterior legislatura. Así que quitar facultades propias del Poder Ejecutivo solo porque el partido que llevó al poder a su titular no tiene mayoría en el Congreso del Estado, tales como el derecho de veto en la designación del fiscal general, para tener bajo su responsabilidad la UIF, entre muchas otras es, ni más ni menos, un acto de barbarie legislativa.
Y ahora resulta que en respuesta a una suspensión concedida por un juez de distrito a Samuel García para detener los abusos de poder perpetrados por el PRIAN, la mayoría del Congreso acordó irse a huelga, es decir, suspender las actividades por tiempo indefinido o hasta que se resuelva el fondo del asunto planteado.
¡Nada más absurdo! De hacer efectivo este acuerdo los legisladores cometerían el delito de abandono de funciones establecido en el Artículo 208 del Código Penal. Por supuesto, la salida no es la judicialización de la política, sino aprender a hacer política. Y la esencia de la actividad política es la negociación de cara el pueblo, algo que las partes en conflicto no saben hacer.
