En respuesta a la toma de posesión que el Poder Judicial de Nuevo León hizo del Instituto de la Defensoría Pública este viernes, el secretario General de Gobierno, Javier Navarro Velasco, acusó que dicha acción se dio con «engaños» de los fiscales y del ministerio público al Juez de Control que dio la orden de cateo del inmueble; informó MILENIO.
En rueda de prensa la noche de este viernes, el funcionario estatal explicó que el Juez de Control, a quien identificó con el apellido de Pecina, y a quien dijo conocer, fue engañado porque los fiscales y el ministerio público, luego de que estos presentaran una orden de cateo para apoderarse de un celular propiedad de la asistente del ex director Reynaldo Cantú para ampliar la carpeta de investigación, sacaron también en ese momento una orden de restricción para impedir que Reynaldo Cantú se acercara a las Oficinas de la Defensoría Pública, situación que calificó de ilegal.
«Establecen una orden de cateo para apoderarse de un celular, propiedad del asistente personal del director del Instituto, porque se supone que ahí hay información que puede llevar a cabo el fortalecimiento de la carpeta, más maquinado y más sucio no puede existir en donde piensen que haya un argumento sólido para poder probar la existencia de un delito en una carpeta a través de un cateo en el domicilio del Instituto, ni siquiera en la casa de la persona esta, para apoderarse de ese teléfono que no tengo claro si lograron o no apoderarse de este celular.
«Esa orden de cateo entiendo que debe ser ratificada por un juez de control, si es así, esperamos realmente que el juez de control que le toque conocer de esta situación se dé cuenta de este burdo engaño y reponga las situaciones para que estén de manera clara y correcta conforme a derecho.
«La orden de cateo la inventan y por eso ponen lo del celular de la asistente personal del director para poder entrar y en la propia orden de cateo dice que aprovechen para poderle notificar al director lo relativo a las medidas de (restricción)… El juez que dictó el cateo es el juez Pecina, pero las medidas de restricción las dicta directamente la Fiscalía», dijo.
En ese sentido, Navarro señaló que detrás de todo esto está el panista Raúl Gracia, a quién relacionó también con el ahora director de la Defensoría, Luis García Alcántara.
«Hoy aproximadamente a las 12:00 del mediodía se presentaron no menos de unas 30 o 40 personas entre ministeriales, entre fiscales, agentes del ministerio público, tratando de ejecutar una orden de cateo dictada por un juez de apellido Pecina, que yo lo conozco y lo considero una persona correcta… Me extraña muchísimo que él haya otorgado esa orden de cateo, pero sí al momento de revisar los hechos o los fundamentos encontramos cosas que nos hacen presumir que posiblemente el juez fue engañado a través de los propios fiscales de la Fiscalía Anticorrupción.
«Esa fiscalía está manejada por un titiritero que es uno de los que manejan el Congreso, ya los hemos mencionado, Raúl Gracia, y que con una velocidad inusitada hace la solicitud del cateo y presenta hechos para lograr notificarle al licenciado Reynaldo Cantú una orden de restricción para efecto de que el licenciado Reynaldo Cantú no se acerque al domicilio de la Defensoría Pública, no obstante que él es el director de ahí y para efecto de que no se tenga contacto con el nuevo supuesto director que tratan de imponer por parte del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado, el señor Luis García Alcántara, que quien por cierto es panista también y también manejado por Raúl Gracia», criticó.
De igual forma, el funcionario estatal dijo desconocer la supuesta validez que un tribunal colegiado dio al decreto 341 del Congreso local, ello declarar que la Corte ya se había pronunciado respecto a que no podía admitir controversias Constitucionales sobre este caso, ya que ni ese decreto, no el 340, tiene validez al no haber sido publicados en el Periódico Oficial del Estado.
«Yo no conozco a ningún Tribunal Colegiado que diga que el decreto 341 es válido y es vigente, y voy a explicar muy rápidamente por qué: en primer lugar porque no hay una resolución de ningún colegiado, pero les voy a platicar por qué es imposible que eso suceda, tan es así que la Suprema Corte de Justicia ya dijo que no podía admitir una controversia constitucional porque todavía no estaba en vigencia el decreto 340 y el 341.
«El 340 habla respecto a 27 modificaciones a la Constitución y establece en los transitorios que, para efecto de su publicación, en lugar de hacerse en el Periódico Oficial del Estado, se hará en el boletín del Congreso y se hará en la página de internet del Congreso, y se hará también en un periódico de mayor circulación en el estado, sin embargo, para que pudiera ese transitorio ser válido, se necesita forzosamente que el decreto que promulgó el Congreso sea publicado en el Periódico Oficial, y no está publicado en el Periódico Oficial ni en la primera ni en la segunda vuelta porque es una reforma constitucional», indicó.
Por último, Javier Navarro adelantó que buscarán combatir la toma de posesión de la Defensoría Pública ante ese mismo juez de control pidiéndole que revoque esa orden de cateo, o bien, acudir a instancias federales para exponer el caso.
«Lo vamos a pelear (la toma de posesión de la Defensoría), Sí hay elementos, les decía hace un instante que lo primero que podría suceder es que al momento de que se califique si el cateo fue legal o no el propio juez cambia la determinación y revoque su determinación, podría ser ahí, o algún otro recurso, independientemente de los recursos federales que podríamos nosotros iniciar», concluyó.
Imagen portada: Leonel Rocha | MILENIO
