Por mayoría, el pleno del Congreso Local aprobó este lunes una declaratoria de procedencia en contra de la presidenta del Tribunal de Justicia Administrativa (TJA), Ethel María Maldonado Guerra.
La petición realizada por el Fiscal Anticorrupción, Javier Garza y Garza para investigar penalmente a la magistrada se deriva por la presunta comisión de los delitos de ejercicio abusivo de funciones y uso ilícito de atribuciones y facultades.
La denuncia deriva de una persona que hizo saber que ya teniendo el cargo de presidenta en el mes de diciembre del 2021 propuso y votó a favor del nombramiento de Érick Zavala Hernández como secretario de Estudio y Cuenta.
La irregularidad que hace el Ministerio Público se basa en que el cargo es improcedente porque la persona tiene un parentesco de afinidad con la magistrada, ya que ella está casada con José Reynaldo Zavala Montoya, quien es padre de Erick Zavala.
«Se atribuye a la ciudadana Ethel María Maldonado Guerra, el que teniendo el cargo de magistrada del Tribunal de Justicia Administrativa, el día 3 del mes de diciembre del año 2021, ilícitamente realizó un acto jurídico al proponer y votar a favor del nombramiento del ciudadano Érick Zavala Hernández como secretario de Estudio y Cuenta, así como su adscripción a su misma ponencia de la Sala Superior del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado».
«Y con ello produjo el beneficio de su contratación para desempeñar dicho puesto y tener una mejor remuneración mensual consistente en la cantidad de 59 mil 554 pesos», establece Garza y Garza.
«Lo anterior, pese a tener con él un parentesco de afinidad, en virtud de que en fecha 13 de diciembre del año 2013 contrajo nupcias con el ciudadano José Reynaldo Zavala Montoya, quien es padre del mencionado actualizando la ciudadana con su conducta la figura delictiva de ejercicio abusivo de funciones y uso ilícito de atribuciones y facultades», señala el escrito.
La decisión de la comisión ocasionó la inconformidad de la bancada de Movimiento Ciudadano, la diputada Iraís Reyes de la Torre, al señalar que se estaban violentando los derechos de defensa de la magistrada al no otorgarle la oportunidad de ser escuchada.
Además, cuestionó el actuar de los legisladores opositores bajo el argumento que el dictamen llegó a las 11:00 de la mañana y para las tres de la tarde ya había una resolución.
Carlos de la Fuente, coordinador de la bancada del PAN, descartó que el caso estuviera relacionado con un asunto de golpeteo o revanchismo político.
«De acuerdo con lo que nos señala el Fiscal, la magistrada habría incurrido en ejercicio abusivo de funciones y uso ilícito de atribuciones, principalmente por beneficiar a su hijastro», expresó.
Al momento de someter a votación el veredicto final, este fue aprobado con 28 votos a favor y 11 en contra, con cero abstenciones.
