Por José Francisco Villarreal
En mis años de niño ñoño, antes de hacer la primera comunión, recuerdo que pregunté a la monja catequista por qué teníamos qué aprender la lista de los diez mandamientos, las tres virtudes teologales, las siete virtudes capitales, los siempre seductores siete pecados capitales y los anodinos pecados veniales. Me parecía excesiva esa aritmética de la virtud porque, aunque el amor sea un misterio, todo se resumía en “amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a sí mismo”. Me parecía enfadoso andar por la vida con un manual de virtudes y pecados. Hoy concuerdo con mi yo niño, además de que el amor no es electivo. Hasta los poetas más sabihondos han quedado en ridículo al tratar ya no digamos de controlar, sino tan solo de describir el amor. Aquella monja, muy práctica, me respondió que sólo aprendiera la teoría de las virtudes y los pecados, por si Jesús me tomara la nota durante el Juicio Final (que por lo menos tiene un solo juez y no once togados). Sobre la mística del amor, decía que era algo así como desear y procurar el bien de los demás sin importar el bien propio. Si el bien no fuera tan relativo y yo no fuera tan escéptico, con esta definición me bastaría para fundar una Organización No Gubernamental, que por definición busca el bien para la sociedad.
Un buen ejemplo de esa relativa aspiración al bien es este argumento: “Las organizaciones internacionales han sido utilizadas como herramienta de colonización ideológica al dirigirse a países arraigados en valores cristianos. Esto ocurre porque los responsables de la toma de decisiones no conocen bien cómo funcionan la OEA y la ONU. Principalmente, desconocen cómo estas organizaciones se saltan el papel del poder legislativo, socavando la legislación nacional. Nadie se compromete a que todo el mundo entienda y respete el Estado de Derecho, incluidas estas poderosas instituciones”. Este es el enunciado que expone un problema que justifica la existencia del Global Center for Human Rights, una ONG. Estaría completamente de acuerdo si el argumento no estuviera limitado al arraigo del cristianismo en algunos países. Esta condición predispone sus intereses, muy legítimos pero selectivos, y no debería afectar a la metodología de sus investigaciones, tal vez sí a las conclusiones de sus informes, donde descartarían aquellas que no interesen a los “arraigados valores cristianos”. Es que, aunque el cristianismo no, los cristianos sí suelen ser discriminadores muy activos: los buenos al Cielo y los malos al Infierno. Es aceptable como una convención entre correligionarios, pero la exclusión de la “vida eterna”, es decir, la condena, la aplican en vida y la reparten por igual a otras religiones y a cualquiera que, de pensamiento, palabra, obra u omisión, tenga un concepto distinto del bien y del mal y, obviamente, del culto religioso.
Esta organización (GCHR) se dio a la tarea de vigilar a la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH) y a la Corte Interamericana de los Derechos Humanos (Corte IDH), esto es: el Sistema Interamericano de los Derechos Humanos (SIDH). El resultado se presentó en un informe: “Balance del financiamiento de la CIDH y la Corte Interamericana 2009-2021. Opacidades e influencias en una financiación condicionada”. Fue firmado por el presidente y la directora de investigación de esa organización. El título es ilustrativo de sus hallazgos. En breve, aseguran que países y organizaciones operan por encima del financiamiento que el SIDH debe recibir de los países afiliados a la OEA. La GCHR afirma que “aportes extraordinarios” llegan de países y de organizaciones, y que en ocasiones abiertamente son condicionados para temas específicos de la agenda de DH, especialmente el impulso a cambios culturales. Destacan, por obvio interés de los investigadores, los temas que por definición abandera o combate la derecha confesional, al menos públicamente, como derechos LGBT+, aborto, la familia, la libertad religiosa, etc. Señalan que hay “aportaciones” de países como Estados Unidos y Canadá que ni siquiera admiten jurisdicción de la Corte IDH sobre ellos. Esto es, impulsan “cambios culturales” en otros países, no en ellos. Una obvia medida de control social, y eventualmente político.
Más que el intento de la ONG por imponer urbi et orbi una franquicia celestial (en la que ni aquel debutante católico que fui hace más de medio siglo estaría muy de acuerdo), sí me llamó la atención que el informe tan minucioso expone un método de control: financiar para influir las decisiones de asambleas y cortes. En una entrevista, la coautora de la investigación, María Anne Quiroga, afirmó que “En muchos países los lobbies y las organizaciones se dan cuenta de que no pueden ganar de forma democrática, en los Congresos, porque los representantes del pueblo y el propio pueblo que vota todavía sigue teniendo esos valores, de proteger la vida, la familia, la libertad religiosa. Entonces quieren pasar por otra vía que no es democrática e imponer esos derechos a través de sentencias”. También se presume que la CIDH como la Corte IDH, organizan su agenda de acuerdo con las “sugerencias” de sus financistas. Los señalamientos son duros, aunque no recuerdo que le hayan quitado ni una pluma al águila calva que empolla los Derechos Humanos en la OEA. Aquí no importa si estamos de acuerdo o no con la “culturización” que presuntamente se pretende imponer. Yo mismo estaría de acuerdo en algunas “buenas” intenciones de esos financistas; en todo caso dudaría en el por qué tan súbita y urgente bondad. Después de todo hay ONG’s y países que toleran, soslayan y hasta promueven otros atentados contra los Derechos Humanos. Lo interesante es el método: “pasar por otra vía que no es democrática e imponer esos derechos a través de sentencias”. Incluso dándole a los comisionados y magistrados de la SIDH una potestad que no tienen. Una recomendación o una sentencia que ni es vinculante, al desplegarse en los medios con el membrete de la SIDH, es suficiente para inquietar a gobiernos, predisponer a ciudadanos, y encender la yesca de las pugnas políticas. Así como según apunta ambiguamente algún medio local, los “chalecos” regios manifestándose a nombre de todos los regios para defender a la Suprema Corte de Justicia de la Nación y, por añadidura, a todos los jueces. Ojo: no confundir estos “chalecos” con el “Mouvement des gilets jaunes”, ni con todos los “chalecos amarillos”; ni a estos regios con todos los regios… que ni es lo mismo ni es igual.
La situación señalada en la SIDH en el 2022, más que el caso especial de la “culturización” forzada en países de “arraigo” cristiano, exhibe la injerencia externa en comisionados y jueces, y esto a pesar de que CIDH y Corte IDH están bajo el escrutinio de un concierto de países. El método es efectivo y recurrente. “En muchos países de la región han avanzado con estos temas a través de las Cortes constitucionales, Cortes Supremas, no por legítimos representantes del pueblo”, dice María Anne. Si no se puede imponer una ruta de gobierno, todavía queda el recurso de desarticular los poderes de los estados, ya sea financiando o presionando. Perú y Ecuador, por ejemplo, donde con democrático cinismo, lo que se reprueba en un país se festeja en el otro.
Tal vez parezca que deliro, pero sólo reflexiono sobre ese informe. Me ilustra muy bien el posible motor que impulsa a la Suprema Corte de Justicia de la Nación y a muchos jueces. Más que nada porque bajo las mismas leyes no puede haber diferentes criterios sino uno sólo: la ley no es la retórica engolada de los jueces sino la exigencia estridente de los ciudadanos de todos los colores de piel, partido o chaleco, y esto es lo que sí hay que interpretar correctamente, no la ley. Tampoco tiene por qué rehacerse la agenda de la Corte bajo una nueva presidencia: las prioridades no están en los estrados ministeriales sino a nivel de calle. Si cada nueva presidencia impone su agenda, ni la anterior agenda ni la nueva son prioridades de la Justicia sino desplantes de poder. Los momentos críticos determinan las prioridades, no los personajes. Y un momento crítico no espera a que se cambie presidencia en la Corte. Por lo pronto, tal como presume el informe de la GCHR sobre la SIDH, en México todo indica que la estrategia reciente de las fuerzas políticas y económicas, internas y externas, es rebasar la vía democrática e imponerse a través de sentencias, si no financiadas, sí inducidas; si no equivocadas, sí políticamente oportunistas. Terrorismo jurídico, no más. Flaco favor le hacen a nuestra desangelada democracia cuando se llega al extremo irracional de gobernar o por decreto o por sentencia. ¡Qué injusticia!
