Por Carlos Chavarría.
Está de moda en todo el mundo adjudicarle al “modelo neoliberal” todas las distorsiones económicas y externalidades que nos afectan. El argumento central reside en los niveles de desigualdad que se asegura ocurren porque el estado, los gobiernos, abdicaron de su papel “regulador”, interventor y repartidor de las rentas y excedentes económicos de todas las naciones.
Abusando de lo flaca que es la memoria de la humanidad, algunos ideólogos hablan de una suerte de conspiración surgida en el Grupo de los 8 países más poderosos para apoderarse de los gobiernos y sus instituciones en todo el mundo para asegurar que se cumpla con los términos incluidos en lo que llaman el “neoliberalismo” cuyo mayor pecado ha sido la globalización del comercio y el libre flujo de capitales.
Como ahora se acusa al “neoliberalismo”, antes se acusaba a los economistas de estar más preocupados por la eficiencia que por la igualdad económica, olvidando que los incentivos para trabajar, invertir y pagar impuestos poco tienen que ver con el mercado y sí demasiado con la mala asignación del gasto público y sus políticas redistributivas.
Gracias al boom de la post-guerra del siglo pasado, casi todas las economías del mundo crecieron y los gobiernos pudieron extender y sostener, tanto las ayudas sociales como los regímenes especiales de tributación para incentivar la inversión, pero ambas cosas tuvieron los efectos contrarios, redujeron la propensión a trabajar y la propensión de invertir.
La atenuación del ritmo económico en la segunda mitad del Siglo XX, aunado a las enormes cantidades de dinero en los mercados económicos locales y globales indujeron a la toma de riesgos irracionales por parte de los bancos y los fondos de inversores, que metieron al mundo en ciclos de auge y crisis.
Los gobiernos han sido tímidos y diletantes, o hasta abiertamente cómplices, para tomar las medidas preventivas y cautelares, necesarias y simples, para poner bajo vigilancia a los activos tóxicos que andan por ahí en el mundo financiero, y no es sino hasta Basilea II bien entrado el Siglo XXI que sea ha puesto atención a este problema.
Mucho del discurso de los antagónicos del libre mercado se sostiene en que sólo el gobierno puede corregir las externalidades y distorsiones que se transfieren entre agentes económicos y que es de ahí donde deben surgir las agendas primarias de las administraciones, claro que se les olvida que es el sistema de precios el que debe capturar los efectos para que sean asumidos por quiénes causan las externalidades.
En este contexto y sólo a manera de ejemplo, suena racional implantar un impuesto al congestionamiento de tráfico y que este impuesto diferencie la condición de saturación de cada tramo de la red vial, para que los conductores transfieran a los costos-precios de sus productos los cargos que internalicen los costos por la ocupación del espacio vial, en lugar de distraer recursos públicos para invertir en vialidades.
Hoy se percibe una suerte de impaciencia por regresar el péndulo económico hacia un estado distribuidor (estado de bienestar) y se habla mucho de las fallas del sistema de libre mercado, pero poco se mencionan las fallas de los gobiernos en la determinación de las políticas públicas que en gran medida fueron la razón para llegar a esta encrucijada en la historia económica y que se inició en 1980.
La desigualdad no es sino un costo de oportunidad muy elevado en que incurrimos por haber tolerado que el oportunismo electorero se convirtiera en la agenda del gobierno de turno al margen de lo que exigía la realidad imperante que siempre apabulla a posteriori.
No debe olvidarse que los problemas que padecemos se originan en la pésima asignación de recursos que hacen los gobiernos exceptuar el principio de que no se puede mejorar el bienestar de una persona sin lastimar el bienestar de al menos otra, para la fijación de política económica y no de los modelos económicos en sí. “¿O a poco con un tranvía de 13,000 millones de pesos ya se arregló el problema de la movilidad en una ciudad mal diseñada?.”
