Al menos siete infiltrados traficaron drogas, secuestraron y torturaron para los cárteles, al tiempo que cobraban en EU hasta un millón de dólares al año. DEA supo de los crímenes, acusa senador.
Su consigna es infiltrarse en organizaciones del narcotráfico y pandillas para obtener información, saber sus movimientos y con ello las autoridades puedan actuar. Pero algunos de estos informantes confidenciales, fuentes de primera mano en campo, se convirtieron en un problema para las agencias estadunidenses que los reclutaron. Hay información de que participaron en tráfico de droga e inclusos asesinatos, a pesar de estar vigilados por quienes los contratan y de recibir estímulos económicos; publica MILENIO.
La reciente revelación fue puesta en la arena pública por el senador republicano Chuck Grassley, quien reclamó por el asesinato de dos informantes confidenciales de la DEA a manos de sicarios que trabajaban para Los Chapitos –como se les conoce a los hijos de Joaquín El Chapo Guzmán Loera–. Pero este no es el único caso que se les ha salido de las manos a las dependencias gubernamentales de Estados Unidos.
Información obtenida por MILENIO revela que en la última década, al menos siete informantes confidenciales continuaron con el tráfico de drogas, participaron en ejecuciones, sobornos y actos de corrupción a pesar de estar recibiendo concesiones y dinero por parte de las agencias de ese país.
Uno de ellos es Guillermo Eduardo Ramírez Peyro, quien llevó a cabo asesinatos en Ciudad Juárez, Chihuahua, mientras trabajaba como informante del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) estadunidense. Su caso reveló cómo desde hace años estos informantes llegan a operar en la oscuridad, con pocos controles pero con protección gubernamental.
El senador republicano Grassley no sólo reveló en la misiva enviada el 21 de agosto del 2023 a la Fiscal General Adjunta de los Estados Unidos, Lisa Oudens Monaco, que dos informantes confidenciales fueron asesinados, sino que cuestionó las investigaciones unilaterales que se realizan desde la agencia antidrogas, la DEA, así como la protección que reciben los infiltrados por parte de la propia oficina de la Fiscalía federal.
Incluso la Oficina del Inspector General (OIG, por sus siglas en inglés), del Departamento del Tesoro de este país, ha criticado el uso de los llamados “informantes confidenciales”. El hacerlo, sostiene la OIG, responde a muchos factores, en los que no descarta las ganancias financieras, el evitar castigos e incluso el cometer venganzas.
La OIG, de hecho, detectó que agencias como la DEA tuvieron en su nómina, durante 30 años, a un solo informante confidencial al que le pagó 30 millones de dólares, es decir alrededor de un millón de dólares al año por su información.
La Casa de los Muertos
La historia de esta masacre no existiría sin Guillermo Ramírez Peyro, un ex policía de la dependencia mexicana Caminos y Puentes Federales (Capufe), de la Secretaría de Comunicaciones, que en 1995 decidió combinar su carrera como servidor público con la tarea de supervisar y distribuir cocaína para el Cártel de Juárez.
Sin embargo, dobletear en esos trabajos no le fue suficiente. Ambicioso, en el año 2000 triplicó sus actividades: ahora no solo era policía y narcotraficante, sino también informante confidencial de la agencia estadunidense ICE.
Según información que obra en la corte de apelaciones del Distrito Sur de Florida, el mexicano logró extraer información del Cártel de Juárez para entregarla al gobierno de ese país. Según la declaración de Ramírez durante su paso como infiltrado, logró el arresto de unas 50 personas, incluido Heriberto Santillán, un lugarteniente de alto nivel del Cártel de Juárez.
Fue justo su relación con este hombre, Santillán, la que colocó a Ramírez Peyro en una situación terrorífica e irreversible.
Según una denuncia obtenida por este diario, Ramírez Peyro comenzó a trabajar a principios de los 2000 para Santillán. Pero el narcotraficante no sólo le pidió que administrara envíos de drogas a Estados Unidos, sino que participara en asesinatos de sus “enemigos”. Así empezó una cadena de crímenes, producto de los cuales los cuerpos de las personas asesinadas fueron enterrados en una casa cerca del Río Bravo, a la que llamaron, sin darle muchas vueltas, La Casa de los Entierros o La Casa de los Muertos.
Para el año 2003 el informante confidencial supo que Santillán eliminaría a un abogado llamado Fernando Reyes Aguado. A pesar de que los informantes confidenciales tienen prohibido asesinar cuando están reportando para el gobierno de Estados Unidos, un agente de ICE que se enteró de esa encomienda no sólo no lo frenó, sino que además le pidió que activara su teléfono para escuchar el crimen en tiempo real. Y no fue el único que realizó con conocimiento de la agencia: Ramírez cometió otros 13 asesinatos.
Más tarde Santillán cayó, y con ello se reveló la fosa clandestina en la Casa de los Muertos. Ahí encontraron el cuerpo de Luis Padilla Cardona, un ciudadano estadounidense que había desaparecido en Ciudad Juárez. Y fue precisamente la familia de éste quien entabló una demanda en las cortes de El Paso, Texas. A través del testimonio de Janeth, su esposa, y sus tres hijos –menores de edad en ese entonces–, se revelaron detalles inéditos de la vida de su esposo, que contaba con apenas 29 años.
Según Janeth Padilla, su esposo fue torturado junto con otras 20 personas que después fueron enterradas en el patio de una pequeña vivienda en Ciudad Juárez. Pero eso, tal vez, podría no haber ocurrido si el gobierno estadunidense tomaba la decisión de detener la masacre.
Porque Ramírez Peyro, sostiene la denuncia, operaba con el conocimiento de funcionarios de ICE, bajo la supervisión de los agentes de apellido García, Kramer, Compton, Bencomo y la abogada federal adjunta Juanita Fielden. Participó en secuestros y asesinatos para el Cártel de Juárez y lo conocían como “Lalo” o el informante confidencial “SA-913-EP”.
Cuenta Janeth Padilla en su testimonio que Ramírez mató a su primera víctima –el conocido abogado juarense llamado Fernando Reyes Aguado–, mientras estaba en la nómina estadunidense. “El asesinato fue en realidad monitoreado y registrado por los funcionarios de ICE mientras ocurría. Lo impactante son los detalles que revelan cómo Reyes suplicó por su vida”. Ese y los demás asesinatos fueron planificados antes de llevarse a cabo.
En la demanda se ventilan los detalles del papel decisivo que el informante confidencial tuvo para maniatar y asesinar a sus víctimas que luego llevaría a la casa de la calle Parsioneros, en Ciudad Juárez. Usó cinta adhesiva, cuerda y una bolsa de plástico para torturar a esos presuntos enemigos del cártel. Después de cada asesinato, enterraba los cuerpos y luego para disimular la descomposición compraba sacos de cal y los vaciaba en las fosas, donde apilaba los cadáveres uno encima de otro.
El gobierno de Estados Unidos le pagó a Ramírez cientos de miles de dólares. Incluso cuando regresaba de rendir sus informes en aquel país le permitían llevar una pistola Beretta de 9mm con un cargador de 15 balas.
“La apatía, empañada por la incompetencia, caracterizó las operaciones dirigidas por ICE y la Oficina del Fiscal Federal en El Paso”, se lee en la acusación.
“Son sólo mexicanos”
La familia de Padilla relató en sus declaraciones cómo un fiscal federal, cuando se descubrió la manera en que se permitieron asesinatos en México a sangre fría dijo: “A quién le importa, son sólo mexicanos”.
Entre las muertes que fueron toleradas se incluye uno que fue descrito por el propio Ramírez: un asesinato de una madre y su niña de tres años. Ambas acudieron a pedir ayuda al cártel y dinero para la defensa legal de su esposo. En lugar de darles el dinero, la mujer y la niña fueron asesinadas.
Según su familia, Padilla fue una víctima más del secuestro de transeúntes en Ciudad Juárez. Según información que pudieron obtener, los asesinos en realidad iban por alguien más; resultó que Luis Padilla Cardona, en plena calle y cerca de ese “objetivo”, fue confundido, secuestrado, torturado y finalmente su cuerpo fue enterrado en la Casa de los Muertos.
La demanda de la familia Padilla, sin embargo, fue desestimada.
Ramírez se mantuvo como testigo protegido en Estados Unidos y recibió 220 mil dólares por su trabajo. Luego, desapareció, hasta que en el año 2020 fue acusado de poseer y distribuir cocaína. Ramírez Peyro había vuelto a las andadas y paradójicamente fue un “CI”, un informante confidencial del FBI, quien lo llevó a prisión: al vender la cocaína, esta vez el infiltrado –al igual que lo hiciera el otro muchos años atrás– lo grabó en audio y video. Su sentencia fue pasar 78 meses en una prisión.
Narcos, pero amigos
Un capítulo del documento llamado Lineamientos del Procurador General respecto al uso de informantes confidenciales, señala que a dependencias como el FBI “nunca se le permite autorizar a un informante confidencial participar en un acto de violencia, obstrucción de la justicia u otras actividades ilegales enumeradas”.
Además, si un informante comete una actividad ilegal no autorizada, el FBI y el Departamento de Justicia deben reevaluar inmediatamente la idoneidad de ese informante.
Eso dice la ley, pero en la realidad a veces las cosas son distintas.
Otros casos, como el de Agapito González Ramírez, revelan cómo los informantes confidenciales han mal utilizado su posición. Fue la misma DEA la que descubrió que a lo largo de una operación de trasiego de drogas, Agapito pretendía entregar a sus socios, pero también quedarse con el dinero de una gran venta de sustancias prohibidas.
Así lo hizo hasta que la historia se volvió a repetir con él: los agentes de la DEA tuvieron que utilizar a otro informante confidencial, que se hizo pasar por comprador, para obtener aproximadamente 40 libras de marihuana. Luego, los agentes antinarcóticos transfirieron el pago de las drogas a la cuenta bancaria de Gónzalez Ramírez, y este, en ningún momento, confesó a alguien de la Agencia u otra entidad policial sobre la transacción. Se estaba aprovechando de su posición para quedarse con grandes tajadas.
Capos de grueso calibre se suman a la lista de informantes confidenciales que cometieron crímenes. Ellos son Jesús Vicente Zambada Niebla, El Vicentillo, hijo de Ismael El Mayo Zambada; Humberto Loya Castro, abogado del Cártel de Sinaloa; el abogado del Cártel del Golfo, Juan Guerrero Chapa (ya asesinado); el del extorsionador Miguel Rodríguez, e incluso el mismo Édgar Valdez Villareal, La Barbie, según reveló la periodista Anabel Hernández.
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