Por José Francisco Villarreal
Me sonó muy extraña una frase que las “benditas” redes atribuyeron al presidente López. Dizque dijo que la llegada de la ministra Norma Lucía Piña Hernández a la Suprema Corte de Justicia de la Nación abrió la puerta a la corrupción en México. Las redes sociales son muy “atribuyentes” pero la frase no es ajena al sentido de tantas otras que don Andrés ha dicho y seguirá diciendo desde el púlpito mañanero. Pero no, don Andrés, así no es. La corrupción nunca ha tenido puertas en México; no hay corral ni trancas que no salte. Pero si se refería especialmente al Poder Judicial, pues con mayor razón. El debate gordo de titulares y famélico de argumentos, llevado al extremo ya de amenaza de extorsión sindical, no contra una legislatura o un poder ejecutivo sino contra todo el país, no tiene nada qué ver con las funciones del Poder Judicial, debidamente codificadas en las leyes, los principios y los valores de la sociedad mexicana. Porque sí, la función necesaria de un juez, desde el encamisado de barandilla hasta el presuntuoso togado, no sólo es administrar e impartir la Justicia desde las leyes, además debe hacerlo desde la noción humana de pertenencia a una sociedad. Sin esa coherencia, no hay Justicia. En otras palabras: ¡no hay Justicia en México! Derechos sí, pero bastante heterogéneos, “chipotudos” pues.
La terca polémica sobre fideicomisos y presupuesto en el Poder Judicial no es por sus funciones, de sobra son conocidos sus aciertos, y también su corrupción, deficiencias, prevaricatos, ojerizas y preferencias. La polémica es por algo así como alrededor de 30 mil millones de pesos. A mí y a cualquier ciudadano de infantería no nos alcanza el cacumen para calcular la dimensión de esa estratósfera económica. Cifras que, según la misteriosa y ministrosa señora Piña, son absolutamente necesarias para la operación de su feudo, el reino de la Justicia secuestrada por las leyes. Recién vi en redes un video, aparentemente filtrado, donde expone el tema ante quién sabe quiénes; así me enteré que la señora no era un tótem pétreo prehispánico del templo de Itztlacoliuhqui (el justiciero)… ¡sí habla! Y habla pesado. Hasta parece maestra de primaria… y creo que sí lo es. Sería lo normal en una Norma.
En otro vértice de este triángulo escaleno republicano están los legisladores morenistas, que acusan al Poder Judicial de integrar fideicomisos no autorizados por la ley, con autofagia de recursos del presupuesto no utilizados que debieron regresar al erario y que, además, son un respaldo para una suntuaria y suntuosa lista de beneficios para las altas esferas de la burocracia judicial. Puede no ser mentira pero no tan preciso. Si los legisladores cuatrotetistas no mienten, estaríamos frente a un régimen laboral selectivo, exclusivo, abusivo y, además, absolutamente injusto para el sistema laboral mexicano en general. Es revelador que en el Poder Judicial se hayan amparado contra la regla de que nadie pueda ganar más que el presidente. Comprendo que un juez, por la naturaleza de su ministerio, debe estar libre de cualquier tensión y tentación, sobre todo en su economía y seguridad, pero nuestra historia ha demostrado ampliamente que la corrupción no surge de la carencia sino de la avidez. La carencia es una condición, la avidez es un vicio. La política mexicana lo ilustra: no hay políticos pobres. Y mucho me temo que en el Poder Judicial la norma no es necesariamente la ley, y mucho menos la imparcialidad… Ni la Norma.
La ruta de colisión entre los tres poderes no la inició el Poder Judicial sino el presidente López. La ministra Piña sólo la agudizó, si no con alianzas sí con “coincidencias” políticas. No se trata de los fideicomisos y recortes presupuestales. Tampoco se trata de autonomía. Esto va más allá. Se trata de controlar y ejercer un poder por encima de los otros. No debemos exigir que un juez o ministro sea apolítico. No se puede exigir eso a ningún ciudadano. La filiación ideológica de Norma Lucía será sospechosa, pero muy respetable. Sin embargo, el debate ideológico no es para la Suprema Corte, ni para el Poder Judicial. El debate ideológico es un privilegio exclusivo de las cámaras legislativas, donde se depura la administración pública y las acciones del Poder Ejecutivo a favor de la conciliación, no de la confrontación. Así es la Democracia. El problema es que la Suprema Corte de Justicia de la Nación, sí, ese “poder” que solapa la liberación de delincuentes y la protección de intereses económicos y jueces corruptos, parece que no quiere autonomía sino independencia, que no es lo mismo. Eso implica politizar la impartición de la Justicia por encima, por debajo, y a través de las leyes. Para los mexicanos no está a debate la Justicia, todos sabemos que no la hay, no para los jodidos. Un sindicato, una ministra o ministro, sus sensores partidistas debidamente adiestrados para marchar, manifestarse, gritar o declarar, no van a convencer a los mexicanos que un fideicomiso y un presupuesto gordo mejorarán la actuación de los jueces. Eso nunca ha sucedido, ni sucederá. Los fideicomisos no deben ser extinguidos sin un minucioso análisis de su objetivo, legalidad y la necesidad de que existan. Pero debemos tener presente que el Poder Judicial no necesita dinero para tener principios, ni para ejercer la imparcialidad y no buscar retruécanos legales para cambiar dictámenes, bloquear a los otros poderes, ni para imponerse por encima de los intereses del pueblo mexicano. La injusticia no existe por las leyes o por la operación de los juzgados, sino por el criterio de los jueces. Porque las acciones de este poder han demostrado que en mayor medida no se preocupan por el bienestar, ni la seguridad, ni la estabilidad de la sociedad. Eso no se consigue liberando a corruptos y criminales, que es en donde aparentemente tienen experticia. ¿No es verdad que nos hemos quedado con los ojos de plato cuando nos enteramos de que un juez amparó, liberó o hasta exoneró a un reconocido corrupto o criminal? Y eso es, me temo, bastante frecuente.
No, don Andrés, así no es. La ministra Piña no abrió las puertas a la corrupción en el Poder Judicial, ¡ya estaban abiertas desde hace mucho tiempo! Los fideicomisos podrán parecer escandalosos, pero la verdadera plaga no es esa. Y mientras el Poder Judicial mexicano se asuma como la última instancia, inapelable, impecable e intocable, esas puertas seguirán abiertas.
